Con muchos los casos en los cuales se ha puesto en evidencia el abuso, o mejor dicho, el saqueo de los recursos públicos por parte de quien debería administrarlos. En estos dos últimos años los noticieros están saturadas de casos donde las auditorías señalan irregularidades por cantidades escandalosas y en el salto a la Procuraduría todo queda estancado y se reproduce la impunidad. Desde los casos que tienen que ver con la economía de los energéticos y las grandiosas ganancias de funcionarios que aprovechan su paso temporal por Pemex, para acumular una bolsa que los lleve a otro estrato social por el resto de sus vidas; hasta los recursos destinados a la construcción de la obra pública que, en algunas ocasiones, han costado vidas humanas. Y claro están también los eventos de corrupción en las universidades, donde los recursos de sus convenios con las agencias gubernamentales develan la existencia de complejas redes de operación de cazadores de la renta pública, que maniobran en los saltos entre varias instituciones y niveles de gobierno al grado que podemos creer en la existencia de verdaderas organizaciones parecidas a los carteles.
Para realizar estas complejas operaciones de robo de la renta pública, se requiere de un aparato organizativo igualmente de complejo. Peritos en las reglas de operación, ‘despachos’ expertos en ‘bajar’ recursos y los operadores de los recursos que hacen de estos una entidad fantasma. El dinero se esfuma entre la neblina de los trámites y las influencias de las gestiones. El resultado es la acumulación de verdaderas fortunas que se dejan ver entre cada escándalo que se conoce; y la certeza de que eso que se asoma es en realidad la punta de un iceberg, que por serlo, oculta una cantidad gigantesca de fraudes fuera de la mirada pública.
Esto es motivo suficiente para saber por qué no avanza el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): las densas redes de complicidad se convierten en telarañas que detienen el avance de dicho sistema. Es de tal envergadura la corrupción en el país que parece un laberinto tapiado, sin salidas. Una ruta de salida era el SNA, pero ahora parece que su puesta en marcha será entorpecida por intereses organizados que van desde operadores de recursos hasta secretarías de Estado. Cada vez parece más difícil tan sólo pensar en soluciones posibles de este problema, ya no digamos resolverlo efectivamente.
Junto al dinero que se extrae de manera ilícita, debe juntarse aquel que se exprime por vías lícitas: los salarios de los altos funcionarios. Ya hemos comentado el ingreso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero también presidentes municipales y funcionarios educativos. Junto a esto, se suma también la existencia de bolsas para los llamados “bonos y compensaciones”, que en el caso de Zacatecas se ha documentado una bolsa de 600 millones de pesos para los bonos de los funcionarios estatales. Lo cual revela una trampa en la información que se da a conocer, se exhiben salarios relativamente moderados, pero acompañados de ingresos no-salariales de montos obscenos. En suma, estamos ante un escenario de saqueo, de existencia de organizaciones de cazadores de renta pública.
