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jueves, 25 abril, 2024
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Se niega CRICP a periodo extraordinario para cambiar formato del cuarto Informe

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA • Araceli Rodarte •

■ Iniciativa presentada por el Sol Azteca fue rechazada por el PRI, señala Iván de Santiago

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■ Analiza fracción del PRD la posibilidad de no asistir a las glosas del documento, aseveró

La mayoría de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la 61 Legislatura se negó a abrir un periodo extraordinario de sesiones para cambiar el formato del informe de gobierno y que este 8 de septiembre el jefe del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, acudiera a comparecer ante los diputados y no sólo haga un evento político fuera del recinto legislativo.

Así lo dio a conocer el coordinador de la bancada del Sol Azteca, Iván de Santiago Beltrán, al lamentar que la iniciativa presentada por su partido ha sido rechazada por el PRI, y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Erica Velázquez se ha negado a dictaminar la propuesta.

Es por ello que la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) analiza la posibilidad de no asistir el próximo mes a las glosas del informe, a las cuales acudirán de manera escalonada sólo los titulares de algunas dependencias, quienes serán cuestionados por los diputados sobre los rubros competentes. El gobernador está absuelto de acudir, sólo entrega un informe por escrito.

Al considerar el PRD obsoleto el formato y únicamente una simulación el diputado insistió en que se valorará al interior del partido la necesidad de ser parte o no de un acto que da pocos resultados porque los funcionarios “van y dicen lo que ellos quieren”.

Independientemente de eso, De Santiago comentó que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, harán algunos posicionamientos como partido para rechazar el formato que no permite el debate.

Sobre todo porque no se tienen mayores esperanzas de que se pueda abrir el periodo extraordinario y no se ven condiciones, porque los tiempos al tratarse de una reforma constitucional que se debería enviar a los municipios para que la ratifiquen los cabildos, para lo cual se requeriría un consenso.

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