■ El programa para este efecto propuesto desde la Federación es “solo un parche”, asegura
■ Necesaria, la participación social; no atendían condiciones que producen la delincuencia, dijo
El Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, aunque “es un paso en el sentido correcto”, ya que atiende el problema enfocando a los sujetos y su circunstancia, pues se respalda en una comisión intersecretarial que integra entre otras, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y las correspondientes de Trabajo y Salud, no resolverá el problema, dijo Fernando Montiel.
La estrategia de Enrique Peña Nieto, representa “un cambio profundo” para este tema en comparación con la que propusiera su antecesor en la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, misma que se basaba en aproximaciones policiaco militares en la que se buscaba a los delincuentes para encarcelarles o matarlos, sin atender a las condiciones sociales que producen la delincuencia.
Sin embargo, dijo, está funcionando como “un parche” al tratar de “revertir algo que es mucho mayor en dimensión que la guerra contra el narcotráfico”: la deficiencia institucional para garantizar justo, las necesidades básicas de la población.
El profesor de Estudios de Paz, ex consultor del cuerpo diplomático mexicano y especialista en procesos de mediación y resolución de conflictos, agregó que la forma de atender el problema de seguridad en el país trasciende al Estado y debe incorporar a la ciudadanía en intentos de reconstruir el tejido social.
En México y por tanto en Zacatecas, las políticas de seguridad en los tres niveles de gobierno son monopolio del Estado y sus agentes, prácticamente no existe participación popular o social en ella y “ésta es una de las grandes deficiencias que explican” el fracaso de la política en esta materia, aseguró.
Agregó que es necesario que la gente interiorice la cultura de la transparencia no sólo cuando la exige al Estado, sino acepte que a veces ella misma es parte del problema cuando coadyuva en prácticas ilegales o apologistas del delito.
Expresó la necesidad de que estos temas se ventilen públicamente en asambleas vecinales o comunitarias y las personas trasciendan lo que denominó “anomia”, un concepto acuñado por sociólogos que denota la desconfianza generalizada entre seres humanos que se verifica socialmente e impide la reconstrucción del tejido social.
“Si no lo haces tú no lo va a hacer nadie. Si estás dispuesto a sentarte a sufrir por décadas…si tienes la paciencia hazlo”, instó a la ciudadanía, en tanto que las decisiones en esta materia que se implementan desde el Estado y de manera centralista, refirió, tardan años en bajar hasta el ámbito de la cotidianidad de las comunidades humanas, más aquellas con marginación o dispersión poblacional como es el caso de Zacatecas.
Antes esto propuso, “mejor yo me organizo con mis vecinos, tratamos de conocernos y cuidarnos entre todos, incluyendo a los policías”.
Esto último lo dijo en el sentido de no percibirse socialmente que los elementos de seguridad son también personas que tienen familia y atienden a necesidades básicas, lo que los pone en escenarios de tentación ante la corrupción, pues se encuentran en mismo estado de desprotección social y laboral que la mayoría de los mexicanos.
Aseguró que en el armaje de todo este contexto “los perpetradores de la violencia son también sus víctimas; no es tan clara la frontera entre víctima y victimario”, en relación a la incongruencia con que a veces actúan los ciudadanos.
Para el caso de lo que ocurre en pequeñas poblaciones o colonias marginales expuso que “muchas de las bandas funcionan con la complacencia de los que viven ahí. Por las necesidades socioeconómicas”.
Cuestionado sobre el incremento en la población al interior del Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) de Zacatecas, informada el día de ayer por su director, Javier Bernal Ortiz, misma que se expone en nota de La Jornada Zacatecas “va al alza” en tanto que de septiembre de 2012 a julio de 2014, ha aumentado de 500 a 810 reos, y cada día ingresan dos o tres internos, expuso, denota ineficiencia del sistema de justicia.
“Se tiene un sistema de justicia colapsado de antemano que no garantiza que las personas que ingresan sean culpables”, expuso.
Lo que refiere el fenómeno del incremento de la población de presos en Zacatecas, es que los policías están aprehendiendo gente.
En un país como México donde 60 por ciento de los internos se encuentran en esta situación sin sentencia, el hecho de su reclusión no necesariamente es reflejo de un fenómeno de incremento de la actividad delincuencial.
Lo necesario dijo, es la implementación en Zacatecas de la reforma que en el año 2008 se realizó a nivel federal para desahogar no solamente el trabajo de ministerios públicos sino atender con mayor justicia y respeto a los derechos humanos de las personas indiciadas y sentenciadas.
Esta reforma previó como límite para su instrumentación el año 2016. En el estado aunque la reforma fue aprobada en la Legislatura local, no se verifica en la práctica. El hacerlo sería una respuesta a la crisis penitenciaria referida, dijo.
Fernando Montiel fue convocado a Zacatecas para impartir el taller Regional Política Públicas de Seguridad. Los retos a nivel municipal, que se ofreció en el Centro regional de formación política del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Zacatecas.
