En el proceso electoral federal de 2006 participé como candidato del PRD a diputado por el primer distrito electoral con cabecera en la capital del estado de Zacatecas. Habiendo ganado la elección, fui designado presidente de la comisión de puntos constitucionales de la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados y, en ese carácter, me correspondió conducir el inicio de un proceso legislativo del que me siento muy orgulloso, aunque no culminó hasta la siguiente Legislatura con la publicación en la edición del Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 del decreto en materia de derechos humanos, por el cual se modificó la denominación del Capitulo primero de la Carta Magna para quedar: “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, así como los tres primeros párrafos del artículo primero que hoy prescriben lo siguiente:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
El nuevo texto referido indica con claridad que es voluntad del pueblo mexicano que garantizar la vigencia de los derechos humanos debe ser el criterio que oriente toda nuestra actividad como sociedad y como Estado, para propiciar el crecimiento constante del bienestar general, pero lamentablemente vivimos tiempos que muestran que ni desde el Estado ni desde la sociedad civil hemos sabido estar a la altura de esa modificación constitucional que, como dice Rolando Cordera “debería enorgullecernos, de comprometernos como sociedad organizada a respetar, garantizar y hacer cumplir los derechos humanos. Se trata de una falla mayor que tenemos que subsanar cuanto antes, porque de eso se trata la posibilidad de seguir como nación soberana con un Estado nacional. De no hacerlo, todo será, tarde que temprano, tierra baldía.”
El pueblo mexicano debe asumir que este asunto es muy importante y atenderlo directamente porque existen una gran diversidad de hechos y decisiones que muestran que una buena parte de nuestras autoridades no tienen compromiso alguno con el texto constitucional transcrito más arriba. El más evidente de todos es el espeluznante número de asesinados con violencia y de victimas de desaparición forzosa en el país durante los últimos 10 años, entre los cuales destaca el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque ya es emblemático del escaso compromiso del actual gobierno de la república con los derechos humanos de todos los mexicanos, que explica su violación flagrante, por no decir cínica, de la normatividad internacional y nacional vigentes.
Pero el caso más reciente, aunque no tan evidente, es el paquete económico recientemente presentado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Ya son muchos los especialistas que afirman que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2017 no responde a los compromisos del Estado con los derechos de los ciudadanos, y que los recortes propuestos en los rubros de salud, educación, medio ambiente y desarrollo regional niegan los compromisos del Estado con los objetivos en materia de desarrollo sustentable, derechos humanos, y otros contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de la aplicación automática de la misma medicina que los “sabios” economistas que dirigen la economía nacional, han aplicado desde 1982 a la fecha para responder a los problemas que genera la manera como insertaron al país en la globalización neoliberal: recortes al gasto público dirigido a garantizar los derechos fundamentales. Y como no puede ser de otra manera, los resultados serán similares: más pobreza y desigualdad, e indirectamente, más inseguridad y violencia.
Ante la anticonstitucional e inhumana conducta de las autoridades, la mayoría de los mexicanos debemos de cambiar la resignación tradicional por una actitud de exigencia a los legisladores para que revisen a fondo el paquete económico, en especial los impuestos que deben pagar los mega ricos mexicanos y el proyecto de PEF-2017 y apliquen nuevos criterios para orientar el gasto público, en especial que no se apruebe recorte alguno a salud y educación y que se propicie la disminución de las desigualdades sociales y territoriales. ¡Ya es tiempo de que hablen los excluidos!
