Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el Estado mexicano está en calidad de deudor del derecho a la verdad con los familiares de más de 32 mil personas que permanecen reportadas como desaparecidas, así como de víctimas de homicidios violentos, quienes no han podido ejercer su derecho pleno de acceso a la justicia, ni conocer el paradero de sus allegados o su destino final, así como las causas de que esos hechos sucedieran.
En un comunicado con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el organismo afirmó que dicha garantía no sólo comprende la reparación para las víctimas, sino que también es un instrumento para que las autoridades rindan cuentas, y un mecanismo indispensable para eliminar los actos autoritarios, de corrupción y la impunidad.
Asimismo, la CNDH destacó que el derecho a la verdad «sólo puede ser resultado de un trabajo riguroso, exigente, documentado y disciplinado, por lo cual ocupa un lugar primordial» en sus recomendaciones sobre diversos casos.
En este marco, la institución lamentó que, además de los daños físicos y/o psicológicos sufridos por la violación a sus derechos humanos, muchas personas enfrentan revictimización institucional al acudir ante la autoridad ministerial para denunciar los hechos, al ser sometidas a interrogatorios y recibir trato insensible, además de que la investigación del delito no se realiza con diligencia, inmediatez y de manera exhaustiva, lo que provoca incertidumbre e impunidad.
El derecho a la verdad tiene un referente social, debido a que la sociedad aspira a conocer las causas de crímenes aberrantes como ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros de menores de edad o tortura, por lo cual es necesario, como lo señala la Asamblea General de la ONU, promover la memoria de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia, enfatizó la CNDH.
Por todo lo anterior, el organismo público le exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que tienen Recomendaciones parcialmente cumplidas, que asuman sus obligaciones para con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, para que se conozca la verdad, se sancione a los responsables, se les repare el daño y se establezcan las garantías de no repetición.
