En conferencia de prensa el martes pasado, su hermana Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la Fiscalía Especial para Agravios contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez. Para el defensor de derechos humanos, Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.
A la fecha, la investigación lleva tres líneas: una sobre la probable participación de miembros de la delincuencia organizada en el crimen; otra que buscaba vincular a Rocío Mesino con grupos guerrilleros, y otra sobre los antecedentes penales que tuvo. La fiscalía hizo a un lado la línea sobre la lucha social de Rocío Mesino y la del ex alcalde de Atoyac Carlos Armando Bello Gómez, quien fue señalado por la familia como un probable responsable del atentado.
En 2013, siendo gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, fueron asesinados 13 luchadores sociales, cuyos casos están permeados por la impunidad. No han sido los únicos. Apenas este 14 de octubre fue asesinado el dirigente Ranferi Hernández Acevedo. Para Norma Mesino se trata de una limpia de luchadores sociales
. Sea como fuere, el hecho es que caen uno tras otro para sumarse a la lista interminable de los casos olvidados.