Instituciones ¿hacia dónde?

Instituciones ¿hacia dónde?

Construir instituciones es una tarea de siglos, de generaciones decididas, falibles y obstinadas. De sociedades convencidas en un modelo de Estado que les permite avanzar, con todo y las decepciones, errores históricos y aciertos a cuenta gotas. Las instituciones que se arraigan en la cultura a través de experiencias compartidas entre iguales, de su funcionalidad para crear certezas, son las que perduran. La institucionalidad no es una conducta colectiva que se genere a través de discursos, sino de hechos, aunque los primeros las moldean, les permiten volverse conceptos que terminan siendo actos concretos. En México es común olvidar esto para dar paso a la tentación de ponerse creativo, de encontrar a cada solución un nuevo problema, a cada reforma una contrarreforma, a cada descontento un molde en el cuál pueda desahogarse. Y así, hemos hecho de una transición política una inacabada, si entendemos la ya vieja idea de que las transiciones se agotan cuando el marco jurídico que da lugar a las “reglas del juego”, quedan más o menos ajustadas para su aplicación. Nuestra Constitución, máximo cuerpo normativo, en teoría rígida, se ve colmada de este fenómeno, acudido cada sexenio, sin excepción. Así la seguridad jurídica apenas se asoma en principios (que también pueden cambiar), y debe ajustarse cada tiempo a las innovaciones que descansan en las plataformas de los partidos en cada proceso electoral (no siempre sexenal).
Hoy, en medio del aturdimiento por un resultado electoral único en la historia democráticamente aceptada de nuestro país, presenciamos la autodenominada cuarta transformación, cuyo carácter despierta las pasiones más consabidas a la vida pública y abre debates por doquier, sobre casi todos los temas posibles. Dependiendo de cuál sea la lectura del resultado electoral, cada quien puede más o menos justificar las transformaciones de fondo y forma o insinuar que lo que necesitamos, más que nuevas instituciones, son mejores: es decir, éstas, pero que funcionen.
Más complejo que ganarse el voto de la ciudadanía es ganarse la confianza de la misma en acciones racionalmente justificables, aunque no siempre popularmente plausibles. El próximo gobierno se enfrentará a esta tarea que tan mal asumió el que está por culminar. Decisiones que parecen ser del todo positivas y responsables, han terminado por minar la credibilidad del Estado, al grado de confundirlo con sus peores vicios. Lograr que las instituciones funcionen para ésta y las próximas generaciones no es una tarea fácil en una democracia constitucional, ahí está la nítida línea de confrontación entre ambos elementos de la fórmula. La Constitución reconoce derechos, crea mecanismos y otorga garantías para hacerlos posibles, mismos que no siempre son compatibles con la lógica democrática (en sentido simple y menos aún simplista). La democracia misma es una institución cuya permanencia requiere de altos grados de responsabilidad colectiva, individual, de liderazgo y de autoridad. Exige una deliberación seria, plena de información y abierta al debate sin falacias.
En la agenda pública hoy sobran los temas sujetos a estas características en etapa crítica: la creación de un (otro) Tribunal Constitucional, el cambio de las condiciones de trabajo de los servidores públicos, la redacción de una “Constitución moral”, las consultas para la toma de decisiones, y un etcétera que vendrá acumulándose, de acuerdo al propio planteamiento político de quiénes asumirán funciones ejecutivas a partir del primero de diciembre. En ningún sentido, estos apuntes pretenden ser negativos, sino apenas dibujar un marco en el que habremos de acudir los interesados a la confrontación de ideas y perspectivas, en el ánimo de construir nuevas instituciones o consolidar las ya existentes. Ningún sentido tendrá reinventarlo todo, para dejarlo todo igual, práctica añeja, pero dañina como pocas, de la fortaleza de las instituciones. El criterio, desde mi perspectiva, debe ser: la calidad institucional, sin éste, los esfuerzos y los objetivos, se esfumarán con el sexenio de López Obrador. ■

@CarlosETorres_

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