Lo que no se mide, no se mejora

Lo que no se mide, no se mejora

En la sociedad y en los académicos, siempre han surgido las preguntas sobre ¿si los gobiernos poseen la capacidad de conducir a sus sociedades hacia un futuro de prosperidad, equidad y seguridad, en vez de navegar a la deriva y naufragar? Luis Fernando Aguilar Villanueva, el filósofo estudioso de las políticas públicas del CUCEA, afirma que la cuestión acerca de la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos se ha colocado en el centro de las disciplinas que estudian el gobierno y en el corazón de la preocupación ciudadana.

Ahora surge el deseo por saber, ¿qué es lo que los gobiernos hacen bien, hacen mal o dejan de hacer? En los últimos años, resultó evidente que la sociedad está cansada de que las acciones emprendidas por los gobiernos no lleven a su sociedad a mejores estadios de bienestar, pese a tener los mejores propósitos para realizarlo y la legitimidad de su cargo. Es necesario saber si la formulación y ejecución de las políticas públicas son eficientes y cumplen con el objetivo para el que fueron planeadas, y para ello resulta importante evaluar sus acciones y el rol que realizan frente sus gobernados.

Al momento, no hay herramientas estables que ayuden al gobierno estatal a tomar mejores decisiones presupuestales, existen mediciones internas que ayudan, sin embargo, no existe una fuente de información consolidada y objetiva sobre el funcionamiento de las instituciones políticas en el Estado de Zacatecas, que esté vinculada a la toma de decisiones presupuestarias.  En general, el Plan Estatal de Desarrollo contempla acciones proyectadas, pero no hay mecanismos que nos permitan cerciorarnos de los resultados, si son satisfactorios y están abonando al horizonte colectivo o hay que corregir acciones para lograr mejores resultados. La planeación requiere de calidad y no hay manera de asegurarla, debido a la falta información sobre los impactos sociales de lo planeado. No hay una cultura que nos provoque mejorar el desempeño de la administración pública, que se sustente en una mejor formulación de políticas públicas para un uso más eficaz de los recursos.

Existen evidencias serias de que la estructura institucional para la rendición de cuentas no ha sido funcional y requieren reformas que modernicen la administración pública y combatan la corrupción. La estructura presenta debilidades importantes ya que los órganos que se ocupan de la rendición de cuentas están subordinados políticamente.

A inicios de la Administración de Miguel Alonso, se realizó un esfuerzo por que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 estuviera acompañado de indicadores y organismos ajenos a la administración estatal evaluaran el impacto de las acciones. En ese entonces, el gobernador estuvo dispuesto a medir su desempeño conforme a estudios y objetivos elaborados por instituciones independientes, con reconocida capacidad técnica y moral, como lo es el PNUD, el CIDE y Transparencia Mexicana. El Dossier del Proyecto “México Estatal”, era una evaluación integrada por 180 variables sobre la situación actual del estado y la transparencia en la administración gubernamental, permitían ubicar y comparar a Zacatecas con otras entidades del país.

México Estatal 2011, era un documento que formaba parte del proyecto Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas de México, coordinado por Guillermo M. Cejudo y Alejandra Ríos Cázares del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y financiado con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México (PNUD), provenientes del Centro de Gobernabilidad de Oslo. El proyecto resultó atractivo mientras existió financiamiento para realizarlo, al Estado no le costó, sin embargo, se desconocen las razones por las que dejó de realizarse, y al final sólo fue una buena iniciativa.

La evaluación, ayuda a corregir el rumbo de las políticas cuando es necesario, lo que no se mide, no mejora, por eso debe ser una constante, y no es posible estar supeditados a los presupuestos y disponibilidad de otras instituciones  para realizarlos, la política evaluativa, debe ser de largo aliento, debe ser una política de Estado, no sexenal.

Para ello, es indispensable construir desde la estructura gubernamental, organismos garantes de la rendición de cuentas y no estar a la expectativa de la voluntad del gobierno en turno, cuyo propósito último sea aportar elementos de análisis e información útil que deriven en la capacidad de atender las demandas de los ciudadanos.

Eso implica avanzar hacia un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, con procesos de planeación y evaluación de objetivos, orientados a expandir las libertades de las personas para lograr una vida prolongada, saludable y creativa, para generar oportunidades y promover el desarrollo equitativo y sostenible.

Hoy en día, el sentido de las evaluaciones ha terminado por anularse y dispersarse debido a la multiplicidad de indicadores que existe y a la falta de estandarización de metodologías de medición. El sistema de rendición de cuentas debe ser preciso, con indicadores muy concretos y sin dispersión, que se encuentren vinculados a los presupuestos ejercidos para poder producir resultados verificables con sus respectivos procesos estandarizados con mejores prácticas y así lograr la comparabilidad de la gestión pública de cada organismo en función de sus méritos.

La red por la rendición de cuentas sugiere crear un nuevo sistema de responsabilidades que garantice el buen desempeño de los funcionarios que tengan a su cargo la ejecución del PED. También sugiere la creación de un sistema de vigilancia social con la participación ciudadana en tres dimensiones para la rendición de cuentas: en el acceso a la información, en la justificación de la toma de decisiones y en las consecuencias.

Ha llegado el momento de desarrollar una nueva forma de vinculación entre el gobierno y la sociedad, que vaya más allá de las exposiciones retóricas, que definan los alcances de la participación ciudadana, que evite la dispersión de esfuerzos sociales, por lo que se deben poner a disposición de la ciudadanía, los mecanismos y procedimientos que conviertan su colaboración en una contribución a la eficiencia y el cumplimiento eficaz de los resultados, haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, que permita obtener la retroalimentación ciudadana de manera exitosa.

En el pasado proceso electoral, el ahora gobernador electo Alejandro Tello, realizó una propuesta muy innovadora e integral para combatir la corrupción y rendir cuentas a la ciudadanía, al que denominó Sistema Estatal Anticorrupción.

El sistema propone adecuaciones institucionales e introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos para reforzar nuestro régimen jurídico destinado a la lucha contra la corrupción, persigue fortalecer y facilitar la cooperación de 5 instituciones que, con la independencia necesaria podrán articular sus esfuerzos para prevenir, combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.

A grandes rasgos, al Instituto local de transparencia lo alinea con la Institución Federal; la Secretaría de la Función Pública, su titular deberá ser ratificado por la mayoría simple de la Legislatura del Estado, además ofrece crear la oficina virtual contra la corrupción, que permi­tirá a los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención; propone crear como un órgano especializado llamado Fiscalía de Combate a la Corrupción, dependiente de la PGJE a la que también transformará en la Fiscalía General del Estado, y será encargada de la investigación y persecución de los delitos relacionados con actos de corrupción; sugiere que la ASE realice auditorias en tiempo real y que sus informes tengan carácter público; estima crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, dotado de plena autonomía constitucional; un Observatorio ciudadano; pero adicionalmente a ello, sugiere la creación de un organismo constitucional autónomo denominado Consejo Estatal de Evaluación de la Política Pública.

Con ello dejó claro que su proyecto está decidido a impedir la corrupción y a luchar contra ella, que no va a tolerar que se traicione la confianza de la ciudadanía y reitera la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo. Es una propuesta muy alentadora, que promete recuperar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones del Estado.

El Consejo Estatal de Evaluación de Política Pública, atiende la problemática expuesta al inicio, porque el Sistema Anticorrupción, más allá de combatir la corrupción, medirá la eficacia directiva del gobierno, lo que permitirá avanzar hacia una contabilidad analítica de las diferentes actividades y servicios de las instituciones del Estado, de manera que nos dé a conocer los costos reales de cada política pública y de cada actuación.

Este organismo se espera tenga como atribuciones la evaluación de las políticas públicas del gobierno estatal, municipales y que ayude generar información objetiva sobre el impacto de las mismas en la sociedad, que permita mejorar la toma de decisiones presupuestales.

Por lo visto, se pretende impulsar un adecuado diseño del sistema de control y vigilancia de los servidores públicos, que permita cumplir con eficiencia y eficacia las acciones del gobierno para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el espacio público.

Para hacerlo efectivo, se tiene que crear un espacio de articulación interinstitucional que permita generar un programa de fortalecimiento a la rendición de cuentas donde se incluyan al menos los siguientes elementos:

Normas claras sobre el ejercicio del gasto público (contabilidad, auditoría y fiscalización); Vinculación en materia de acceso a la información pública y transparencia a los mecanismos de control y fortalecimiento del gobierno abierto; Normas relativas al régimen de responsabilidades; Mecanismos de evaluación y control, tanto del ejercicio del gasto público como de la política pública; Mecanismos de inclusión y participación ciudadana.

El sistema buscará entrelazar secuencialmente el diseño de las políticas, con la aprobación de los presupuestos, el ejercicio cotidiano de los recursos públicos, la evaluación abierta de los procesos y resultados, y las consecuencias prácticas del uso de las facultades y los dineros públicos. Con ello esperemos, ahora sí, se garanticen las condiciones para tener una administración pública honesta, abierta y eficaz.

Avanzar hacia la contabilidad analítica de las acciones del Gobierno permitirá reforzar la capacidad directiva y la conducción de la sociedad a mejores niveles de bienestar. La ciudadanía quiere saber no sólo en que gastan sus impuestos, si no que resultados tienen con dicho gasto y si ese gasto está justificado desde el punto de vista de la mayoría.

La rendición de cuentas debe ir encaminada a evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos y las actuaciones reflejadas en los programas electorales y en los planes estratégicos de la administración pública; no debe referirse sólo al uso de los recursos, sino también a la consecución de los objetivos políticos.

No basta con crear las condiciones para asegurar el acceso a la información, la ciudadanía debe acostumbrarse a recibir cuentas claras de la gestión de sus autoridades y esto no podrá darse si no se convierte en revisora y vigilante de su proceder. La práctica de este régimen nos conducirá a una democracia en donde todos seamos los protagonistas de nuestro futuro.

Es vital que en Zacatecas se asuma la importancia de la rendición de cuentas en sus actuaciones cotidianas, de lo contrario, las políticas públicas no podrán obtener los resultados previstos, no se alcanzará la mayor eficacia en el ejercicio del gasto público, ni se consolidará el ejercicio democrático de la autoridad. Se debe dejar en claro que la rendición de cuentas no es un ejercicio de retórica, ni una justificación postrera de las decisiones tomadas, ni un medio para sancionar conductas ilegales o perseguir actos de corrupción cuando ya sucedieron, si no que la rendición de cuentas es una parte sustantiva de la gestión pública transparente, comprometida con la calidad de sus procesos y resultados y con la consolidación de las prácticas democráticas del país.

Lo que no medimos, difícilmente lo mejoramos.

MARCO VINICIO FLORES GUERRERO.

PRESIDENTE DE EDUCAR E INNOVAR PARA PROGRESAR A.C.

Banner Home Videos 578 x 70

Related posts

Banner Home Videos 578 x 70