Plantea diputada iniciativa de Ley sobre las personas ausentes por desaparición

Plantea diputada iniciativa de Ley sobre las personas ausentes por desaparición

■ En Zacatecas se tienen documentados 185 casos de individuos extraviados: Claudia Anaya

■ Estas situaciones no serían problema de los familiares de las víctimas, sino del Estado, afirma

La diputada Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa de Ley Estatal sobre los derechos de las personas ausentes por desaparición, con la que se busca que no sólo aquellos que estén en paradero desconocido por secuestro o desaparición forzada puedan acceder a los apoyos contemplados en la Ley Estatal de Víctimas, sino que estos lleguen a todos quienes están “ausentes por desaparición” en el estado.

En la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que fue creado en 2011, informó la diputada, se tienen documentadas “hasta el momento” 185 personas desaparecidas o extraviadas en Zacatecas, lo que se traduce en una tasa de 12.4 “ausentes” por cada 100 mil habitantes.

Anaya Mota sostuvo, en este sentido, que la intención es establecer como norma que estas situaciones no sean un problema de los familiares de las víctimas sino del Estado. Destacó que ahora la Ley Estatal de Víctimas no contempla indemnizaciones para este tipo de desaparecidos.

Concluyó su intervención asegurando que a los 185 desaparecidos en Zacatecas “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Al respecto, aseveró que actualmente “no hay mecanismos del Estado que se sumen a la búsqueda y acompañen a los familiares” de quienes están desaparecidos por razones ajenas a la autoridad o al secuestro. Expuso que ha quedado demostrado que hay otros actores, aparte del Estado, que cometen actos de desaparición forzada. Específicamente, puntualizó, “la mayoría casi absoluta de los casos de personas desaparecidas en la actualidad de nuestro Estado, se refieren a acciones del crimen”.

En ese tenor, Anaya Mota subrayó que “el secuestro, el rapto, la privación ilegal de la libertad, la sustracción con fines de homicidio, son otras causas que evidentemente conducen a la desaparición en contra de la voluntad de las personas”.

En la iniciativa presentada, se le obliga al Ministerio Público a elaborar un Registro Estatal de Personas Ausentes por Desaparición, conformado por Actas de Desaparición, que es un documento jurídico que certifica la “ausencia por desaparición” de una persona, el cual se elabora en caso de que, después de 30 días naturales desde la denuncia por desaparición, las autoridades aún no tiene información fidedigna sobre “la vida, el paradero o el fallecimiento” de la víctima.

Se precisa que estas actas “no eximen a las autoridades y al Ministerio Público de continuar con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho y la búsqueda de la persona ausente, hasta que no se concluya con su aparición con vida o el hallazgo definitivo de su fallecimiento”.

Otra medida establecida en la propuesta de Anaya Mota es la obligación del Estado de hacer uso de medios electrónicos y demás espacios publicitarios para intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

Además, entre los puntos también destacados en la ley presentada este jueves, y que fue suscrita por todos los diputados presentes en la sesión, se encuentra el derecho de los desaparecidos “a no ser señalado como sospechosa o responsable de la comisión de hechos delictivos relacionados con su desaparición”.

La diputada concluyó, en su exposición de motivos, que esta iniciativa “es un llamado de atención y una manera de visibilizar esta abrumadora problemática. (…) Por ello, desde el trabajo legislativo, es momento de emprender acciones específicas en torno a un tema que va en incremento, ya no podemos hacer caso omiso a las desapariciones forzadas o desapariciones involuntarias”.

Las dependencias señaladas por la ley como instancias responsables de los procesos de búsqueda, de otorgamiento de seguridad, de garantía de la economía familiar y de cumplimiento de esta legislación son el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría General de Gobierno.

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