I M A G I N E

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En el primer mes del sexenio de Miguel Alonso Reyes –septiembre de 2010- , el gobernador presentó en el Congreso de Zacatecas una iniciativa de ley para crear un Tribunal de Cuentas que supliera a la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las tareas de la fiscalización de los recursos públicos.” (La Jornada 23 XI 15. P.4)

La diputada María Guadalupe Medina Padilla, lamenta que a cinco años de que fue presentada la iniciativa por el gobernador, siga en “la congeladora”. Señala que el sistema actual de fiscalización no ha dado los resultados esperados, en virtud de que el auditor se convierte en un ente político “que llega a proteger a quienes lo pusieron ahí”.

Debemos recordar que la principal opositora a la iniciativa, fue la entonces diputada María de la Luz Domínguez Campos, quien, contando con el  apoyo de ¡la fracción del PRI!, obtuvo un “dictamen suspensivo”, a fin de organizar foros, seminarios, consultas, debates e investigaciones.

Al concluir su período como diputada, María de la Luz Domínguez Campos fue designada subsecretaria en el gabinete del gobernador Alonso ¿Cómo premio por haberse opuesto a la iniciativa?

Situaciones que el sentido común no explica: el gobernador Alonso, a escasos días de iniciar su mandato presentó una iniciativa para cambiar radicalmente el sistema de fiscalización en el Estado. Una diputada “de oposición”, apoyada por ¡la fracción del partido del gobernador (PRI), logra un dictamen suspensivo (congeladora en el argot de la legislatura para las iniciativas que el gobernador en turno rechaza y cuyo criterio impone a los diputados). Luego, la diputada opositora se integra al gabinete.

En noviembre de 2014, ante diversas manifestaciones que acusaban corrupción en el gabinete, el gobernador dijo que era el momento para hacer “un llamado respetuoso” a la Legislatura Local para destrabar la iniciativa acerca de la creación de un Tribunal de Cuentas.

Pero, no hizo el “llamado respetuoso”.

Ha transcurrido un año de la sana intención de hacer un “llamado respetuoso” a la Legislatura para continuar con el trámite de la iniciativa para crear Un Tribunal de Cuentas y han transcurrido cinco años desde la presentación de la iniciativa. Los comentarios, dudas y rumores en medios se acentúan:

El secretario de Gobierno renuncia, haciendo pública su percepción de corrupción en el gobierno, se rumora sospechosa y mala intención de entregar el edificio histórico, Mercado González Ortega, a una empresa cervecera. Los constructores elevan sus quejas sobre la aplicación de cobros indebidos para autorización en la construcción de obra pública por un hermano del gobernador, “sin licitación, compañía de Francia modernizará teleférico de Zacatecas” cabecea este diario (24-XI-15), mientras el gobernador solicita a la Legislatura la autorización para un nuevo empréstito de 3 mil doscientos millones de pesos y sin claridad en los detalles de aplicación  del empréstito. Sin anexos técnicos.

Por fin, la luz al final del túnel: “Alonso Reyes dijo que la propuesta de un Tribunal de Cuentas desde donde puedan hacerse revisiones, fiscalizaciones y auditorías ‘en búsqueda permanente’ de la  transparencia en el ejercicio de los recursos públicos por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los municipios, ‘sigue teniendo vigencia’ y deberá ser un tema a analizarse”. (La Jornada 23-XI-15).

Y, agregó el gobernante que “se está haciendo el mayor esfuerzo para la transparencia y para la rendición de cuentas, aun cuando no exista éste órgano que creo hubiera sido muy bueno para Zacatecas”

Luego, sobre la posibilidad de que se exhorte a la Legislatura para hacer avanzar la iniciativa, el gobernador “expresó su mejor disposición para hacerlo, a efecto de que su propuesta sea “por lo menos analizada a detalle, revisada y ojalá pudiera prosperar”.

Y, sería bueno. Imagine a un Tribunal de Cuentas que substituya a la actual Auditoría Superior del Estado (ASE) y que no dependa jerárquicamente de la legislatura y que sus determinaciones  no sean autorizadas o desautorizadas por los diputados y que la presidan tres magistrados con autonomía en sus resoluciones y que tengan facultades jurisdiccionales para imponer sus determinaciones y con facultad para revisar los estados contables no sólo del ejecutivo, también de la Legislatura y del Poder Judicial, así como de los partidos políticos y organismos descentralizados como la Universidad (UAZ), Derechos Humanos y otros.

¡Imagine! Sería el principio del fin de la impunidad y de la corrupción en el servicio público.

Imagine, pero sólo imagine, ya que las anteriores son, como dice un prestigiado jurista y maestro universitario, “reflexiones para después de la muerte”, pues aun y cuando se aprobara para este enero del 2016 la iniciativa y se creara el Tribunal de Cuentas, no aplicaría para el gobierno que en ese año concluye, atento a un simple enunciado constitucional: “A ninguna ley se dará efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna”. ■

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