El Gobierno de Zacatecas entregó hoy a la 65 Legislatura la iniciativa “Cero Deuda”, una reforma promovida por el gobernador David Monreal Ávila que busca elevar a rango constitucional la prohibición de contratar nueva deuda pública para el Estado, los municipios y sus entes públicos, salvo en casos excepcionales de emergencia y bajo controles reforzados.
La propuesta fue entregada a la Junta de Coordinación Política y reformaría tres ordenamientos: la Constitución Política del Estado (artículo 65, fracción XIV), la Ley de Austeridad y Disciplina, y la Ley de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.
La presentaron el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, la titular de Finanzas, Ruth Angélica Contreras, y el coordinador general jurídico, Armando Ávalos, ante medios de comunicación en la Legislatura.
Solo se permitiría endeudamiento ante tres supuestos: desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas. Las emergencias sanitarias deberían contar con declaratoria federal. Además, la emergencia únicamente abriría la puerta al análisis, no autorizaría por sí misma la deuda.
La secretaria de Finanzas explicó que, antes de contratar deuda, se tendrían que agotar las disponibilidades presupuestales y de tesorería, fondos, reservas y otras fuentes de recursos. El financiamiento de proyectos de largo plazo se contrataría preferentemente mediante empresas públicas u organismos, buscando que los ingresos del propio proyecto permitan pagarlo. Además, tendría que cumplir seis criterios concurrentes: necesidad económica, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad, sostenibilidad del costo financiero, responsabilidad temporal e intergeneracional, y sostenibilidad integral y resiliencia.
Un cambio central, dijo, es que tener capacidad de endeudamiento o clasificar un proyecto como inversión pública productiva ya no bastará para justificar un crédito: “el techo deja de ser un permiso”.
La reforma limitaría los créditos de corto plazo a desfases temporales entre ingresos y pagos, sin utilizarlos para cubrir déficits estructurales. La Sefin señaló que las necesidades de nómina, adeudos de ejercicios anteriores y pasivos circulantes no justificarían por sí solos estos créditos: tendría que acreditarse un ingreso cierto y calendarizado para liquidarlos. También se plantean restricciones para pagar deuda anterior, refinanciar o reestructurar créditos de corto plazo, así como un periodo de 30 días antes de contratar otro.
El secretario general subrayó que la deuda pública del estado asciende a 6 mil 400 millones de pesos y destaca que no se ha contratado deuda nueva en cinco años de administración.
La secretaria de Finanzas señaló que la deuda de largo plazo compromete recursos hasta 2033, con una erogación proyectada de casi 11 mil millones de pesos en los próximos 11 años.
Ante el cuestionamiento de cómo se atenderán los adeudos municipales por laudos, cuotas del IMSS y retenciones de ISR, y si la reforma impediría solicitar adelantos de participaciones para pagar aguinaldos y nóminas de fin de año, la secretaria de Finanzas respondió que los municipios deben cumplir sus obligaciones fiscales.
Recordó los apoyos del fondo de saneamiento, mencionó la Ley Antiquebranto y dijo que los municipios deben mejorar su recaudación, pues los de Zacatecas ocupan el lugar 28 nacional en captación de predial y cobro del servicio de agua.
