Nueva York. Primero lo importante (porque el sexo en la política siempre es tema más atractivo que la política) una estrella de pornografía está demandando al hombre más poderoso del mundo para poder contarle al mundo su aventura “íntima” con Donald Trump hace una década.
Mientras tanto, el gobierno de Trump, en su ofensiva antinmigrante, atacó al estado de California. El procurador general Jeff Sessions presentó una demanda contra el gobierno del estado este martes, incluyendo a su gobernador Jerry Brown y el fiscal general estatal Xavier Becerra, por promulgar una ley de medidas en defensa de los inmigrantes y de no cooperación de autoridades estatales con las agencias de migración, argumentando que esas obstruyen la aplicación de leyes federales.
Hoy Sessions -quien como senador federal fue uno de los legisladores más antimingrantes- arremetió contra la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por alertar a su población sobre inminentes redadas de migrantes la semana pasada. “¿Cómo te atreves a arriesgar sin necesidad las vidas de fuerzas de la ley sólo para promover tu agenda radical de fronteras abiertas?”, acusó. En un discurso en Sacramento, adonde llegó para promocionar la demanda ante fuerzas policiacas, declaró que el gobierno de Trump está luchando “contra estas políticas injustas e inconstitucionales que han sido impuestas sobre ustedes”.
El gobernador Brown respondió por Twitter que “en momentos de agitación política sin precedente, Jeff Sessions ha llegado a California para dividir y polarizar aún más a America. Jeff, estas acrobacias políticas podrán ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. TRISTE”. La última palabra es una burla directa a Trump, quien frecuentemente escribe tuits para criticar a su oposición, concluyendo así. Ante medios más tarde, acusó que Sessions “básicamente está lanzando la guerra contra el estado de California”.
El fiscal general Becerra declaró que “California está en el negocio de seguridad pública. No estamos en el negocio de deportaciones” y negó que el estado no esté cumpliendo con la ley federal.
El líder del Senado estatal, Kevin de Leon, afirmó que California no está dispuesta a “arrebatar a niños de los brazos de sus madres” y agregó que en ese estado “rehusamos ayudar al gobierno de Trump a deshacer a familias honestas y trabajadoras”.
En el primer año del gobierno de Trump, el número de inmigrantes sin antecedentes criminales arrestados por la agencia de migración ICE se incrementó un 171 por ciento comparado con el año anterior, constatando que las redadas masivas tienen el objetivo de detener a cualquier persona indocumentada y no sólo a los que representan alguna amenaza al público como insiste el gobierno de Trump.
Desde el inicio, Trump y Sessions han buscado castigar a cualquier entidad que se atreva a declararse como santuario. En el caso de ciudades y estados, eso implica que sus fuerzas de seguridad pública no cooperan con las agencias federales en la persecución de inmigrantes indocumentados.
Regresando a Washington, donde Sessions ha estado en la lista de espera para ser expulsado de este gobierno por su jefe, el anuncio de la renuncia del principal asesor económico de Trump, Gary Cohn, continuó nutriendo la percepción de volatilidad y lo que algunos llaman una “fuga de cerebros” de la Casa Blanca.
Más allá de representar una derrota del ala prolibre comercio dentro de este gobierno, el anuncio sorpresivo y sin aviso previo de Trump de imponer aranceles sobre acero y aluminio fue una comprobación más de una Casa Blanca caótica y manejada a veces solo por capricho de su jefe.
El anuncio de Cohn, tuvo consecuencias no solo dentro del poder ejecutivo -un funcionario de la Casa Blanca lo calificó como “desastre”- sino en sectores empresariales y en la Bolsa de Valores, ya que era considerado como el hombre clave de estos sectores en la Casa Blanca.
Más aún, esta renuncia ahora es parte de un éxodo sin precedente. Hace un mes, el secretario de equipo de Trump, Rob Porter, renunció después de acusaciones de abuso físico por dos ex esposas, y poco después se produjo la salida de la directora de comunicaciones y una de las asistentes de más confianza del presidente -y novia de Porter- Hope Hicks. “Ya no hay esperanza en la Casa Blanca; renuncio”, fue una broma inmediata (Hope es Esperanza en español).
Según nuevos cálculos, la tasa de fuga de personal en la Casa Blanca desde el inicio de esta presidencia alcanzó más del 40 por ciento en solo poco más de un año, según la experta Kathryn Dunn-Tenpas de la Brookings Institution. Mientras permanecen cientos de puestos vacantes en la rama ejecutiva, algunos reportan que hay cada vez mayor renuencia de gente calificada de trabajar en esta presidencia, y a la vez gente ya adentro que se preocupa cada vez más por si será embarrada en las investigaciones sobre este presidente.
Una de las pocas colaboradoras de Trump que no está entre quienes se especula buscarán huir, por ahora, la secretaria de Educación Betsy DeVos, visitó hoy la preparatoria en Parkland, Florida, donde ocurrió la masacre en la que perecieron 17 estudiantes y maestros hace tres semanas. Según contaron estudiantes presentes, rehusó permitir que los estudiantes le hicieran preguntas. “Visitaste nuestra escuela solo por la publicidad y evitaste nuestras preguntas por los 90 minutos en que estuviste aquí”, acusó Aly Sheehy, una estudiante que sobrevivió la masacre, en un tuit.
Pero regresando a lo más importante: Stormy Daniels -cuyo nombre real es Stephanie Clifford- sometió una demanda a un tribunal buscando que un juez anule el acuerdo que firmó poco antes de las elecciones de 2016 para guardar silencio sobre su relación “íntima” con Trump y para evitar que el abogado personal del presidente continúe con un proceso de arbitraje que ha impulsado contra ella para continuar tratando de callarla. Argumenta que el contrato no es válido porque Trump nunca lo firmó, solo su abogado.
Daniels confirma en la demanda que tuvo una relación sexual con Trump que inició en 2006 y duró varios meses hasta 2007, con encuentros con él en hoteles en Beverly Hills y el Lago Tahoe. Su abogado afirmó que “es hora de que ella cuente su historia y que el público decida quién está diciendo la verdad” y sostuvo que no había duda de que el presidente sabía del acuerdo donde el abogado personal de Trump le pagó 130 mil dólares para no comentar su relación algunos días antes de la elección. El abogado de Trump ha dicho anteriormente que Trump niega que existió tal relación, que la Organización Trump o la campaña de Trump no fueron participantes en el acuerdo, y que él personalmente desembolsó el pago, pero no ha respondido si Trump sabe del pago.
“Lo que está divertido en la acción legal de Stormy Daniels es que coloca al presidente de Estados Unidos en la posición nada envidiosa de argumentar, ‘no tuve un affaire con esta mujer ni busqué callarla, y, ah, por favor hagan cumplir el acuerdo que le prohíbe hablar sobre esto”, comentó el gran creador de series de televisión como The Wire y periodista David Simon.
