■ Godezac debe atender cierre de canales de distribución de proveedores en Superissste y Diconsa
“El principal desacierto que tiene el Gobierno Federal en la política económica es que no le está apostando al mercado interno”, dijo Miguel Ruiz Ramírez, microempresario zacatecano que señala como punto de inflexión de la crisis para su negocio, a la presente administración federal.
El creador de Nutricel, una empresa fabricante de champús y otros productos de cuidado personal y perfumería sustentados en ingredientes naturales, señala que es necesario el fortalecimiento de los canales de distribución, concretamente los que representan las más de 250 tiendas Superissste y las correspondientes de Diconsa e Imss-Sntss.
“Ellos deberían de enriquecer estos canales de distribución que tienen muchos años y mercados cautivos: todos los trabajadores que cotizan al Issste y los jubilados”.
Ambos sectores de trabajadores reciben vales de despensa como parte de paquetes de compensación que son canjeables en estas tiendas, observa, por lo tanto es equivocado que tanto Gobierno Federal como los estatales no cuiden este aspecto de tal manera que no se toma en cuenta ni a los proveedores locales ni a las familias que adquieren productos en estas tiendas.
Superissste era una cadena paraestatal competitiva, explicó, porque “subía un cierto porcentaje a los productos básicos, por ejemplo”.
Y para el caso de los de perfumería como los que produce Nutricel, su margen de ganancia buscaba ser menor al que manejan las empresas privadas, de tal manera que ofrecía un contrapeso, “y la gente ya sabía qué comprar en las tiendas Issste, en las tiendas Issstezac y en Soriana”.
El problema de desmantelar esta red de distribución en la que participan micro empresarios nacionales, es delicado, y agrega aquí en caso de Diconsa, del que dependen alrededor de 500 tienditas en el estado de las que se surten de productos básicos los habitantes de comunidades rurales.
“Y si los están ahorcando de la misma manera ¿qué va pasar? O sea ellos ni siquiera tienen la posibilidad de venir a comprar su mandadito, ellos allí nada más van a la tiendita y lo que les llegue de Diconsa: el aceite, el jabón para lavar, o sea lo básico; frijol, sopa”.
Para este mercado, Nutricel desarrolló una presentación de cremas en empaque de 100 gramos, de la que surtían alrededor de 70 cajas al mes, pero dejaron de pagar y “pues dejamos de surtir”.
Antes del ingreso al poder de Enrique Peña Nieto, Nutricel y otras micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se veían beneficiadas con el “factoraje”, figura mediante la cual Nacional Financiera (Nafinsa) respaldaba con créditos a las tiendas del SuperIssste, Diconsa y del Seguro Social.
“Luego a través de un banco descontaba facturas a los proveedores y en vez de pagarnos al plazo que estábamos convenidos, digamos a dos meses, nos pagaba a 15 días o a 20”.
El banco cobraba a los proveedores una pequeña comisión por el resto del tiempo en que se adelantaba el pago. “Y eso era muy virtuoso porque teníamos liquidez y en seguida podíamos echar adelante otro proyecto”.
Así se ofrecía a las Mipymes posibilidades de aumentar el volumen de producción, la plantilla laboral y extenderse territorialmente a otros puntos de venta.
Desde el momento de la transición del gobierno de Felipe Calderón al de Peña Nieto, “se empezó a sentir (…) empezaron a frenar las compras, a espérate y vamos a ver…”.
Pero además de estas pausar las compras al desaparecer el respaldo del factoraje empezaron los retardos en el pago a proveedores, en su caso refiere, incluso de hasta por cuatro meses, “entonces no es posible, en ninguna práctica comercial sana se puede eso”.
No obstante el factoraje continúa existiendo pero solo para las grandes empresas, tales como Soriana o Coppel.
“Nacional Financiera le está prestando a los grandes, a los que tienen el dinero”. Así les ofrece respaldo financiero para que estas empresas a su vez cobren a sus clientes a tasas de entre 48 a 60 por ciento, “con pagos chiquitos a la semana”, en vez de beneficiar a los pequeños empresarios, dijo.
Al escenario se agrega el que los esquemas de distribución privados también se reducen para el caso de las Mypimes.
Tiendas como Walmart y Soriana han ofrecido si acaso la inserción de los productos zacatecanos durante un mes, un tiempo que señala Ruiz Ramírez como insuficiente para que haya un posicionamiento de la marca en el mercado.
Antes, comenta, existía un convenio de las mismas con la Antad, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, de manera que se les diera oportunidad durante 3 a 5 meses a proveedores nacionales de insertar sus productos, pero luego fue “cerrándose la pinza y la entrada y esos chancees para los microempresarios ya no se dieron”.
De esta manera Nutricel luego de vender durante ocho años sus productos dejó de ser proveedor de Soriana, cuando esta empresa lanzó su línea de “marca libre”, de tal manera que ofrecía un champú de un litro a nueve pesos contra los treinta y tantos que costaba el producto zacatecano, que destaca el ingeniero químico no obstante, como de mayor calidad por sus ingredientes naturales.
“Yo quiero saber cuántos productos zacatecanos están en Walmart y cuántos en Soriana, no son los 70 que en el pasado se presumía, no. Ahora son dos o tres”.
En este sentido acusa la falta de reciprocidad de estas empresas a las que se ofrecen incentivos y ventajas para asentarse en México, y concretamente en Zacatecas.
Ante este escenario “decepcionante”, comenta que no solo Gobierno Federal debiera estar preocupado sino el estatal.
“¿Cómo quitan una red de distribución que le favorece a algunos proveedores zacatecanos?”, reitera en referencia otra vez a las empresas paraestatales. Una red de la que dependen familias zacatecanas, ya sea desde el lado de los proveedores como de los consumidores.
Y en el caso de lo que ocurre en las tiendas Issstezac aunque siguen pagando a tiempo, Miguel Ruiz cuestiona sus estrategias de mercadotecnia, de las que dice, debieran ser más a fondo, “no nada más un simple anuncio de dónde están” y asimismo el que las compras a proveedores locales son bajas.
“Yo no entiendo. Yo nada más les surtí un pedido de champús para el centro vacacional hace años y ya no me han vuelto a pedir”.
“Simplemente se están equivocando los gobiernos que deben ser los facilitadores para poner los canales de distribución. Dicen y dicen ver que las empresas públicas son una garantía de mala administración”.
Una cosa que Miguel Ruiz objeta, y propone que se configuren de manera diferente, sin pertenecer directamente a las instituciones, de tal manera que funcionen como entes comerciales competitivos.
“Porque son los mismos trabajadores, son los mismos sistemas que se pueden aplicar en una Soriana, en un Walmart, y es la misma gente que se le puede capacitar pero con una diferencia, que esas tiendas van a tener su mercado cautivo que no va a desaparecer: los trabajadores del Issste y los jubilados. Entonces eso le da garantía y le da viabilidad a un esquema de distribución.
