■ Padres de los normalistas y alumnos visitaron Zacatecas para reunirse con organizaciones
■ Efectuarán movilización el 26 de septiembre; acudirán a varias embajadas el 26 de agosto
En próximas semanas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitirán un informe “que echará abajo la verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, según informaron padres de familia y alumnos durante su visita ayer a Zacatecas para reunirse con organizaciones sociales.
Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos hace más de 10 meses en Iguala, Guerrero, expuso que la Asamblea Nacional Popular tiene el objetivo de conjuntar todos los esfuerzos organizativos en los estados, a fin de unificar la lucha a nivel nacional, para lo cual realizan una caravana informativa en el norte del país.
“Las problemáticas en que vivimos a lo largo y ancho de nuestro país son similares. El dolor, el sufrimiento y la opresión de que somos objeto por parte de los gobiernos serviles al sistema capitalista, existe en todo el territorio nacional tanto en el campo como en la ciudad, tanto en la zona urbana como en la rural”, expresó.
“Los pobres somos desposeídos de nuestro territorio, somos encarcelados, somos desaparecidos, agredidos y finalmente somos perseguidos sólo por el hecho de levantar la voz y exigir justicia. Los gobiernos en lugar de combatir la delincuencia organizada, lo que hacen es juntarse con ellos y así se ponen en contra del pueblo”, puntualizó.
Sin embargo, aseguró que el gobierno “tiembla y se asusta” cuando la sociedad se organiza, puesto que “sabe que somos la mayoría”, motivo por el cual exhortó a la sociedad a organizarse y así construir un nuevo horizonte, “un mundo donde no exista injusticia”.
Ortega señaló la necesidad de crear un “referente” nacional que respete la identidad y la dinámica de cada una de las organizaciones o movimientos sociales, mediante el cual se discuta la situación que prevalece en el país.
A 10 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas, denunció que el gobierno se ha negado a entregar los expedientes a los peritos y especialistas argentinos y ello ha obstaculizado la investigación.
A pesar de ello, dijo que ese equipo de expertos dará a conocer un informe sobre el caso de
Ayotzinapa y a partir de ese momento “entraremos en una nueva etapa de lucha” en la que se planteará la necesidad de construir ese referente nacional que aglutine todas las organizaciones y movimientos sociales.
Asimismo, convocó a la sociedad zacatecana a sumarse a las acciones que se acuerden en la Asamblea Nacional Popular, pero especialmente en la movilización que se planea para el 26 de septiembre próximo, donde “centraremos todos los esfuerzos”.
Mientras tanto, se plantea también que el próximo 26 de agosto acudan a las diversas embajadas a solicitar que emitan un pronunciamiento para que el Estado mexicano atienda las observaciones del equipo de antropología forense.
Por último Ortega advirtió que “esta lucha continuará hasta encontrar a los 43 jóvenes y hasta ver que verdaderamente se castigue a los responsables, porque fue un crimen de Estado. Fue el Estado mexicano quien asesinó y desapareció a los 43 estudiantes y no quitaremos el dedo sobre Peña Nieto como responsable intelectual de estos hechos”.
Por su parte, Margarito Ramírez Rodríguez, padre de otro normalista desaparecido, expuso que el hecho ocurrido hace más de 10 meses ha sido una pesadilla para ellos, y aunque hay medios de comunicación que han difundido la verdad, “el gobierno también los tiene intimidados”.
“Desde el principio el gobierno nos quiso engañar con las primeras fosas que encontraron, pero nosotros no creemos en este gobierno porque quiere hacer lo mismo con nosotros. Perdimos el miedo, por eso seguimos en la lucha y queremos justicia”, dijo.
María Concepción Tlatempa Colchero, madre de otro normalista desaparecido, comentó que desconocen dónde están los estudiantes, pero “sabemos que el Ejército tiene cárceles clandestinas y posiblemente ellos los tengan escondidos, porque hicimos búsquedas y no sabemos nada de ellos”.
José Nava García, alumno sobreviviente del atentado ocurrido el 26 y 27 de septiembre, recordó que la Normal de Ayotzinapa tenía antecedentes de ataques por parte del gobierno de Guerrero, como sucedió en diciembre de 2011, cuando policías estatales asesinaron a dos alumnos en la Autopista del Sol y el caso ha quedado impune.
Aseveró que el gobierno le apuesta al olvido, al cansancio de las organizaciones sociales, pero reiteró que, después de encontrar a sus compañeros desaparecidos, ellos siempre van a exigir justicia para todos aquellos que fueron asesinados ese día.
Sobre los estudiantes asesinados en manos de la policía aquel 26 y 27 de septiembre, dijo que nunca se quedaron callados, como Julio César Mondragón, quien resistió hasta el último momento e incluso escupió en el rostro a sus agresores.
“Como sobreviviente les puedo decir que fueron policías municipales los que iniciaron la agresión en contra de nosotros, que nos atravesaron las patrullas y nos taparon las calles. No teníamos por donde salir, nos tenían rodeados, y sin darles motivo a los policías, empezaron a accionar sus armas de fuego”, reviró Nava García.
“Les decíamos que por qué nos retenían. Ellos solamente se reían y nos decían que nos iban a matar, desde el principio, como si ya tuvieran algo planeado tanto el narcogobierno como el crimen organizado”, agregó.
De acuerdo con su testimonio, los normalistas no sabían que habría un evento de la esposa del alcalde, pues su traslado a la ciudad de Iguala se llevó a cabo sólo con la intención de botear y recaudar recursos para diversos gastos, “pero se metieron con los equivocados. Jamás dejaremos de luchar”.
La caravana en el norte del país comenzó el 2 de agosto en Torreón, Coahuila, y continuó un día después en Victoria, Durango; este 5 de agosto llegó a Zacatecas, el 7 de agosto en Guanajuato, el 9 de agosto en Guadalajara, Jalisco; el 11 de agosto en Colima, y el 13 de agosto en Morelia, Michoacán.
