La polémica que está acompañando a la decisión unilateral de la autoridad educativa de eliminar la prueba Enlace tiene que ser aprovechada para analizar los beneficios de este tipo de instrumentos en el diseño de la política educativa, así como para identificar los errores que se han cometido en su uso y abrir la posibilidad ya sea a un Enlace mejorado o a otro instrumento estandarizado censal que permita la evaluación individual del aprovechamiento de estudiantes tanto de educación básica como de media superior con el fin de orientar políticas educativas en el país. Su revisión puede contribuir a atajar varios de los vicios en el sistema educativo mexicano que han operado en contra de su calidad.
En el sexenio anterior, la autoridad educativa federal decidió aumentar los usos de la prueba Enlace para incorporarla a la evaluación magisterial dentro del programa Carrera Magisterial. La ineficacia y opacidad con la que se habían llevado a cabo hasta entonces las evaluaciones de los profesores beneficiarios de este programa y la captura de la estructura evaluadora por parte del SNTE, hizo pensar a la autoridad que mediante un instrumento de evaluación externa en el que reflejara de alguna manera más objetiva al desempeño docente, se podría identificar mejor y premiar a los buenos maestros.
Sin embargo, múltiples errores y omisiones se cometieron y los buenos propósitos debilitaron los posibles beneficios de Enlace. La distribución de beneficios económicos en un contexto de captura de la estructura educativa por parte del sindicato, en que las autoridades –jefe de sector, supervisor o director- se han nombrado hasta ahora con base a la lealtad político-sindical y no al mérito, junto con los incentivos naturales de los docentes por querer aspirar a estas remuneraciones, terminó por crear las condiciones propicias para el fraude académico y la corrupción.
En un cálculo conservador la autoridad reportó que a nivel nacional se detectaron al menos 6 mil 498 estudiantes de primaria y secundarias con resultados en el que se sospechaba copia en sus pruebas Enlace (El Norte, 18 de septiembre, 2013).
La práctica de corrupción de la aplicación de la prueba se desarrolló con impunidad (ningún maestro fue sancionado por fraude académico) y exhibió, además de los problemas de implementar una prueba estandarizada sin controles adecuados, que la captura institucional del aparato educativo por parte del SNTE es nociva para alcanzar la calidad educativa.
Asimismo la autoridad fue incapaz de transmitir a los padres de familia, a los maestros y a la opinión pública en general el significado de los resultados de Enlace. No se desarrollaron políticas para reuniones periódicas de maestros junto con sus directores para discutir fortalezas y debilidades detectadas por los resultados para hacer los ajustes de enseñanza necesarios ni mucho menos se buscaron reuniones similares con los padres de familia. La aplicación de la prueba tampoco se acompañó de cuestionarios que permitieran detectar las condiciones socioeconómicas de los alumnos o al menos de las escuelas a las que asistieron.
Pese a las limitaciones señaladas en Enlace, la decisión de las autoridades educativas por abandonarla es equivocada y apresurada. Por un lado existe un intercambio de culpas mutuas entre el secretario Chuayfett que argumenta que con la reforma educativa la SEP no tiene facultad alguna para evaluar calidad educativa y el INEE cuyos miembros de la junta han señalado que la decisión de la desaparición de esta prueba es una decisión exclusiva de la SEP, ya que ellos no tienen facultades para evaluar alumnos individualmente.
Los problemas enunciados con Enlace tienen soluciones técnicas así como de política pública que llevarían a fortalecer el instrumento, no a echarlo por la borda fracturando la continuidad de los esfuerzos por tener instrumentos externos que nos permitan fotografías individualizadas de lo que aprenden los alumnos. Se puede, por ejemplo, disminuir el excesivo uso de preguntas de opción múltiple y sustituirlas por preguntas que impliquen soluciones más detalladas, argumentación analítica de los reactivos. Se puede acompañar su aplicación de cuestionarios de contexto detallados que recojan información socioeconómica de las escuelas y comunidades del alumno.
Abandonar la prueba, cuando está en marcha un estudio que costará poco más de 3 millones de pesos para ver sus fortalezas y debilidades técnicas, parece por decir lo menos, un despropósito cuando no desnuda un posible prejuicio que se tiene en contra de la prueba por parte de las autoridades tanto del INEE como de la SEP.
Además, los críticos de Enlace no han brindado hasta ahora una alternativa en la que se pueda vincular un modelo de gestión educativa con el legítimo derecho de padres y de la sociedad en su conjunto, para que el sistema educativo rinda cuentas de la calidad educativa que le brinda a los niños y jóvenes del país. ■
*Director de investigación de México Evalúa
