Los escándalos por los conflictos de interés en la misma Presidencia de la República, indican que en realidad es un signo que invade a todos los niveles y todos los sectores. Usar las ventajas de operación e información que da estar dentro del gobierno, para sacar ventajas personales o privadas, es lo que conocemos como conflicto entre el interés público y el privado; donde, por supuesto gana el privado. En pocas palabras, es una de las modalidades más rentables de la corrupción. En esta forma de corrupción se pone a disposición de los bolsillos particulares la sustancia misma de los productos del gobierno: la obra pública, los fondos de inversión y la operación de los programas de desarrollo. El problema de Conflicto de Intereses ha perjudicado de manera estructural al Estado y su misión de construir desarrollo: ha evitado que los gobiernos cuenten con los recursos suficientes para emplearlos en la educación de las nuevas generaciones, la salud y todas las demás funciones del bienestar, porque los políticos que se encargan de hacer leyes fiscales impiden deliberadamente se afecten los intereses privados de las grandes firmas. En otras palabras, el conflicto de interés es de diverso tipo: desde el funcionario que otorga obra pública a sus socios comerciales, hasta los diputados que obedecen a las televisoras y no a sus electores.
Lo público es lo común, lo que es de todos. Y por ello, el llamado “conflicto de intereses” es otra manera de decir, “la apropiación privada de lo común”. El despojo que se traduce en doble pecado: no sólo una manera sofisticada de robo, sino de suprimir oportunidades de la población vulnerable. Y lo segundo es un verdadero atentado contra la nación, al grado que podemos hablar de traición a la patria o al patrimonio común. El caso de Patricia Salinas es, seguramente, un caso entre otros y de ahí lo oportuno de su remoción pero también de la necesidad de una investigación. Por desgracia aun las leyes y su operación permite que se oculten esos casos; por ello, una petición absolutamente central de los ciudadanos es la reglamentación efectiva en estados y municipios del recién avalado Sistema Nacional Anticorrupción. Y en esta reglamentación estará flotado la pregunta como mina acuática: ¿quién va a vigilar a los vigilantes? Porque en el caso de Patricia Salinas está involucrado Guillermo Huizar, el secretario de la Función Pública, es decir, el vigilante. Por ello la pregunta: ¿y al vigilante, quién lo va a vigilar?
En el delicado caso de la destituida secretaria de Economía de Gobierno del Estado, la investigación de su gestión es fundamental. Este caso puede ser el parteaguas de la política anticorrupción del Gobierno estatal, sobre todo por la cantidad de los personajes involucrados y lo estratégico de sus puestos. Es muy importante que el Ejecutivo tome la decisión de evitar la impunidad y de que se actúe en estricto apego a la legalidad. Debe estar consciente de que su manera de encarar este asunto marcará su carrera política, ya dio el primer paso en removerla, sigue aplicar la ley.
