La transición democrática de México, iniciada con la reforma política de 1977 que hizo posible la participación legal de las distintas expresiones de la izquierda en los procesos electorales, mantuvo una dinámica muy lenta de cambios, graduales pero en sentido progresista, hasta la alternancia en el Poder Ejecutivo federal que llevó al candidato del PAN, Vicente Fox, a la silla presidencial. A partir de entonces se han registrado retrocesos importantes en diversos aspectos que configuran la equidad en la competencia electoral, empezando por la creciente utilización de los recursos inherentes al ejercicio del poder para inclinar la balanza en favor de los candidatos oficialistas. Fue escandaloso el intento de Fox de evitar la participación de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006 por medio del desafuero para procesarlo por abrir una calle hacia un hospital, así como el tráfico de influencias en favor de los concesionarios de los grandes medios electrónicos de comunicación y, sobre todo, la circulación creciente de dinero ilegal destinado a comprar votos, fenómeno reconocido por propios y extraños que no ha sido sancionado ejemplarmente por las autoridades electorales. La validación final del “triunfo” del PRI en el Estado de México hace unos pocos días, representa el regreso a etapas que parecían superadas y la aceleración del proceso de demolición del cimiento de la democracia en el mundo: el voto auténtico. Con la compra masiva del voto se ha propiciado la captura de porciones del estado por intereses particulares, fenómeno muy nocivo que explica, en parte, la expansión de la corrupción y la crisis de representación del sistema de partidos. En esas condiciones, las perspectivas para 2018 eran ominosas.
Sin embargo, inesperadamente, la semana pasada fuimos testigos de un inesperado acontecimiento propiciado por la presión social en redes sociales y por la gran expresión de solidaridad de millones de personas: todos los partidos han mostrado públicamente su conformidad para que una proporción importante de los recursos que recibirán para ejercerlos en sus campañas, sean reorientados en beneficio de los damnificados por los sismos sufridos por el país en el presente mes de la patria, y para realizar reformas constitucionales y legales para que la disminución de las prerrogativas económicas sea permanente. Una disminución importante en los recursos legales a disposición de los partidos debería ser acompañada por reformas que desalienten drásticamente la compra de votos, como considerar esa práctica como un delito grave y como causal de la anulación de las candidaturas y de la pérdida del registro de los partidos involucrados. Así mismo, sería muy importante sustituir la cultura de gastar cientos de millones de pesos en la celebración de grandes concentraciones de simpatizantes, por la compactación de los tiempos que hoy se utilizan en millones de inservibles spots, para generar capsulas informativas orientadas a debatir la problemática del país y, con ello, elevar la cultura política de los mexicanos y hacer cada vez más frecuente el voto informado. Una disminución drástica de los recursos económicos destinados a las organizaciones políticas, reducirá los incentivos perversos en favor de la concentración de atribuciones en sus respectivas cúpulas y propiciará la recuperación del poder de decisión por sus bases militantes.
