Concluiré -bordando las ideas finales- con la información ofrecida por esta vía, sobre la reunión en la red de OSCs, en Monterrey, donde abordamos el grave problema de las personas desaparecidas (especialmente, desapariciones forzadas) en México. Sin elaborar aún (colectivamente) el necesario proceso de duelo (estrategia de la memoria) que acelere la sanación –resiliencia- de éste (nuestro) dolor/país. Resultados –atroces y deshumanizantes- del “cambio de escala” debida a la violencia vivida, derivada de una estrategia estatal errónea (como lo demuestra, E. Buscaglia, más allá -incluso- de logros importantes: reducción de los homicidios atribuibles a la violencia vinculada a la delincuencia organizada -y a su combate- (según declaraciones del secretario de Gobernación, mucha tela para cortar); o, la captura de Joaquín Hernández Loera).
Recordemos, aquí, qué, de los 27 mil desaparecidos (¿?) en medio de… Los vacíos de poder en México… y, de lo hecho y de lo por hacer (mejor o, peor) en el combate a la delincuencia organizada (para decirlo, con las palabras de Buscaglia), sumergidos en un horizonte donde la incertidumbre crece sin cesar (mientras se desboca -con diferentes temporalidades- la(s) crisis multidimensional(es) expansiva(s)). En tal panorama, y en relación con la “criminalidad institucionalizada” o, todavía…outsider, concretamente sobre el tema de las desapariciones, desconocemos información tan relevante, como por ejemplo, la de las cuestiones relacionadas con el paradero de las personas desparecidas, y sobre la efectividad de la búsqueda (la integración de las listas; la utilidad de los análisis de ADN). Tampoco sabemos, mucho, sobre lo relacionado con la distinción entre dos tipos de casos; por un lado, las desapariciones forzadas (DF), por el otro, las cometidas entre particulares, desapariciones involuntarias. Las primeras, como sabemos, son aquellas en donde ha participado directa o indirectamente un funcionario público (agente de seguridad, funcionarios de dependencias gubernamentales, cargos electivos, etc.), puede servir como indicador del desempeño (y/o de la infiltración) del sistema de justicia, del sistema de seguridad pública, etc., en suma, de la perversión a que podría estar sometido, el llamado “Estado de Derecho” -y el régimen de democracia representativa-. De paso, recordemos que “la esencia misma de las desapariciones forzadas, es -justamente- ocultar la suerte o el paradero de las víctimas”. De ese núcleo deriva –también- el hecho de que sea extremadamente reducido el número de sentencias contra funcionarios involucrados; y, altísima la impunidad. En suma: la justicia -tout court- no es -por desgracia- efectiva. Las acciones realizadas, no son suficientes, ni tienen capacidad de desalentar a los funcionarios proclives a cometer este delito (y/o, crimen, cuando -por desgracia- terminan con la vida de sus víctimas).
Invitados por Cadhac, organizador de estos eventos, contamos con la presencia del conferencista, Alan García, de la Oficina del Comisionado para desapariciones forzadas de la ONU (México).
Sintetizare mis notas, desgranando sus principales ideas: en México… “la situación es crítica por partida doble. Hay una creciente cifra de desapariciones forzadas, y no se ha hecho nada efectivo, hay una acumulación de impunidad. En términos históricos, puede hablarse de dos momentos, el primero se dio, cuando el Ejército (y, otras fuerzas de seguridad), enfrentaba a disidentes políticos, o, también, a quienes eligieron la vía armada, aquí el patrón de las desapariciones, fue centralizado, alcanzando su punto más alto en los años 70, negado por el Estado, vencido por la contundente evidencia, termina reconociéndolo (discursivamente). El segundo momento, la presente pesadilla, donde la desaparición forzada, se convierte en el grave problema que padecemos, pero más difuso, donde las desapariciones son más difíciles de documentar, de diagnosticar (más de 2000 autoridades y policías municipales, policías estatales, federales, ejército, y la marina; y complejas complicidades). El reto inmenso, ahora será el de cómo enfrentar las desapariciones forzadas de manera efectiva, implementando una solución de carácter integral. Para ello, Alan García nos planteó: la necesidad de que se tipifique -y legisle- la desaparición forzada. Una ley general, que permita una respuesta coordinada de todo el Estado. Diseñar estrategias que garanticen el derecho a la verdad. Realizar una sumatoria de fuerzas con organizaciones y actores de la sociedad civil, en la medida, en que sin ese acompañamiento, las posibilidades de mejorar substancialmente la justiciabilidad, disminuyen tajantemente. Adherirse a la solicitud de que México presente el informe de desapariciones forzadas, en 2014. Incidir en la agenda pública para que se modifique el código militar, en caso de violaciones a los derechos humanos (y no sólo en el caso de desapariciones forzadas), aplicando la jurisdicción civil”.
Agenda de la 2° reunión: realizar un foro sobre desapariciones forzadas o involuntarias, en el edificio del Senado, en mayo; campaña de visibilización; fortalecer nuestra red de OSCs, etc. Mientras esperamos la cita concertada con el procurador. Volveré bordando ideas del valioso libro de Edgardo Buscaglia. ■
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