■ Licitaciones del Laboratorio estatal involucraron procesos amañados y empresas fantasma
■ Presidenta del IZAI, Julieta del Río, desconoce estadísticas aportadas por el observatorio
“Nosotros sabemos de primera mano, palabras del gobernador que no las dice en público, obviamente, que el 80 por ciento de su gabinete se lo nombraron, no lo nombró él. Y que son gentes en las que él mismo desconfía”.
Esto expuso el presidente del Observatorio Zacatecano de la Función Pública, José de Jesús Reyes Ruíz, como “el dedo en la llaga” que da explicación a los resultados “de un Gobierno Indiferente”, como llamó al de Alejandro Tello Cristerna.
La administración actual conserva “la misma estructura de gobierno” de su antecesor, Miguel Alonso, y “está dedicada a cubrir las espaldas y a tapar los huecos financieros del gobierno anterior”, explicó.
Los resultados ofrecidos por Tello “están a la vista”, dijo, si se transita de Guadalupe hacia Zacatecas, donde son visibles por el bulevar sólo dos grandes anuncios referidos a su próximo primer Informe de Gobierno.
“Uno, de la vialidad Pedro Coronel que la tienen en la mente a ver si la hacen algún día, ¿por qué reportar eso que se va a hacer después? Y la otra, de lo que han dado a los escolares, cuando sabemos bien que los uniformes dejaron de existir como algo que viene del gobierno, y que a lo mucho les van a tocar unos chalecos”.
Las irregularidades más importantes encontradas en el gobierno de Miguel Alonso por el Observatorio Zacatecano de la Función Pública durante un año de investigaciones, fueron ubicadas en la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) y la Secretaría de Administración, algunas ya expuestas en medios de comunicación y sirven para que la memoria colectiva tenga presentes los datos y cifras, explicaron.
Encontraron asimismo, responsabilidad en la Iniciativa Privada que a cambio de contratos y a veces hasta “de un saludo y una palmada” se involucra con el poder para encubrir y concretar actos de corrupción.
Expusieron asimismo otros cinco capítulos con otras “irregularidades profundas” que hallaron en la Secretaría de Salud.
Las licitaciones del Laboratorio estatal involucraron procesos amañados y empresas fantasma; la compra de 120 ambulancias, de las que no aparecen “siquiera la mitad”, 80 de ellas adquiridas para el Seguro Popular además sin respetarse las especificaciones adecuadas “por orden dada por parte de la Oficialía Mayor –la Secretaría de Administración-“, decidieron cambiarlas para “obtener la mochada correspondiente”.
“Costosos robots”, que observaron, no eran necesarios y podrían haber sido sustituidos por “tablets de mil pesos y servicio de Internet en los hospitales”, concepto por el que se erogaron 100 millones de pesos que pudieron haberse destinado a otros programas que no recibieron atención, como el de trasplantes.
Los equipos de radioterapia, tomografía y resonancia magnética fueron inflados al doble, y hasta el triple de su valor comercial en el caso de las videocámaras de hospitales de Zacatecas, Fresnillo y Jerez.
Actualmente personal de la Secretaría de Salud es objeto de presiones para firmar contratos por obras de mantenimiento inexistentes con las que buscan cubrirse desfalcos, y ya ha sido despedida una persona por negarse a colaborar con estas acciones, denunciaron a la par de exigir que cese el hostigamiento.
Los trabajadores de la SSZ también fueron forzados a operar en favor del Partido Revolucionario Institucional en la campaña que llevó a la gubernatura de Zacatecas a Alejandro Tello.
“Ustedes saben que había pirámides”, la que operaba en la Secretaría de Salud estaba encabezada por subdirectora de Atención Médica, Ruth Angélica Llamas Zamora, precisaron.
“Si las gentes no completaban las pirámides, que debían tener nombres, número de teléfono, credencial de elector”, no corrían a la persona, pero la cambiaban de lugar de trabajo, “y tú amaneces en Concepción del Oro, tú amaneces en Loreto, etcétera”.
Existe una lista negra de trabajadores de la SSZ que no simpatizan con el PRI y que son objeto de “otra forma de represión”, se les están “armando” expedientes cuyo sustento son “quejas que nunca se sabe de dónde vinieron” y que respalda el SNTS, cuya sección 39 encabeza la diputada local del tricolor, Norma Angélica Castorena Berrelleza.
Se les amenaza con la rescisión de contrato, cambios de lugar de trabajo o hacerlos objeto de “advertencias” para que se afilien al partido en el gobierno.
“Nosotros tenemos 10 casos y en el momento en que sea necesario (…) les entregamos la investigación”, expusieron.
El Observatorio Ciudadano de Zacatecas para la Función Pública ofreció este cuatro de septiembre una conferencia de prensa para ofrecer resultados preliminares de un año de investigaciones.
“La tarea no fue fácil porque los instrumentos que tenemos y que publicita todos los días el gobierno como son su maravillosa transparencia, que no existe, que no es real; nosotros establecimos a través del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información” aproximadamente 200 solicitudes, de las que obtuvieron respuesta a menos del 20 por ciento, la mayor parte con evasivas, dijo Reyes Ruiz.
Responde IZAI
La comisionada presidenta del IZAI, Julieta del Río, desconoció las estadísticas aportadas por el observatorio, ya que sostuvo que en lo que va del año el instituto como sujeto obligado todavía no alcanza ni siquiera las 200 solicitudes de información recibidas.
Además, indicó que todas las peticiones que se han realizado sobre información de esta instancia han sido respondidas.
“Desconozco a quién le han mandado esas 200 solicitudes y si las han hecho a través de la plataforma de Infomex”, expuso y añadió que en el IZAI existe la disposición para aclarar cualquier duda que exista al respectivo o para asesorarlos si deciden interponer algún recurso.
Inclusive, dijo, hace unos meses ya se les brindó una capacitación a los integrantes de este observatorio acerca del uso de Infomex y cómo hacer solicitudes de información a los sujetos obligados.
