La celebración del 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera, encabezada por Enrique Peña Nieto y realizada en Cosoleacaque, Veracruz, siguió la pauta de los actos oficiales de relumbrón y estuvo confeccionada por una demagogia más ficticia que apegada a la realidad, lo que, no obstante, en términos prácticos no desentona con las promesas gubernamentales de mejora social que presuntamente acompañarán a la privatización de Petróleos Mexicanos.
Llama la atención que el Gobierno Federal ni siquiera cuente con las leyes secundarias que serán los soportes de las modificaciones a la industria energética, por lo que se está muy lejos de tener claridad en los impactos reales de esta medida.
El acto gozó del espaldarazo del sindicato de Pemex, y la promesa peñanietista de que México disfrutará de “más gas, petróleo y electricidad” fue celebrada ampliamente por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el director de Pemex, Emilio Lozaya Austin; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y claro está, Carlos Romero Deschamps, cabeza del sindicato petrolero. Es del conocimiento público que esta primera plana de funcionarios cuenta con un negro expediente digno del priísmo ortodoxo, pero en fechas recientes sobresalen Romero Deschamps y Javier Duarte. El primero fue catalogado por la revista Forbes como uno de los 10 personajes más corruptos de México, concretamente por su pericia para beneficiarse del tráfico de influencias, y Duarte sigue la línea de corruptelas y opacidad de Fidel Herrera, además de que es responsable del clima de acoso y muerte que se cierne sobre los periodistas en Veracruz.
Por su parte Peña Nieto no tuvo empacho en compartir responsabilidad con los mexicanos al asegurar que es gracias a la “determinación audaz” de estos que podrá concretarse la transformación del sector energético, pero lo que de facto omite esta declaración es que el gobierno se ha negado sistemáticamente a realizar consultas públicas para optar o no por la reforma, y el consenso que tanto presume está fundamentado en un gasto de al menos 353 millones de pesos destinado a publicidad simplista, la cual por cierto benefició a la camarilla de dueños de medios de comunicación aliados al Gobierno Federal, entre los que destacan El Sol de México, El Universal, Televisa y Excélsior, mismos que reproducen propaganda orientada a justificar la entrada de capital externo. De manera paralela estos medios evitan informar sobre iniciativas ciudadanas como la del colectivo El Grito Más Fuerte, integrado por artistas como Daniel Giménez Cacho y Sophie Alexander, los cuales recientemente llevaron a cabo el Maratón #PorlaConsulta, que en un fin de semana recabó más de 5 mil firmas en reclamo a que se realice una consulta popular sobre el tema.
El discurso de Peña Nieto denota un vaivén que se ajusta a intervalos al legado y sentido histórico de la riqueza petrolera, y por otro lado a la necesidad de “modernizarse”, de terminar con las “ataduras burocráticas”. Los hilos finos de esta retórica se orientan en el primero de los casos a generar consenso e identidad nacionalista en la población, y en el segundo a dar pie a la entrada de capitales e intervencionismo extranjero. Desde que se anunció la Reforma Energética, el telepromter le ha dictado a Peña Nieto discursos cargados en uno u otro sentido, según se trate de generar consenso entre los mexicanos o abrir brecha para el interés foráneo.
Durante el acto, Romero Deschamps fue el encargado de recalcar la necesidad de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Mexicana, y la pinza la cerró la amenaza velada del primer mandatario, al amagar con un país “importador de petróleo, de gas natural y petrolíferos” en razón de la escasa competitividad de Pemex y la necesidad de la entrada de capitales externos como única salida. La respuesta a esto la han dado académicos mexicanos de primer nivel, los cuales argumentan que la modernización de Pemex es viable con recurso propio, y que al mediano y largo plazo la dilapidación de este recurso terminará por beneficiar a los intereses extranjeros. Investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) como Rhina Roux y Jaime Osorio incluso aseveran que la pérdida de la renta petrolera agudizará el clima de descomposición social, ello en conjunto con la vulneración de la educación pública y la situación de desamparo que vive el campo, lo que representa el rompimiento de pactos sociales que al menos de forma precaria habían mantenido al país a flote en medio de la turbulencia neoliberal iniciada en 1982.
El correlato de estos rompimientos son precisamente el atraso y la pobreza, que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), desde 2010 alcanzaba a 80.7 por ciento de la población, además de que 11.7 millones la padecen de forma extrema. Por si fuera poco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de reportar que México pasó a ser su miembro más débil en lo que se refiere a adquisición de comida: 38.3 de cada 100 personas, es decir, prácticamente cuatro de cada 10 mexicanos no tienen recursos para satisfacer esta necesidad esencial. La extensa lista de rezagos y necesidades que padece México alimentan la descomposición social referida, y es necesario tomar conciencia de que la pérdida de la renta petrolera no representa un elemento más en ese listado, sino el detrimento de una de las principales vías para salir de tan adversa situación. Sin embargo, de manera preocupante no existen indicios suficientes para pensar que la paraestatal no corra el mismo destino que Nacional Financiera (Nafinsa), Teléfonos de México (Telmex) o Sidermex, todas paraestatales que en su momento se dilapidaron con la promesa de desarrollo nacional, pero que en la realidad sólo sirvieron para enriquecer a un puñado de empresarios oportunistas en complicidad con la clase política corrupta. ■
