Los diputados son representantes populares y como tales deberían decidir sobre las iniciativas de ley en función de la voluntad de sus representados. La noción de representación implica no sólo que se pregunte a las personas del distrito del legislador en turno sobre las decisiones a tomar, sino actuar para construir la decisión. No es que la decisión ya existe en los representados y sólo se les pregunte qué deben llevan los diputados a la cámara, sino que la decisión es algo que debe construirse en el debate sobre los argumentos en torno al tema, con la información pertinente, suficiente y necesaria y, una vez recorrido ese proceso, los representados construyen su opinión, la cual sería llevada a la cámara. En suma, la representación es un proceso activo: una manera de provocar que los ciudadanos generen sus posiciones en torno a los temas púbicos que necesitan definición por parte de las autoridades. Ese es una de las misiones de los diputados: crear ciudadanía. Pero obedecen a sus propios interés o, en el mejor de los casos, a los posicionamientos de su partido y, con ello, niegan la misión para la que fueron electos.
Otra de sus tareas es constituirse en contrapeso al Poder Ejecutivo. Para lograrlo, los diputados deben tener información objetiva de la actuación de este último para poder emitir sus decretos, comunicados o puntos de acuerdo. Específicamente, la rendición de cuentas debe hacerse de tal manera que los diputados hagan juicios sobre dichas acciones y sugerencias de mejora debidamente justificadas. Y no sólo revienten las reuniones a gritos que nada impactan en la acción del gobierno. Sin embargo, lo que observamos son reuniones de instrucción del propio gobernador a ‘su’ fracción y, en ocasiones, oposición ciega del resto de legisladores.
La construcción legislativa es un detonante de política pública. Por ejemplo, observamos cómo en la Ley General de Desarrollo Social se establece el nacimiento del Coneval y se señalan ahí mismo los indicadores con los cuales deben actuar las instituciones responsables del tema. A partir de ahí se desencadena no sólo la arquitectura institucional que atenderá el desarrollo social, sino los criterios con los cuales el gobierno debe construir sus programas. Asimismo, se deben crear Leyes estatales de los diversos rubros del desarrollo del estado de Zacatecas. Y desde la cámara de representantes impulsar la definición de los grandes criterios de la política del desarrollo. Así las cosas, aspiramos a que la cámara tenga un instituto de profesionales que les permita a los diputados constituirse en gestores legislativos del florecimiento humano del estado.
Con la fuente de conocimiento y la representación activa, tendríamos un mecanismo de impulso inestimable para que esta entidad federativa despegara en todos los rubros del desarrollo. Empero, vemos a fracciones parlamentarias comprometidas con sus jefes políticos y a enorme distancia de la población de sus distritos. Lo que se requiere y las condiciones reales, están a años-luz de distancia: la brecha cósmica del desarrollo.
