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A partir de la semana pasada en el Congreso de la Unión, mientras la Cámara de Senadores aprobaba las leyes secundarias en materia de Reforma Energética, los medios publicaron una espectacular noticia que ocupó horarios estelares en los noticieros y las primeras planas de los medios escritos: el descubrimiento de un albergue en Zamora, Michoacán, a cargo de una anciana y sus ayudantes, que mantenía prácticamente en secuestro a 500 niños y jóvenes. Algunos sin conocer el lugar de origen ni a sus padres; otros, de lugares distintos; todos, de diversas edades. La situación que horrorizó incluso a muchos políticos de alta esfera, como el procurador general de la República, Murillo Karam, quien ha dicho que jamás se imaginó lo que dentro del inmueble de buen aspecto y decencia, realmente ocurría: las condiciones insalubres y de crueldad en que se mantenía a los menores enfermos, desnutridos, violentados en sus derechos más elementales como seres humanos y en espacios que dejaban a los basureros en buena condición.
Las opiniones se han multiplicado tanto, que ya incluso Vicente Fox, algunos intelectuales de la talla de Enrique Krauze, Jean Meyer y la Iglesia Católica a través del arzobispo Norberto Rivera Carrera, han manifestado sus muestras de apoyo a favor de la abnegada michoacana.
Hay que considerar que la responsable de la casa hogar de la que también, al parecer les fundadora en 1947, incurrió en una serie de conductas tipificadas como delitos graves entre ellas de secuestro, privación ilegal de la libertad y trata de personas. De la misma manera otras conductas atribuidas a la delincuencia organizada.
Independientemente de todo ese escándalo que hoy mantiene a la opinión pública mexicana clamando justicia, vale la ocasión para reflexionar un poco sobre los niños mexicanos. ¿Cuánto valen los que no se encontraban en la casa hogar de la Gran Familia? ¿Por qué esta pregunta? A los niños encontrados en el albergue recién descubierto ya los reclaman sus padres o sus parientes. El encuentro es entre júbilo y sorpresa por el tiempo que permanecieron sin tener conocimiento unos de otros. El gobierno ha comenzado a reubicarlos en lugares para ser atendidos médicamente, para que se les brinde alimento, ropa y se puedan atender su higiene personal.
Muy injustificables resultan las conductas de esa mala mujer y sus ayudantes, por eso debemos ser objetivos y preguntarnos: ¿qué es de los niños que no tienen quién los reclame? Todos somos testigos de que existen niños: limpia parabrisas; tragafuegos, los que son obligados a prostituirse, los que son objeto de discriminación en razón de su preferencia sexual, los adictos a drogas, los que sufren violencia familiar, los que son obligados a trabajar sin la justa remuneración. También, un fuerte problema muy actual, es el de los niños migrantes que se ven obligados, pese a todos los peligros para su vida e integridad corporal, a unirse con los centroamericanos para abordar el tren conocido como La Bestia, y trasladarse al vecino país del norte con un futuro incierto. Existen también los que son presa de la delincuencia.
De ninguna manera es nuevo el problema de los niños mexicanos. Han existido estos y muchos más. Sin embargo, los programas para abatirlos también han estado presentes en algunos gobernantes. Uno de ellos fue el del licenciado Adolfo López Mateos, a través de su esposa la señora Eva Sámano de López Mateos. Este gobernante desde el principio de su mandato, manifestó la voluntad del gobierno de responder vigorosamente al imperativo social y moral de proteger a la niñez por todos los medios.
Su esposa, doña Eva era la indicada para ocuparse de este menester pues en su opinión, “los niños son la única fuerza redentora y debemos por tanto salvarla a tiempo”. Era suya la idea de que “es inaceptable moral y socialmente la pervivencia de carencias básicas en un pueblo, especialmente entre la niñez”, y por eso reformó y afianzó la Asociación de Protección a la Infancia, aquella institución que existía desde 1929, fundada por la señora de Portes Gil, y le mandó construir un edificio cuya primera piedra, colocó ella misma el 30 de noviembre de 1959. Dicho organismo se convirtió en febrero de 1961 y por decreto presidencial en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), cuyo patronato estuvo presidido por la señora Eva Sámano de López Mateos, nombrada para el cargo por el Presidente de la República.
El objetivo principal de esta institución era proteger a la niñez de manera integral, es decir, en su salud física, y en su salud mental. Ella consideraba que la miseria económica se originaba en la miseria moral. En su opinión señalaba: “cuando hay moral, no hay decaimiento ante los demás problemas de la vida por diversos que se presenten. Con moral, hay fuerza para el trabajo y sabiduría para la eficaz distribución del ingreso”.
Hay que considerar que la actividad más importante del INPI, consistió en reforzar y ampliar el reparto de desayunos escolares nutritivos y balanceados que existía desde el tiempo del presidente Obregón, pero bajo este gobierno se logro su institucionalidad. ■
