“…a diferencia de la tendencia nacional a la baja en el número de víctimas de hechos ilícitos, en Zacatecas hubo un repunte de la cifra del año 2013 a 2014 y se colocó como la más elevada de los últimos cinco ejercicios”, destaca La Jornada en edición del 6 de octubre de 2015.
La procuradora Leticia Catalina Soto Acosta, atribuye el incremento de la delincuencia en Zacatecas, “al crecimiento normal de la población”.
¿Qué diría el licenciado Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, que cuenta con una población superior a los 25 millones de habitantes y, cuál sería la situación de la república de China con una población arriba de 1000 millones si nos atenemos al crecimiento normal de la población?
No hay duda que durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes, la inversión para el área de seguridad pública ha sido del todo millonaria: un cuartel militar en Jalpa, otro cuartel militar en Fresnillo (combate frontal a la delincuencia), la creación de tres “academias de futbol” en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo (prevención del delito) y la construcción de un centro comunitario en Fresnillo (prevención).
Lo anterior sin contar las cantidades millonarias que se han invertido en la preparación del Sistema Penal de Juicios Orales con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en Zacatecas entró en vigor el 5 de enero del presente año (administración de justicia).
Es sabido que la causa fundamental que incrementa la delincuencia es la impunidad y, después de ésta la pobreza, el desempleo, las adicciones y la incultura y subcultura.
Si de cada 100 delitos que se cometen en Zacatecas, son castigados únicamente 7 u 8, entonces la impunidad es la principal causa del incremento delictivo. Y si la instancia del Estado que combate la impunidad (La Procuraduría General de justicia), no recibe los apoyos necesarios y suficientes para cumplir con su encomienda el índice delictivo se eleva incontroladamente.
Tres son los recursos humanos con los que ha sido dotada la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas (y todas las procuradurías o fiscalías) para el cumplimiento de sus funciones: los agentes del Ministerio Público, los policías investigadores y los peritos (policía científica). Si los tres trabajan con eficiencia y profesionalismo la impunidad no existe, o es de tal modo insignificante que la criminalidad no se ve incrementada.
Lamentablemente, si se hace un análisis sobre la distribución de los recursos económicos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha asignado para Zacatecas, es ínfima la cantidad que a las áreas de procuración de justicia se han entregado. La suma mayor va para el Ejército en funciones de policías, para los elementos de la marina en funciones de policías y en el acondicionamiento de locales para juicio oral y capacitación del llamado sistema penal acusatorio. Incluyendo los incrementos salariales de los jueces.
Los agentes del Ministerio realizan un trabajo profesional que en nada demerita al de los juzgadores, por lo que los salarios debieran ser homologados. Urge una policía ministerial en constante capacitación en las diferentes técnicas de investigación de los delitos y especializada, de acuerdo a los diversos tipos delictivos, bien pagada, considerando su nivel por arriba de la Estatal Preventiva, ocupada exclusivamente en su tarea de investigación.
Hoy la Policía Ministerial (investigadora) es distraída de sus funciones, las ferias, eventos oficiales, como custodios de funcionarios y hasta como grupo de choque contra inconformes o manifestantes.
Y, qué decir de la policía científica. Los peritos, hoy mal pagados a pesar que su servicio es profesional y que su preparación en la diversidad científica, técnica o artística, ha significado años de estudio y mejoramiento en la práctica. Pero lo más importante, son elementos humanos indispensables e insubstituibles en todo hecho delictuoso.
Los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y la policía científica no debe (aunque se hace), ser substituida por militares cuya preparación no va con la investigación de los delitos.
“Necesitamos una estrategia de eficiencia institucional para combatir la cifra negra en el estado”, dice la procuradora el 4 de octubre en La Jornada. La principal estrategia de inicio es precisamente el fortalecimiento de los recursos humanos con los que cuenta la Procuraduría. Es urgente la asignación de recursos suficientes y necesarios a esta institución, hoy más que nunca y con carácter prioritario.
En academias de futbol, pudiera ser, pero primero están los centros de rehabilitación de adictos, los programas de empleo y autoempleo y, desde luego una estrategia bien definida en materia de vigilancia (sobre todo de las zonas de robo a casa habitación), ocupando las policías preventivas y el uso de las tecnologías de avanzada.
El gobierno de Miguel Alonso invierte más de 100 millones en las instalaciones de la feria y “20 millones de pesos en un cristo monumental en Huanusco”. ¡Así no se puede! ■
