Arrancaron en la Ciudad de México las negociaciones de la tercera ronda bilateral del T-MEC entre México y Estados Unidos, con los equipos negociadores de ambos países reunidos ayer en las oficinas de la Secretaría de Economía (SE). El encuentro se da un día después de que Washington impusiera fuertes aranceles a Canadá, uno de los socios comerciales del tratado.
Los temas que se abordan en esta ronda son comercio de acero, aluminio y sus derivados, el sector automotriz, la seguridad económica, condiciones laborales, agricultura y servicios de pago electrónico. Canadá no participa en este tramo de la revisión, que se limita a la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
En el capítulo automotriz, uno de los más sensibles de la revisión, Estados Unidos ha planteado que requiere que hasta 50 por ciento del valor de los vehículos fabricados en Norteamérica sea de origen estadunidense, lo que representaría un cambio sustancial frente a las reglas actuales del tratado. La industria automotriz es de las más integradas de la región, pues un mismo vehículo puede cruzar varias veces la frontera durante su proceso de ensamblaje.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, no ha viajado aún a México. Se espera que llegue en los próximos días para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, y con el secretario Ebrard.
En la mañana de ayer, Greer adelantó, en entrevista con la cadena CNBC, que Estados Unidos anunciará esta semana aranceles a 60 países, con base en investigaciones sobre trabajo forzado. México se encuentra en esa lista, catalogado entre los países que cuentan con prohibiciones al respecto, pero que “no las aplica”.
La propuesta de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) será un arancel de 12.5 por ciento para países que carecen de una prohibición al trabajo forzado, y de 10 por ciento a los que sí la tienen, pero no la aplican de forma efectiva, grupo en el que Washington ubica a México junto con Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia y Pakistán. Tras el anuncio de la USTR sobre aranceles por trabajo forzado, el pasado 3 de junio, la SE informó que, luego de consultas con la dependencia estadunidense, las mercancías nacionales que cumplan con las reglas de origen del T-MEC quedarían exentas de ese arancel adicional. Asimismo, destacó que la medida estaba relacionada con una estrategia de Washington para sustituir los aranceles impuestos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
La semana pasada, la Casa Blanca ya había anunciado aranceles de 25 por ciento a Brasil, por “prácticas comerciales desleales”. Un día antes del arranque de esta ronda, el gobierno estadunidense impuso también impuestos de 50 por ciento a la mayoría de los productos canadienses, al alegar un trato discriminatorio contra los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadunidenses.
En un comunicado de la SE, el secretario Ebrard dio la bienvenida en las instalaciones de la dependencia a la delegación de la USTR que visita el país. Las conversaciones del primer día, sostuvo, se desarrollaron a nivel de equipos técnicos. Ebrard expresó su confianza en que las conversaciones sean fructíferas.
El secretario reiteró que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria frente al resto de los países, condición que le ha permitido consolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos, en beneficio de trabajadores y empresas asentadas en el país.
De acuerdo con estimaciones de Banamex, el arancel efectivamente pagado por México a Estados Unidos es de sólo 3.6 por ciento, por debajo del promedio de 6.7 que mantiene el resto del mundo, y muy lejos de 20.9 por ciento que paga China, que alguna vez fue su principal socio comercial, puesto que ahora ocupa México.
El proceso de revisión conjunta del T-MEC arrancó formalmente en mayo pasado, con la primera ronda bilateral en la Ciudad de México. La segunda ronda se realizó en Washington.
El 1º de julio pasado, los tres países acordaron someter al tratado a revisiones anuales en lugar de una renovación completa. México y Canadá habían planteado la posibilidad de renovarlo en ese momento, pero Estados Unidos no aceptó esa opción y se impuso el esquema de revisión anual, vigente hasta 2036.
