Primera parte
En los últimos días causó gran polémica que Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dijera que entre las innovaciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está la entrega de lentes para que los niños permanezcan en la escuela.
Es posible que sea un detalle menor, en medio de una estrategia que está “conceptualizada” como “el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria”.
Sin embargo este “detalle” nos trae a la mente la vocación de nuestros políticos por hacer simplificaciones excesivas de una realidad compleja. No es la reducción de la complejidad para atrapar la realidad y ubicarse mejor, para actuar y tomar decisiones relevantes, sino más bien una inclinación por ocurrencia, independientemente de la pertinencia. Decir, por ejemplo, que ponerle lentes a los niños es la mejor forma de abatir la deserción escolar parece a todas luces un exceso.
En este sentido me parece relevante señalar, junto a lo anterior, que en los reflejos de la clase política están normalmente “soluciones” de tipo asistencial, a problemas de tipo estructural. Evidentemente es importante que todos los niños que asisten a la escuela vean bien. Pero quizá, como señala Ana Laura Magaloni en su texto en “Reforma”, “el hambre, la necesidad de ganar dinero y la violencia intrafamiliar, entre otros, son causas centrales de la deserción escolar, y quizá sean mucho más importantes que la discapacidad visual”.
En todo caso preocupa que este “detalle” anuncie la ausencia de un planteamiento bien pensado, desarticulación de las políticas y dinero tirado a la basura. El funcionamiento de las “comisiones intersecretariales” en México deja mucho lugar a las dudas. Para empezar hay que decir que se desconoce el diagnóstico. De otra forma quizá no se pondría en el centro de las innovaciones la entrega de lentes, sino más bien políticas y metodologías adecuadas para tratar factores de riesgo.
El “Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia” www.odisea.org.mx ofrece información relevante sobre la población de 0 a 17 años, que tendría que ser considerada por Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para generar política pública dirigida hacia esas 251 demarcaciones. Algunos de los 27 indicadores que mostramos a continuación pueden dar idea de la problemática y de las acciones que se requieren, como dice Mauricio Meschoulam y otros, para combatir la violencia estructural y fomentar la paz estructural, independientemente de otras acciones precisas para combatir el crimen. “La paz es algo que se promueve, se construye, a partir de condiciones de raíz”.
En los municipios del SUBSEMUN, uno de los ámbitos de intervención del programa mencionado, la población de 0 a 17 años representa el 33.06% de la población total. Esto es un mundo: son 24 millones 719 mil 851 niños, niñas y adolescentes, de los 74 millones 759 mil 880 de personas que habitan esos 251 municipios.
El semáforo indica que, en términos de la garantía de derechos, las 251 demarcaciones SUBSEMUN no representan el peor de los casos. Estos municipios en general, a excepción de algunos como Ocosingo, Chiapas, ubicado en el lugar 2,305, están relativamente bien ubicados en el ranking. El semáforo indica que de este conjunto, 39 se ubican del lugar 1,000 en adelante (sólo tres están por encima del lugar 2,000) y 153 están entre los 500 mejor posicionados de México. La muestra de municipios del SUBSEMUN tiene un sesgo señaladamente urbano, lo que no impide apreciar enormes desigualdades entre municipios y, sobre todo, una magnitud tal de problemas, expresada tanto en términos absolutos como relativos, que exige atención inmediata.■
