En una bizarra muestra de la corrupción y discrecionalidad que rodean a los acuerdos y compromisos entre los sectores político, jurídico y comercial que operan en México, Wal-Mart se sumó en días recientes a los corporativos nacionales y extranjeros que interpusieron amparos para evitar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haga públicos los nombres de las compañías favorecidas con la condonación de créditos fiscales por 74 mil millones de pesos en un periodo de seis años. La madeja, jalada por los ciudadanos que interpusieron solicitudes de información, ha llevado a empresas como Televisa y TV Azteca a abrir la chequera para contratar un ejército de abogados bajo la encomienda de silenciar al SAT mediante todos los recursos legaloides a su alcance. El trabajo y las decisiones de los jueces federales encargados de decidir en el caso habrán de cargarse hacia la larga lista de funcionarios públicos que mantienen los privilegios y excesos de estas empresas, o hacia las voces de quienes los denuncian. Sin embargo la propia tentativa de actuar sobre el SAT se suma a la larga lista de deshonrosas acciones por parte de estas compañías, las cuales se han perpetuado en el paraíso fiscal que México constituye debido a las leyes del libre mercado, la subordinación nacional a los grandes consorcios gracias a acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC), y a la corrupción que permea tanto en el sistema político como en el legal. En particular el caso de Wal-Mart resulta representativo por su expansión en diversos países, y las omisiones por parte de las autoridades nacionales para detener las prácticas de esta empresa sólo se explican por las corruptelas e irresponsabilidad del gobierno mexicano, el cual se niega a ver lo que esta multinacional representa. Y es que los efectos negativos de la compañía controlada por la familia Walton tienen que apreciarse como lo que son, un amplio abanico de prácticas ignominiosas. Entre éstas destaca que mientras Fortune Global 500 la catalogó en 2012 como la tercera mayor corporación pública del mundo, la explotación y el empobrecimiento sistemático de sus empleados ha sido clave en su modus operandi para obtener tantos recursos. De acuerdo a la Red de Organizaciones contra los Abusos y la Impunidad de Wal-Mart, desde su instalación en 1991 en México esta multinacional se ha convertido en el principal empleador privado del país con 250 mil trabajadores que han recibido hasta 140 pesos mensuales por sus labores, además de estar obligados a tomar como paga vales para usarse en la propia empresa, al más puro estilo de las tiendas de raya. De igual manera en 2008 varios de sus trabajadores comenzaron a denunciar ante legisladores nacionales las prácticas a las que eran sometidos, entre las que destacan los salarios de hambre, la ampliación indiscriminada de la jornada laboral y una serie de medidas internas para bloquear a los empleados con mayor antigüedad para que no tengan acceso a asensos o acumulen más años en la empresa. Pero incluso entre los explotados hay niveles, pues si en general los empleados “de pasillo” padecen estas políticas de terror, la vulnerabilidad se agudiza entre las mujeres, niños y adultos mayores. Las primeras han denunciado desde acoso sexual por parte de supervisores hasta la exigencia de certificados de no embarazo para ser contratadas (práctica que por cierto es muy común en las maquiladoras que comenzaron a pulular en lugares como Ciudad Juárez y ahora se extienden como hongos hacia el resto del país), de acuerdo a las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y la Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer (Semillas). Los niños pueden laborar en estas tiendas pero sin sueldo o seguro médico, y sólo pueden aspirar a recibir propinas, lo cual parece más una tentativa de los grandes consorcios internacionales para adiestrar a millones de individuos a vivir de “extender la mano”, que una verdadera oportunidad de desarrollo laboral. Los adultos mayores son un caso realmente trágico, pues deben pasar largas jornadas laborales de pie, acomodando artículos en bolsas o acarreando los carritos desde el estacionamiento. Si una sociedad puede ser juzgada por cómo trata a sus ancianos, Wal-Mart es un buen referente del inframundo que le espera a miles de nuestros ancianos. Sin embargo es poco probable que estas denuncias prosperen y la empresa cambie sus políticas, pues ello no ha ocurrido ni siquiera con el escándalo que el New York Times destapó en 2012, cuando denunció que Wal-Mart habría pagado cerca de 24 millones de dólares a diversos funcionarios mexicanos para acelerar la apertura de algunas de sus tiendas, bajo la premisa de ser dominante en el mercado; o con el escándalo de la apertura de una de sus unidades cerca de las pirámides de Teotihuacán. Pese a que la medida generó una férrea resistencia social por las implicaciones de esa nueva tienda, y que incluso el Plan de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de San Juan Teotihuacán limitaba el comercio en el área, la multinacional consiguió establecerse muy cerca de las pirámides. De acuerdo al propio Times, una serie de sobornos que alcanzan los miles de dólares se repartieron entre funcionarios mexicanos para conseguir abrir estas sucursales. No obstante, las políticas de reducción de costos de este gigante comercial sobrepasan por mucho el territorio mexicano, y resulta aleccionador que en lugares como Alemania, una de las actuales potencias económicas mundiales y ejemplo de calidad en su producción, estén prohibidas las operaciones de Wal-Mart. Como contraparte está el propio Estados Unidos, donde a pesar de que en la retórica de “empresa responsable” Wal-Mart ha invertido millones de dólares, los costos sociales han sido altísimos, y han alcanzado sus niveles más graves en la precariedad laboral y en la falta de asistencia médica adecuada en la esfera de sus empleados, y en el desplazamiento o cierre definitivo de miles de tiendas y negocios familiares en la esfera del comercio local, lo que ha implicado trabas en las economías regionales puesto que la fuga de recursos es considerable. Hoy por hoy el caso Wal-Mart debe ser analizado y sobre todo regulado por las autoridades tanto mexicanas como extranjeras, pues implica una llamada de atención sobre la sombra que se cierne sobre diversos países, sombra que es generada por los corporativos que cuentan con una chequera ilimitada ya sea para pagar ínfimas multas o para sobornar voluntades. ■
