■ Necesarias, reformas institucionales que garanticen desmantelamiento patrimonial de grupos criminales
■ Cártel de Sinaloa es una red delincuencial altamente sofisticada; tiene presencia en 50 países, dice
Si la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tan sólo se queda en una detención y no se traduce en reformas institucionales que garanticen el desmantelamiento patrimonial del cártel de Sinaloa y del resto de organizaciones criminales, este hecho “va a ser inconsecuente. (…) No tenemos que personalizar la lucha contra la delincuencia organizada”, aseguró el investigador de la Universidad de Columbia y especialista en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia.
El analista y especialista en temas de seguridad fue entrevistado en exclusiva por La Jornada Zacatecas, durante su visita a la entidad donde presentó su libro Vacíos de Poder en México.
El académico expuso que esta captura prolongará la “luna de miel internacional del presidente Enrique Peña Nieto” y le dará un importante capital político para que “siga siendo proyectado como un presidente ejemplar en medios internacionales, como el Financial Times y The Economist”.
Sin embargo, sostuvo que “si se verifica que es Guzmán Loera”, no significa que el cártel de Sinaloa vaya a debilitarse de manera automática, sino que este continuará expandiéndose mientras las acciones gubernamentales no se centren en lograr el desmantelamiento financiero de los grupos criminales.
Estas redes delincuenciales son altamente sofisticadas, agregó, y en el caso de la de Sinaloa tiene presencia en más de 50 países y El Chapo solamente es un integrante del “directorio, pero estos directorios tienen muchos miembros y se pueden reemplazar”.
Aunque reconoció que esta captura supone una gran victoria táctica y operativa para Gobierno Federal, aseguró que el procesamiento judicial tiene que enfocarse a que El Chapo aporte la información precisa que “permita desmantelar la estructura política y económica que lo ha sostenido a él y le ha permitido a su organización expandirse a 54 países”.
La detención de los capos de grupos criminales es una condición necesaria, pero no suficiente, expuso Buscaglia, para contener estas redes tanto mexicanas como de otras nacionalidades, entre ellas chinas, rusas, ucranianas e indias, que se han instalado en el país y operan desde el interior de la República.
El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana añadió que después de esta captura hay que esperar a que Gobierno Federal continúe con la detención de “políticos, desmantelamiento de empresas legales en el sector de la construcción, en el sector minero, en el sector agropecuario, y no sólo en México, en Guatemala, en Honduras, donde la red criminal Sinaloa tiene activos importantísimos”.
Esos son pasos necesarios en el proceso, subrayó, al igual que el de crear unidades de investigación patrimonial autónomas a nivel nacional y en cada uno de los estados, que trabajen para identificar y combatir los activos reales de los grupos criminales, es decir, las empresas legales que generan ganancias de “miles de millones de dólares” para estas organizaciones.
Si se implementan políticas de estas características, puntualizó, se empezará a tener una disminución en la frecuencia con la que se cometen delitos relacionados con la delincuencia organizada como los secuestros, las extorsiones, el tráfico de armas, drogas y personas, así como el contrabando, la piratería, entre otros.
Sin embargo, Buscaglia señaló que en México todavía no se advierten este tipo de mejoras institucionales y añadió que “hasta que no comencemos a ver eso, yo no voy a empezar a cantar victoria”.
Así, tras exponer la ausencia que hay por parte de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, de políticas que combatan de manera efectiva a la delincuencia organizada, concluyó que “no hay país del mundo que haya contenido y frenado a empresas criminales de la envergadura de la de Sinaloa, que no haya, primero, mejorado el desempeño de sus jueces, fiscales y policías; los controles patrimoniales que permitan desmantelar empresas; los controles legislativos (…) a través de comisiones del Congreso ‘con dientes’; y controles sociales por parte de la sociedad civil”.
