Perspectiva crítica
La profunda crisis de derechos humanos y el recrudecimiento de la escalada de violencia se han acentuado en México durante los últimos años, en especial en el marco de la llamada “guerra contra el narco” desatada por el ex presidente Felipe Calderón. Uno de los elementos constitutivos de dicha crisis radica en el uso de las fuerzas armadas mexicanas como ariete de la ofensiva que, supuestamente, busca acotar las actividades ilegales de los principales grupos de traficantes de droga mexicanos.
Desde el inicio de la participación de las fuerzas castrenses en las actividades propias de los organismos de seguridad pública se preveía una vuelta de tuerca a la problemática, en lugar de la posibilidad de que bajo la política punitiva y de “mano dura”, los militares y marinos –especialmente-, pudieran ser factor determinante para subsanar la compleja situación de inseguridad pública y trasiego de estupefacientes.
La advertencia de que la disposición de sacar al Ejército a las calles violentaría los marcos constitucionales sobre las tareas específicas de los uniformados, en particular lo establecido en el Artículo 129 constitucional, simplemente fue ignorada por la dupla PAN-PRI, los cuales hasta este momento han interpretado a su conveniencia el concepto de seguridad nacional que guía en parte las actividades militares, y ello se refleja en los Planes Nacionales de Desarrollo de Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto.
Esta semana el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una nueva Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, la cual pretende viabilizar una mayor injerencia de los elementos castrenses en las actividades de seguridad pública. El punto sensible de esta propuesta es que los militares tendrán mayor rango de acción bajo el cobijo de la “seguridad interna”, concepto que al igual que el de la seguridad nacional, no tiene límites bien definidos, sino que se mantiene en el plano de lo abstracto en lo sustancial, es decir, no hay claridad sobre qué o quiénes estarían considerados como parte de las amenazas que consideraría la seguridad interna.
Resulta muy delicado que será el arbitrio de las autoridades responsables de esta opacidad conceptual lo que defina en su momento quién o quiénes representan una amenaza tal que debe ser confrontada con la fuerza militar, pero considerando el historial de acoso sistemático tanto del PRI como del PAN, es de esperarse que la medida busque ser un refuerzo del acotamiento de la disidencia de cara al proceso electoral de 2018; sirva para doblegar y controlar a los sectores poblacionales inconformes con los efectos negativos de las reformas peñanietistas, las cuales han precarizado el trabajo y viabilizado el despojo a gran escala en la minería, el campo, los océanos mexicanos, etcétera; salvaguarde la identidad de los militares que incurran en violaciones a los derechos humanos; dé proteccionismo a las actividades de tráfico de estupefacientes en las cuales ambos partidos políticos (entre otros) han tomado parte en múltiples partes de la República Mexicana, y prácticamente en todos los niveles. En suma, el Ejército tendrá mayor responsabilidad para dar protección a la porqueriza en la que el PRI-AN ha sumido al país en los últimos años.
El argumento de este artículo no parte de la predicción injustificada, sino del desastroso rastro que el paso de los uniformados ha dejado en las calles. Frente a la política de “oídos sordos y ojos ciegos” por parte del PRI-AN ante la escalada de hiperviolencia que padecemos, existe un cúmulo de elementos que demuestran que la política de usar al Ejército y la Marina no resuelve dicha situación, además de que vulnera el prestigio del Ejército como institución, lo que tiene su correlato en un distanciamiento autoridad-ciudadano.
Sobre lo arriba señalado, considérese que desde hace cinco años Human Rights Watch advirtió en su informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, que el Ejército ya había incurrido en al menos 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales. Cinco años después, y con nuestros representantes populares volteados hacia la pared para evadirse de esa situación, Amnistía Internacional (AI) advirtió que tanto policías como fuerzas armadas no sólo siguen atentando contra los derechos humanos, sino que ahora utilizan la violación como parte de la tortura. El organismo internacional expuso que al menos 100 mujeres recluidas en prisiones federales son violadas de manera “habitual” por los uniformados, y las violaciones ocurren lo mismo en la fase de la detención, que en la reclusión. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido de 2006 a la fecha casi 9 mil denuncias por abusos realizados por elementos castrenses, y más allá de lo escandaloso de ese número destaca el hecho de que la procuración de justicia al respecto es muy baja.
Antes de atender la situación descrita, nuestros partidos políticos en el poder prefieren recrudecer la situación al dotar de mayores atribuciones a la milicia mexicana ya de por sí manchada de sangre. Es este un buen momento para que las fuerzas castrenses reaccionen y consideren que ante el llamado de una autoridad espuria y ajena al interés público, ellas tienen la oportunidad de atender en su lugar a su responsabilidad con la ciudadanía. ■
