Cuando la gente protesta en manifestaciones públicas, ¿qué está haciendo? No está liberando energías pulsionales como los doctrinarios del autoritarismo afirman, tampoco hace meras reivindicaciones de grupos de interés ajenos a la voluntad general u otras justificaciones que pretenden a priori descalificar el derecho a la libre manifestación. No: al manifestarse públicamente lo que la gente hace es exigir al Estado el cumplimiento de ciertos deberes en los que se muestra ausente. Así las cosas, el intento de regular la protesta es una forma de acotar la exigencia.
En realidad lo que están haciendo los políticos es decir a la ciudadanía: “voy a limitar el derecho que tienes de hacerme exigencias”. Cuando nos ponemos a pensar el por qué tantos intentos de la clase política ubicada en la dirección del Estado en parar las manifestaciones, saltan muchas preguntas: ¿qué cosa les preocupa de la protesta social? Las infiltraciones de las manifestaciones para generar la violencia durante las concentraciones y tener el pretexto de intervenir en ellas y reprimirlas, y ahora introducir leyes para poder declararlas ilegales, y con ello escalar la represión, tienen un mismo objetivo: atemorizar y encoger la acción colectiva en protesta. Pero la pregunta importante sigue en el aire: ¿por qué la urgencia de parar la protesta? Veamos.
Si entendemos que son los poderes fácticos quienes se han apoderado del Estado: empresas televisivas tomando ventajas absolutas con amparo de la ley, mineras llevándose metales y minerales con ganancias más cuantiosas que los 300 años de colonia española, cerveceras acaudaladas a costa del agua de los mantos nacionales, telefónicas que producen al hombre más rico del mundo, y próximamente compañías de negocios energéticos apoderándose de 1.2 billones de pesos de renta petrolera anual; además de la operación del crimen organizado que produce varios miles de millones de dólares al año de ingresos brutos. Al ver este fenómeno la avalancha represiva contra la protesta social cobra sentido: la unificación de masas inconformes conforman un contrapoder a la apropiación ilegítima de la riqueza nacional que los poderes fácticos cometen gracias al control que han logrado de las instituciones.
En palabras llanas: la escalada de la protesta representa una amenaza a la obscena captura del Estado por los poderes fácticos. Por ello los intentos de amenazar con cárcel, detener y mandar sin justificación legal a estudiantes a prisiones de alta seguridad, de amedrentar periodistas, confiscar equipo a las radios comunitarias, y lanzar una avalancha de distractores a la población desde las televisoras; y ahora, exhibiendo una ley para regular el derecho a la protesta, adquieren sentido. En una palabra: evitar que la población construya articulaciones colectivas y elabore exigencias que hagan que los poderes reales pierdan el mando, es la finalidad que guía la aprobación de la ley aquí cuestionada. Sin embargo, debemos preguntar también: ¿cuál será la reacción de las organizaciones enardecidas e indignadas al ver que les quitan la salida política a sus reclamos? Porque la medida de limitar la capacidad de exigencia ciudadana significa tapar las salidas políticas a la presión social acumulada. Ceguera: la historia es la maestra de la vida, y la desmedida ambición de los políticos les induce al olvido.
