Santiago. El gobierno de Michelle Bachelet “va a cumplir con la condena” dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por aplicar la Ley Antiterrorista a dirigentes mapuches, quienes deberán ser indemnizados.
Así lo anunció el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en una ceremonia donde Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestó que es grave que la Corte Interamericana haya sancionado a Chile por este cuerpo legal, enfatizando el hecho que la resolución judicial local discriminó por raza a los condenados.
Fueron ocho comuneros mapuches los que fueron condenados por la Ley Antiterrorista. Se trata de los lonkos de Traiguén, Aniceto Norín y Pascual Pichún, este último fallecido en marzo de 2013; el dirigente de Collipulli, Víctor Ancalaf Llaupe; el lonko de Chequenco, Juan Ciriaco Millacheo; los comuneros de Ercilla, Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia; el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco y dirigente de Lleu Lleu, José Huenchunao; y la activista chilena Patricia Troncoso Robles.
