■ Hemos atacado de frente la deshonestidad; se afectaron intereses de la “mafia” en la corporación
■ Podría denunciar por difamación a quien lo señala como autor intelectual de un atentado, dijo
Agustín Jaime Ortiz Arellano, titular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) en Zacatecas, situó las denuncias hechas la semana pasada por un agente y dos ex oficiales de esta dependencia que versaron sobre presuntos actos de corrupción y amenazas que se le atribuyen, como realizadas “con fines políticos”.
Dijo, “por supuesto que se atacarán las áreas donde más resultado ha dado (Gobierno del Estado)”.
Agregó sobre esta dependencia, que “ha tenido un desgaste natural a través de los sexenios” y afirmó es en el presente, “el único (en) que hemos atacado la corrupción de frente”.
Se situó entonces como el único director de Tránsito que ha afectado, los que denominó, intereses de una “mafia” que aún persiste dentro de la corporación.
Al respecto mencionó han sido despedidos 35 agentes, 15 de ellos derivado de investigaciones por corrupción iniciadas a partir de denuncias ciudadanas. Los restantes, producto de la aplicación de los exámenes de control y confianza mediante los que se han depurado todas las fuerzas policíacas del país.
“Hoy por hoy puedo decirles, a esta corporación le falta para sanearse, lo reconozco. Pero hemos dado avances muy importantes”.
El funcionario centró su atención, no obstante que el personaje no estuvo entre los declarantes en su contra en la conferencia de prensa de la semana pasada, en el ex comandante de la corporación Alfredo Hernández Vázquez.
Al ex subdirector operativo de la DTTyV le atribuyó una serie de actos ilícitos contenidos dijo, en 300 expedientes que fueron remitidos a la Secretaría de la Función Pública.
Cabe recordar que Hernández Vázquez encabezó en octubre de 2013 un paro laboral que involucró a 30 oficiales, en reclamo de la destitución de Ortiz Arellano y su investigación por abusos de autoridad y actos de corrupción.
Admitió sobre el tema de los exámenes de control de confianza que derivaron en el despido de dos de los agentes de Tránsito inconformes, fueron practicados hace más de dos años.
Acerca del hecho que los denunciantes sitúan como ilegal, pues afirmaron estas pruebas tienen una vigencia de ocho meses, transcurridos los cuales deben volver a practicarse, y por lo que encontraron en este procedimiento un acto de represalia en su contra, agregó, “bueno, si hay alguna anomalía creo que se deben apegar a la legalidad para poder poner la denuncia correspondiente a dónde corresponda”.
En este sentido, fue reiterativo en la precisión de que estas evaluaciones son competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, con cuyo departamento jurídico los agentes reprobados ya firmaron un convenio de finiquito.
En la misma lógica, añadió, la Dirección de Tránsito no da seguimiento al acuerdo firmado el 8 de enero y que según los denunciantes debió haberse cumplido el pasado 28 del mismo mes.
Sobre la denuncia que le presume como probable actor intelectual de un atentado en contra del hermano de Víctor Alfredo Hernández Vázquez, denunciado por el afectado, reviró, interpondrá este 10 de febrero una denuncia “por difamación o calumnia” ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra “de quien resulte responsable” de las especulaciones, que afirmó, se hacen sin tener pruebas.
Luego de precisar que por sus declaraciones Guadalupe Hernández Vázquez, hermano del exsubdirector operativo de la DTTyV, quien todavía se encuentra dentro de la corporación, no será destituido, toda vez que el propio Ortiz Arellano afirmó “es un derecho constitucional de manifestarnos si sentimos alguna inconformidad”, dejó entrever que el agente estaría incumpliendo con sus labores al interior de la Dirección de Tránsito.
Agregó, “tratar de recordarles que ahí hay legalidad, tenemos que acudir a nuestro trabajo, tenemos que presentarnos, tenemos que firmar de que estamos recibiendo de tener una responsabilidad. Por supuesto hay jefes inmediatos a los que hay que informarles cuando nos retiramos, y bueno, si el señor está incurriendo en esta falta por supuesto que haremos los procedimientos que tengamos que hacer”.
Sin precisar si se refería a Guadalupe Hernández Vázquez, Carlos Alberto Flores Flores o Raúl Torres Almeida, quienes hicieron las denuncias en su contra la semana pasada, citó actos de corrupción presuntamente realizados en el municipio Luis Moya por “ese señor que estuvo dando la conferencia de prensa”, mismos que dijo quedaron asentados el 14 de noviembre del 2014 por el juez comunitario de aquella demarcación.
Sobre la emisión ilegal de permisos experimentales que se le atribuye, dijo, “me quiero reír un poquito de esto, pero quiero ser respetuoso con la ciudadanía y con ustedes mismos”.
Remitió a la Ley y reglamento de Tránsito vigentes. “Creo que lo primero que tienen que hacer los señores es revisar un reglamento que para nada lo estudiaron, para nada lo han revisado porque se dedicaron toda su vida a extorsionar, o sea no tienen conocimiento legal. Que revisen un poquito la Ley y el Reglamento para que se den cuenta que el Director tiene esa facultad”.
