La desaparición de una persona no termina con la denuncia. Para las familias comienza entonces una espera que puede prolongarse durante años y convertir la ausencia en una forma permanente de violencia. Por ello, la aprobación de la nueva Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas para Zacatecas representa, en términos institucionales, un paso relevante: coloca a las víctimas y a sus familias en el centro de la obligación pública de buscar, localizar, identificar y garantizar verdad y justicia.
Aprobada por la Legislatura estatal el 17 de septiembre, la nueva legislación sustituye el marco vigente desde 2020 y establece mayores responsabilidades para autoridades estatales y municipales, mecanismos de búsqueda inmediata, participación de las familias, protección para las personas buscadoras y nuevas disposiciones para el manejo de cuerpos y restos humanos sin identificar. También contempla un Centro de Resguardo Temporal Forense y una coordinación más amplia entre instituciones.
La dimensión del desafío obliga, sin embargo, a mirar más allá de la ley. Zacatecas vivió en 2023 uno de sus peores momentos: la Fiscalía reportó mil 351 casos de personas desaparecidas, cifra que entonces duplicó prácticamente la registrada en 2021. En 2024, el RNPDNO contabilizó mil 20 registros de personas desaparecidas, no localizadas o localizadas; 658 permanecían desaparecidas o no localizadas al cierre del año.
En 2025 hubo una reducción importante en los nuevos registros: 506 frente a mil 071 en 2024, según el RNPDNO; pero 230 personas permanecían desaparecidas o no localizadas al finalizar ese año.
El acumulado sigue siendo estremecedor. Para septiembre de 2026, distintas referencias basadas en el RNPDNO ubicaban la cifra estatal alrededor de 3 mil 900 personas desaparecidas.
La nueva ley será verdaderamente un avance sólo si transforma esa estadística en expedientes atendidos, búsquedas oportunas, identificación forense y, sobre todo, respuestas para quienes llevan años preguntando dónde están sus hijos, padres, hermanos o parejas. Una ley no devuelve por sí misma a los ausentes. Pero puede obligar al Estado a dejar de mirar la desaparición como una cifra y asumirla como lo que es: una deuda humana que no prescribe mientras exista una familia buscando.
