Al parecer, a partir del martes 22 de septiembre de 2015 comenzó a circular en las redes sociales un oficio dirigido a la UAZ, firmado por el Lic. Carlos Almaraz Núñez, a la sazón presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en el que se le solicita, grosso modo, que no se proceda a basificar las plazas de técnicos académicos y académicos profesionales, y que se suspendan las contrataciones de estas figuras laborales, hasta que se resuelva el litigio promovido por parte del Stuaz. El oficio exhibe la fecha de 14 de septiembre de 2015, pero el Spauaz no lo había hecho del conocimiento de sus agremiados porque quizás no lo conocía. El abogado general de la UAZ, Lic. Jorge Torres Ibarra, declaró el día 27 de septiembre que no ha recibido ninguna notificación de la Junta Local, pero debido a que es un conflicto entre sindicatos se abstiene de emitir juicio alguno. Así que al menos dos de las tres partes involucradas aseguran no poseer conocimiento de ese documento hasta antes de su filtración en las redes sociales. La respuesta del Spauaz fue tan histérica como, a la larga, inocua. Lo primero que la dirigencia decidió hacer fue tildar de “abuso de autoridad” por parte de la Junta la emisión del documento, y acusar de provocador al líder del Stuaz. Después bloqueó la circulación de la avenida Hidalgo con no más de 100 agremiados –de los 850 involucrados- y solicitó al secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas – aunque antes acusó a ese mismo Gobierno del Estado de conspiración en contra de los agremiados y de atentar contra el Contrato Colectivo UAZ-Spauaz- la destitución de Carlos Almaraz acusándolo, entre otras cosas, de violar la autonomía universitaria. También exigió un pronunciamiento del Rector y la destitución de Jorge Torres por no conducir adecuadamente los asuntos universitarios. La respuesta del secretario general de gobierno parece contundente: no habrá destitución. Ante eso, el líder del Spauaz declaró que solicitará una “rectificación“ del Lic. Carlos Almaraz.y un pronunciamiento por parte de la Rectoría.
La actitud del Spauaz es inverosímil, para usar un eufemismo, por las siguientes razones:
1.- El Rector incumple cotidianamente las cláusulas del contrato, y más aún, incumple el laudo del levantamiento de la huelga de 2015 sin que ello amerité movilización por parte de la dirigencia del Spauaz.
2.- Los directores de las unidades académicas violan de manera reiterada las cláusulas 24A-I y 82 en todas sus fracciones sin que por ello se solicite, fundamentados en el mismo contrato, la destitución de, al menos, un director.
3.- Fue una promesa del campaña del grupo que ganó la secretaria general del Spauaz –Grupo Universidad y aliados en la rectoría- hacer cumplir los Estatutos, y a la fecha ya incumplieron por no citar a sesiones de Coordinadora de Delegados de acuerdo a lo estatuido.
4.- El proceso de basificación del total de las horas ganadas durante el proceso de huelga se realizó sin avenirse a lo pactado en el contrato, sino con base en acuerdos de la dirigencia del Spauaz y la Rectoría, violando derechos de agremiados. Y eso no ha constituido motivo para solicitar la destitución del secretario general.
5.-El secretario general Antonio Guzmán Fernández, afiliado al Grupo Universidad y candidato por parte de ese grupo y sus aliados en el Grupo Renacimiento a la rectoría, dijo en reiteradas ocasiones que presentaría una demanda contra el Rector Armando Silva por haber utilizado las cuotas de seguridad social para otros fines. No lo hizo. El actual secretario general, José Crescenciano Sánchez Pérez, también prometió demandar al actual Rector, y no lo hizo. Y además de no hacerlo, se aliaron al ex rector Francisco Javier Domínguez Garay, el que tuvo la brillante idea de desviar los fondos de seguridad social de los universitarios e implementarla durante su gestión.
Los hechos enumerados, de fácil comprobación, nos permiten afirmar que la reacción de la dirigencia del Spauaz ante la filtración del documento no obedece a una genuina responsabilidad respecto de sus agremiados, sino a una política de defensa de los intereses electorales de su alianza. Porque, si están aliados al ex rector Domínguez Garay, es obvio que no podrán atentar contra sus votantes cautivos, que son las muchas contrataciones realizadas con cargo a los fondos de seguridad social. De la misma manera la necia oposición de la dirigencia del Spauaz de sentarse a debatir con el Stuaz la justificación de las 850 plazas de técnicos académicos y académicos profesionales no puede sino responder a los mismos intereses electorales. No quieren perder ni un voto.
Recordemos que la demanda del Stuaz no es nueva, inició durante la gestión de Guzmán Fernández en el Spauaz. Y recordemos también que Guzmán Fernández estaba de acuerdo en no “defender lo indefendible” y en dejar fuera a todos los que debieran quedar fuera. Eran otros momentos y otros intereses, el día de hoy, ya como candidato, prefiere no recordar aquello y repartir tortas en las reuniones que hace en las unidades académicas. ■
