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viernes, 26 abril, 2024
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Designa fiscal general de Justicia a fiscales especializados y consejeros ciudadanos

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

Ya se presentó en la Legislatura local el plan de clausura de la Procuraduría, que contiene los parámetros básicos para operar la transición constitucional: Murillo Ruiseco

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Este viernes el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, tomó protesta a los cuatro nuevos fiscales especializados de la institución, áreas que se crearon con la reforma constitucional que cambió la Procuraduría por Fiscalía y con la Ley Orgánica de esta dependencia.

Los nuevos funcionarios son Salvador Eduardo Villa Almaraz como fiscal especializado en el combate a la corrupción, Marta Berenice Vázquez González como fiscal especializada en Derechos Humanos, Rosalinda Álvarez Mercado como fiscal especializada en la Atención de Delitos Electorales y Fátima Encina Arroyo como fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razones de género.

Los dos primeros titulares, de las áreas de anticorrupción y derechos humanos, son perfiles que no formaban parte hasta ahora de la fiscalía.
Salvador Villa Almaraz, expuso el fiscal, ha desempeñado diferentes puestos en la Secretaría de la Función Pública (SFP) tanto federal como estatal. Entre sus responsabilidades, enumeró las de subsecretario de control y auditoría de gestión pública, director de seguimiento de responsabilidades y coordinador de asesores.

Asimismo, Murillo Ruiseco destacó que ha trabajado en el ámbito del combate a la corrupción ya que colaboró en el diseño de la política estatal en la materia.

Marta Berenice Vázquez González, ahora fiscal en el área de los derechos humanos, era hasta este viernes visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) y sustituye a quien fungía como subprocurador de Atención a Víctimas, José Manuel Contreras.

Es licenciada en derecho y maestra en ciencias jurídicas; actualmente cursa un doctorado institucional en derechos humanos. El fiscal dijo que cuenta con un master en estudios de paz, conflictos y desarrollo por la Universidad de Jaume I de España, además de tener diferentes diplomados enfocados al Nuevo Sistema de Justicia Penal, procesos jurídicos federales y derecho procesal constitucional.

Agregó que ha sido docente universitaria en instituciones educativas tanto locales como extranjeras, y recalcó, entre sus trabajos más recientes, el de haber participado en el grupo de trabajo que investigó la situación de violencia en contra de las mujeres en el estado durante 2017.

Mientras tanto, Rosalinda Álvarez Mercado estaba ya al frente de la fiscalía de delitos electorales y el fiscal expuso que decidió ratificarla porque Zacatecas ya está inmerso en un proceso electoral, por lo que el objetivo es “no generar una política distinta en esta materia”.

Fátima Encina Arroyo fungía hasta ahora como directora del Centro de Justicia para las Mujeres y, al respecto, el fiscal dijo que “la política respecto a las mujeres tendrá que continuar en el mismo sentido y por ello esta designación recae en alguien que ya ha venido construyendo esta política pública desde el interior de la Procuraduría y la Fiscalía en transición”.

El fiscal exhortó a los cuatro funcionarios a “desempeñar con lealtad, eficiencia y mucho patriotismo los cargos que en este momento se les han conferido”.

Por otra parte, anunció que también se ha hecho el nombramiento de los dos consejeros ciudadanos que integrarán el Consejo de la Fiscalía General de Justicia, quienes “cuentan con el perfil idóneo y una opinión experta para contribuir a la revisión” del actuar de la institución.

Se trata de Mónica Ley García Flores, directora del Campus Zacatecas de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) y quien es licenciada en derecho y maestra en psicología clínica, así como de Álvaro García Hernández, docente investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En cuanto al proceso de cambio de la Procuraduría a la Fiscalía de Justicia, Murillo Ruiseco informó que ya se presentó en la Legislatura local el “plan de clausura de la Procuraduría (que) contiene los parámetros básicos para operar la transición constitucional”.

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