Una vez más, hoy nuestro periódico da cuenta de una serie de irregularidades en el comportamiento de la clase política zacatecana cuando de manejar recursos públicos se trata. Ahora es el caso de la administración de personal en la Legislatura del Estado, como ayer fue el de los dirigentes estatales del Partido Verde, y como antes fue el de la ex titular de la Secretaría de Economía del Gobierno estatal, o los abusos de los cuadros dirigentes en la UAZ. Se trata de un esfuerzo periodístico cuyo propósito es evitar que esas conductas delictivas sean asumidas como parte de la normalidad democrática de nuestro país, y llamar la atención de la sociedad sobre la gravedad del fenómeno de contaminación de un número mayor cada día de instituciones y espacios sociales por los llamados vicios del viejo régimen: los dos mayores, corrupción e impunidad, y otros derivados, como el patrimonialismo, el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, etc.
Lamentablemente, ya es evidente que la transición mexicana iniciada a fines de la década de los años setenta con la reforma política impulsada por el presidente José López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, no desembocó en un nuevo régimen libre de los vicios señalados, sino en uno caracterizado por la captura de segmentos muy significativos de las instituciones públicas por diversos poderes fácticos, legales e ilegales, que imprimen a éstas una orientación que sólo beneficia intereses particulares y muy alejada de la que requiere el bienestar general, mientras que la sociedad adquiere cada día mayor conciencia de que el orden establecido para servirle ha sido desnaturalizado.
Es obvio que los iniciadores del proceso de transición política de México no imaginaron que la corrupción llegara a los niveles que hoy muestran los casos de las casas blancas, las constructoras HIGA y la española OHL, o de cinismo político como el mostrado por el Partido Verde, o la prepotencia y autoritarismo que muestra el caso Aristegui, o el patrimonialismo de caricatura mostrado por el candidato priísta en el distrito 1 de Zacatecas, y mucho menos la avanzada simbiosis entre el crimen organizado y las corporaciones responsables de imponer el imperio de la ley. Todos esos casos y más que podríamos mencionar son pruebas de que aquel proceso gradual de cambios positivos llegó a su máxima expresión con la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000, y que ahí inició su descomposición, cuando Vicente Fox acordó con el viejo PRI mantener el régimen sin cambios.
Los mexicanos que percibimos la gravedad de la descomposición nacional y que no deseamos apostar por las vías de la violencia podemos y debemos aprovechar la oportunidad de la jornada electoral del 7 de junio próximo para castigar o premiar a los partidos en función del papel que han desempeñado en el aceleramiento de la descomposición. En las condiciones en que está el país no se puede tomar a la ligera la elección de los diputados federales.
