■ No tengo indicación alguna de atender tráfico de influencias, ni de solicitud de diezmos: Ibargüengoytia
■ De 81 plantas tratadoras, sólo 5.50% funciona con deficiencia y 1.72% ya no opera: SAMA
“El sexenio de la infraestructura” como se ha expuesto a modo de slogan por parte de Gobierno del Estado, en referencia a su inversión histórica y el número de acciones realizadas a su administración, y que suma un acumulado ejercido en cinco años de 28 mil millones de pesos, fue no obstante, señalado por los diputados del bloque progresista, por el tema de la corrupción, y en éste, reiteradamente expuesto el presunto cobro de “diezmos” a los contratistas, la realización de licitaciones amañadas, y la presencia de prácticas de tráfico de influencias y conflictos de interés.
Ayer comparecieron en la quinta de las sesiones de la glosa del quinto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Francisco Ibargüengoytia Borrego y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Fabiola Rivera Salinas.
Soledad Luevano Cantú, diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ofreció una serie de datos, cifras, nombres y apellidos, al respecto del presunto actuar de la Sinfra. Entre ellos, el que en los últimos tres años donde se han licitado 782 obras, los zacatecanos han perdido 610 millones de pesos, dijo, porque en 97 por ciento de los casos se eligen los proyectos que tienen los precios más altos.
Dirigiéndose a Francisco Ibargüengoytia Borrego, citó entre otros, el caso de la construcción de la primera etapa del bulevar Centenario, para el que la mejor oferta para su ejecución se encontraba en el orden de los 69 millones de pesos, pero dijo, se eligió a la constructora Blau Group, quien la propuso en 81 millones y medio de pesos.
“De ese tamaño es el negocio de las licitaciones fraudulentas, tan sólo en esta licitación tuvimos una pérdida de 12 millones de pesos”, sostuvo.
Agregó que aunque la Sinfra cuenta con personal para realizar los proyectos, que es además requisito para obtener los recursos desde la Federación, luego se contrata a empresas “para que vuelvan a elaborar los planos”, lo que situó en un costo por el orden de los 97 millones de pesos durante el presente sexenio.
Las grandes obras de la presente administración fueron puestas en tela de juicio, por su pertinencia social, sus altos costos, su calidad y la forma en que se otorgaron en licitación, pero también, por las discusiones que generaron entre la ciudadanía respecto, en algunos casos, al tema de la conservación patrimonial, entre ellos, Plaza de Armas y la Alameda Trinidad García de la Cadena.
La legisladora se refirió a Ibargüengoytia Borrego como “un instrumento de la corrupción” del gobernador y su hermano Juan Alonso Reyes, quienes fueron señalados de estar detrás del cobro de los “diezmos” de 20 por ciento, a los contratistas de obra.
Hubo también señalamientos respecto a lo que llamó “constructores consentidos” de la presente administración, entre los que citó a Raúl Avalos, de AMASA; Guadalupe Bañuelos “y su familia”, y los hermanos Granados Enciso y Pedro Lara.
Al primero que se habría favorecido con contratos por 385 millones de pesos, entre ellos, dos de estas grandes obras, los del Centro Cultural Centenario y el Parque Industrial Aeropuerto.
El caso de Lara fue referido como “el mayor patrocinador de la campaña de Miguel Alonso”, y dijo, ha recibido más de 300 millones de pesos en contratos de obra pública, mediante diferentes empresas, entre ellas, Grupo Plata, Rumbo constructora y, Tierra y espacio.
José Luis y Andrés Manuel Granados Enciso, agregó, “merecen atención”, pues sin experiencia en el ámbito de la construcción “se ostentan como sobrinos de la esposa de Juan Alonso”, mediante lo cual habrían obtenido contratos por 180 millones de pesos de la Sinfra.
Las observaciones de Luevano Cantú fueron reforzadas en su momento con mismos señalamientos, esto es, respecto a la existencia de presuntas prácticas de corrupción, por los diputados Iván de Santiago, Rafael Flores Mendoza, Eugenia Flores, todos del PRD; José Luis Figueroa, de Morena, y Mario Cervantes, del PAN.
A los cuestionamientos sobre “el diezmo” y la respuesta a la pregunta expresa de Figueroa Rangel: “¿Usted juraría que en este gobierno no hay corrupción? Para que nos lo puntualice”, el funcionario del Ejecutivo estatal, respondió, “pues bueno, muchos constructores me han preguntado sobre esa dinámica y yo soy el principal que les digo que si alguien lo hace lo denuncien conmigo. No tengo indicación alguna de atender tráfico de influencias, ni de solicitud de diezmos”.
Y aseveró que “sí puedo jurar que no he recibido indicación”, otra vez, para referirse a presuntas instrucciones del gobernador al respecto.
Ibargüengoytia Borrego reviró a Luevano Cantú preguntando su opinión sobre una obra contratada por más de 2 mil millones de pesos a nombre de, al parecer, una homónima, de la que dijo no quería asegurar que pudiera cumplir las condiciones de insertarse como un caso de corrupción.
El cuestionamiento no fue contestado por la legisladora, quien no pudo escucharlo, luego que se retiró de la comparecencia antes de que ésta terminara.
La defensa de los priístas, en voz de entre otros, Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, replicó a los cuestionamientos de la oposición, con: “todo tiene una historia”, para decir señalar a “quienes han estado dentro de la función pública” como presidentes municipales y que son actuales legisladores, a los que dijo, fueron asimismo ejecutores de obras “sin consultar”.
Agregó otra vez dirigiéndose a quienes estuvieron al frente de ayuntamientos, y en contestación a sus críticas, que ellos “también pedían los diezmos”.
Esta expresión de camaradería con la que quiso zanjar la discusión de la presunta corrupción, fue rematada por el legislador con una solicitud a sus pares de otros partidos, para “que seamos tolerantes”.
Desde el priísmo se conminó a los denunciantes de presuntas irregularidades, a presentar querellas documentadas ante las instancias correspondientes. Y se expuso que las licitaciones y ejecuciones de obra se han apegado a los lineamientos legales y no han merecido observaciones de la Secretaría de Función Pública de Virgilio Andrade.
Otro tema que se expresó como de reiterado interés entre los legisladores, fue el caso del estado que guardan las carreteras, las cuales fueron señaladas por su mal estado.
Al respecto se precisó por Ibargüengoytia Borrego que luego de dirigirse el gasto en gran porcentaje durante el sexenio a la materia de Seguridad, y Vivienda, y Equipamiento urbano, se virará en lo que resta de la presenta administración al tema de las carreteras y vialidades.
En respuesta al panista Mario Cervantes, dijo sobre la conservación carretera, es “sin duda el reto más importante que tenemos en este momento” y para el que se destinarán recursos, de entre otros orígenes, del Impuesto Minero por el orden de los 100 millones de pesos.
Comparecencia de titular de SAMA
En el caso de la comparecencia de Alma Fabiola Rivera Salinas, titular de la SAMA, se centraron los temas de interés de los diputados, en el servicio que hoy por hoy ofrecen las 81 plantas tratadoras de agua. De ellas aseveró la funcionaria, sólo 5.50 por ciento operan con deficiencia y 1.72 por ciento ya no están en operación.
Se mencionó también la necesidad de ampliar con una segunda celda, por verse rebasada su capacidad, al proyecto de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa), y el avance del proyecto de la Presa de Milpillas.
Al respecto de la disponibilidad de agua, vinculado a este último asunto, Rivera Salinas precisó que actualmente se tiene un déficit de 400 millones de metros cúbicos, “por lo que se considera que Milpillas viene a dar una solución para que los acuíferos tengan recuperación de esa sobreexplotación”, esto en alusión a los correspondientes de Calera, Aguanaval y Chupaderos.
Esta presa que aún no tiene una código ante la SHCP para que se le otorgue presupuesto, se expuso ayer en la comparecencia, almacenará en un primer momento 47.3 millones de metros cúbicos de agua de un total autorizado por Gobierno Federal, de 100 millones.
Fueron mencionado en repetidas ocasiones también por los legisladores, entre ellos César Deras Almodova, de Movimiento Ciudadano, los temas del suministro de agua y el saneamiento para el municipio de Fresnillo, el asunto se dijo, forma parte del compromiso presidencial para la solución de este tema.
Temas apenas enunciados, fueron los casos de la contaminación minera a las aguas y suelo zacatecanos, que propuso para análisis Eugenia Flores, y un proyecto que se había exhibido durante la presente administración como importante, la declaratoria de Área Natural Protegida para el Semidesierto Zacatecano.
La funcionaria el Ejecutivo del estado, solicitó a los diputados locales, respaldar la necesidad de presupuesto para su dependencia, toda vez que se anuncia que el tema del medio ambiente será uno de los que sufran mayores recortes en 2016, aun cuando hay temas que resolver, como los impactos del cambio climático y para lo que localmente se requiere contar con un fondo.
