Hoy vale la pena recuperar el trabajo que Alejandro Morlachetti, posiblemente el académico que mejor conoce la situación actual de los sistemas nacionales de protección a la infancia en América Latina y el Caribe, presentó en el Senado de la República en 2013. La razón es que, en la exposición de motivos de la iniciativa preferente de Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que propone el Ejecutivo, se menciona su trabajo como fuente de inspiración.
El dato más relevante del trabajo de Alejandro, consultor de Unicef y CEPAL, es la constatación de que México, a estas alturas del siglo 21, no cuenta con un sistema de protección integral de la infancia.
Morlachetti identifica a 15 países que cuentan con algún tipo de sistema encargado de “la rectoría, la formulación de políticas y programas sobre infancia y adolescencia”. De una manera u otra en estos países existe un sistema rector y articulador de instituciones y subsistemas obligados a garantizar los derechos de la población de 0 a 17 años, cosa que no ocurre aquí.
De acuerdo con el informe “Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe”, en ese grupo no se incluyen países como México en los cuales “no se puede considerar que se esté ante sistemas de protección fundamentados en leyes de protección integral, y en cuyos casos se destaca la ausencia de una instancia con autoridad y competencias suficientes que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia”.
La pregunta es: ¿esta iniciativade ley general y el “sistema” que se propone cumple realmente con las características que Morlachetti señala?
En el caso de México, señala Morlachetti en su estudio, en la todavía vigente Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “no se establece un Sistema de Protección, y las políticas y programas de infancia dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que es una institución de asistencia social que depende de la Secretaría de Salud y sin competencia para obligar y/o articular a otras secretarías”.
De ese tamaño es nuestro déficit en materia legislativa y de política pública, cosa que en buena medida mantiene las profundas desigualdades y masivas violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes de México en todos los ámbitos.En nuestro país, de acuerdo conUnicef, sólo 16% de los niños y las niñas ejercen todos sus derechos.
Por ejemplo el INEE ha señalado, en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población”.
¿La iniciativa del presidente Peña realmente está dando lugar a la nueva mirada y a las “políticas intersectoriales” que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores, migrantes, indígenas y de localidades rurales?¿Garantiza la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales? ¿Supera la visión asistencialista que ha prevalecido? ¿Esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los “mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia”?
México firmó la Convención de los Derechos del Niño (CDN) aprobada por la Asamblea General los “de la ONU en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. El 19 de junio de 1990 el Senado de la República ratificó su adhesión.
Durante estos años elSistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó, más en el discurso que en la práctica,en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.
El hecho es que los derechos enunciados en la ley de 2000, y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niñosy niñas de México.
¿La iniciativa del presidente Peña nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desordenen la política de infancia y adolescencia y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?
Estas y otras preguntas son algunas que se pueden esclarecer, a la luz del propio trabajo de Morlachetti y de la Constitución.
Recordamos a los legisladores que la CDN se firmó hace 25 años y que es ley en nuestro país. También que existe el artículo 1 constitucional.
Asimismo, que no pueden desaprovechar la oportunidad que se dio el propio Congreso de transformar a fondo la política de infancia al otorgarse, en el artículo 73, fracción XXIX-P, la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”.
Nosotros pensamos que la iniciativa del presidente no está considerando adecuadamente ni el trabajo de Morlachetti ni nuestro marco constitucional. La iniciativa del presidente, al contrario de su ánimo reformista, está mirando al pasado. ■
