Se niega mina El Coronel, de Slim, a pagar predial en Ojocaliente; debe 18 mdp

Se niega mina El Coronel, de Slim, a pagar predial en Ojocaliente; debe 18 mdp
El presidente municipal, Humberto Rincón García FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

Según estimaciones, la empresa del magnate ha dejado de pagar 47 mdp desde el 2007

Administraciones municipales anteriores por alguna razón no actualizaron desde aquel año el incremento que tuvo este impuesto: Humberto Rincón García

El personal de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Sefin realizó en 2017 una actualización; la Unidad El Coronel “es impresionante” respecto a su extensión

 

Según estimaciones de las autoridades municipales de Ojocaliente, Zacatecas, donde se asienta la Mina Real de Ángeles-Unidad El Coronel, filial de Frisco, empresa propiedad del magnate Carlos Slim, ésta ha dejado de pagar alrededor de 43 millones de pesos al ayuntamiento por concepto de impuesto predial desde el año 2007.
Las administraciones municipales que antecedieron al mandato de Humberto Rincón García en esa demarcación, por alguna razón no actualizaron desde aquel año el incremento que tuvo este impuesto, explicó el edil a La Jornada Zacatecas en entrevista.
Sin esa actualización la empresa estuvo pagando por año 4 millones 905 mil 600 pesos, además de obtener el beneficio “por pago oportuno” de un descuento de 15%, en cada ocasión.
“Ellos decían cuánto era prácticamente lo que iban a pagar, y a descontar, no sé qué acuerdos hayan tenido con los anteriores presidentes”.
Luego de la actualización que realizó personal de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en 2017, el monto por concepto de predial que debe pagar la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel fue determinado para la actualidad mediante un avalúo, en aproximadamente 17 millones de pesos anuales.
El cálculo, que duró 15 días para su levantamiento, debido a que la Unidad El Coronel, “es impresionante” respecto a su extensión, se hizo en base a la capacidad instalada, comentó por su parte Víctor Manuel Ahumada Espino, encargado del área jurídica del ayuntamiento, quien estuvo presente la mayoría de los días en que se llevó a cabo la diligencia.
“Los activos fijos son los que aumentan el predial, aparte -de la superficie- del terreno” que ha ido incrementándose con la compra de áreas que la empresa ha adquirido durante los recientes 10 años a los habitantes comunidades colindantes, agregó Rincón García.
“Del 2007 al 2016…prácticamente 2017; 10 años que no se había actualizado. Y creo que no es justo para el pueblo de Ojocaliente que la mina El Coronel estuviera burlando esa situación. Si tuvieron acuerdos en lo oscurito con los anteriores presidentes conmigo no hubo tal situación”, dijo.
No obstante el monto de alrededor de 43 millones de pesos que arroja el faltante de las actualizaciones que debió pagar la empresa minera por impuesto predial, el actual ayuntamiento le solicitó sólo cubrir lo correspondiente a la recaudación de la presente administración con el valor actualizado determinado por Catastro.
“No bueno, no lo vimos en retroactivo para poder tener… que ellos tuvieran la voluntad de poder estar al corriente, pero aun así ellos no lo están viendo”.
Sin haber disposición para el pago reclamado que suma en este momento, agregando un adeudo del 2017, 18 millones 61 mil 641 pesos con 87 centavos, que es lo que reclama el ayuntamiento de Ojocaliente, la empresa filial de Frisco le anunció que el asunto se iría a tribunales.
Además de una demanda de nulidad contra el avalúo (que han ganado ya las autoridades municipales); la minera de Slim Helú interpuso un amparo contra esa sentencia que está pendiente de resolverse, e incluso, ha enderezado una demanda contra Humberto Rincón García de manera personal, acusándolo de los delitos de concusión, cohecho y abuso de autoridad.
“Yo se los digo. Yo vine a darle esa certidumbre, esa estabilidad económica como lo hemos hecho al municipio. Y yo por mis principios no me iba a vender (…) inclusive por ahí me demandaron en lo personal también, estamos en esa situación. Les estoy pidiendo que retiren esa demanda porque esta es una situación institucional no es una situación de Humberto Rincón como ciudadano hacia la mina El Coronel”.
El presidente municipal también comentó que el pago que reclama el ayuntamiento de Ojocaliente a la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel, “precisamente todos estos recursos pensábamos invertirnos en estas comunidades para poder contrarrestar los daños” a la salud y la calidad del agua de la población.
Expuso que ha habido algunas afectaciones a la salud manifiestas en la piel, principalmente en habitantes menores de edad y en adultos mayores, de San Juan de Carboneras, una comunidad que suma unas 250 familias, y que colinda con los terrenos de la mina, y a la que llegan a través del viento los contaminantes que expide.
El año 2017 hubo 17 casos de personas con estas manifestaciones cutáneas, agregó, por lo que se planeaba instalar en ese lugar una planta potabilizadora de agua.
Mientras tanto en Sauceda de Mulatos, otra localidad, ésta cercana a la anterior, se manifiesta ya el agotamiento de los mantos acuíferos, además de una concentración mayor de minerales tóxicos en los mismos, también atribuible según el edil, a la actividad de la mina. Este último fenómeno ya también se observa en Triana y Buenavista, comentó.
En Sauceda de Mulatos dijo, se está atendiendo el problema con “una –planta- potabilizadora de agua”.
En el caso de Boquillas, una comunidad que en 2013 hizo una denuncia pública por las afectaciones que las detonaciones de la empresa causó a sus viviendas, fisurándolas, también se está a la espera de atender sus peticiones, “platicar con las familias que ahí quedan”.
“Creo que la capacidad instalada y la capacidad de producción aumentó. Y es justo que el municipio tenga que recibir ese pago, aparte por la afectación que están dejando al medio ambiente. Creo que ha sido muy rentable la producción por parte de la Mina El Coronel. Entonces yo de mi parte institucional, defendiendo los intereses del municipio, fue lo que hicimos”.

El Coronel en rebeldía
Humberto Rincón García narró que al llegar al puesto el año de 2016, “pido el expediente de la Mina El Coronel para revisar el tema del predial y cuál va siendo nuestra sorpresa, que desde 2007 no se hacía un nuevo levantamiento catastral para poder determinar el impuesto” que le correspondía pagar, dijo.
El expediente que solicitó sólo contenía “el recibo de lo que pagaron en 2016, no había expediente. Entonces por lo pronto vamos a hacer una actualización -se dijo-. Y después trajeron unos que ellos tenían del 2007 nada más; no, pensé, su capacidad instalada ha crecido mucho”.
Mediante el oficio 576 del primero de febrero de 2017, la síndico municipal de Ojocaliente solicitó a la empresa copias de las escrituras de todos los predios de la mina y le notificó que el ayuntamiento haría una verificación física con personal de la Dirección de Catastro y Registro Público dependiente de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado, a fin de realizar un nuevo avalúo sobre el cual sustentar los cobros de predial.
“A lo cual accedieron e incluso nos proporcionaron transporte y guía dentro de sus instalaciones”, dijo el presidente municipal.
En los primeros días de noviembre del 2017 hubo una reunión entre las autoridades municipales, concretamente el Presidente y el encargado del área jurídica del ayuntamiento, Víctor Manuel Ahumada Espino, y los abogados de la empresa, donde el primero, ante la inconformidad con el avalúo de los representantes de la minera, les propuso que designaran “un perito tercero ustedes para debatir esto”, según comentó Ahumada Espino.
“Entonces les proponíamos, traigan su perito, que se siente el perito de Catastro y se siente tu perito, y entre ellos que son especialistas en la materia que discutan -para llegar a un acuerdo-”.
En esa reunión las autoridades municipales les dieron a los abogados de El Coronel, uno de ellos de nombre Sergio Báez Medina, un plazo de tres días para dar una respuesta a su sugerencia, pero además les propusieron adherirse a lo que expresa el Código fiscal que les da oportunidad a los deudores de pagar en partes el monto.
El abogado Báez Medina venía acompañado de la encargada del departamento jurídico de la empresa en la Ciudad de México, de nombre, Araceli.
“Los dos dijeron eso: No tenemos autorización para tomar esta decisión, déjenos salir y hacer la llamada”, relató Ahumada Espino.
Así salieron al patio de la presidencia municipal y luego de unos minutos volvieron para expresar, “no, no estamos de acuerdo, nos vemos en tribunales”.
“Todavía el presidente mostrando accesibilidad les dijo, saben, yo entiendo que es su primera orden pero tienen tres días para pensarlo y nada más denme una respuesta”.
Tras el lapso anunciado, el 6 de noviembre del mismo año el ayuntamiento envió “una carta-invitación” a la empresa acompañada del avalúo catastral ya actualizado para que pagara el impuesto predial.
“En ese inter que nosotros llevamos la carta-invitación ellos aprovecharon y pusieron la demanda penal –de manera personal en contra de Humberto Rincón García por los delitos de concusión, cohecho y abuso de autoridad-“. Primero ante el MP de Ojocaliente “por haber sido cometidos supuestamente los hechos en esta ciudad”, pero que ya ha sido remitida a la capital del estado.
-¿Ellos dicen que usted les habría pedido algo?
“Un moche, como a lo mejor hicieron los anteriores presidentes. No me consta verdad, pero el hecho de no tener un avalúo actualizado, eso quiere decir que estaban en un acuerdo”.
Luego, el 22 del mismo mes, la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel interpuso otra demanda, esta de nulidad –del avaluó- ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Esta instancia emitió su sentencia a favor del ayuntamiento de Ojocaliente el 13 de abril del 2018, al validar el avalúo hecho por Catastro, pero la siguiente acción de la empresa fue interponer un amparo contra la Ley de Ingresos del municipio y del Congreso del Estado de Zacatecas por su promulgación, mismo que está en espera de resolverse.
El litigio entre las partes ha impactado en la recaudación del municipio, pues ya la Auditoría Superior del Estado le ha hecho una observación debido a que “no recaudamos algo similar al año pasado. Lo que pasa es que la mina no ha pagado su predial –este 2018 ni siquiera lo que regularmente enteraba a la Tesorería, y quedó un adeudo del 2017-“.
“Ellos podrán ampararse uno o dos años, pero definitivamente va a llegar una resolución y van a tener que pagar. A ellos les va a salir más caro”, dijo el edil.
A escasos días de dejar el puesto, (el próximo 13 de septiembre), Humberto Rincón García señala que será su sucesor, Daniel López Martínez, presidente electo por la coalición Juntos Haremos Historia, quien tendrá que dar seguimiento al asunto.

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