Abraham Nuncio, articulista de La Jornada Nacional, transcribe (el jueves 25 de enero) un chiste que le llegó por vía de redes sociales y que por lo ingenioso y porque mucho dice, me permito reproducir:
“La ONU acaba de finalizar la encuesta más grande de su historia. La pregunta fue: ‘Por favor diga honestamente qué opina de la escasez de alimentos en el resto del mundo’. Los resultados no han podido ser más desalentadores (y) la encuesta ha sido un total fracaso. Los europeos no entendieron qué significaba ‘escasez’. Los africanos en general no sabían lo que era ‘alimentos’. Los argentinos no entendieron qué quería decir ‘por favor’. Los gringos preguntaban qué significaba ‘el resto del mundo’. Los cubanos pedían qué les explicaran qué significaba ‘que opina’. Y en el Congreso de México, hasta hoy se debate sobre qué quiere decir ‘honestamente’.”
Me sorprendió la respuesta de muchos zacatecanos, en relación con mi colaboración de la semana pasada, que contiene cinco propuestas legislativas para combatir la corrupción y la impunidad. Hubo un planteamiento de universitarios, jóvenes algunos y otros no tan jóvenes, pero pletóricos de ideales que desean participar en el proceso electoral hoy en curso, pero, sorprendentemente, no para el efecto de emitir un voto en favor de algún candidato, sino para pedir, como organización ciudadana y, bajo el lema ¡“No nos volverán a saquear”! a todos los candidatos a gobernador y a diputados a que asuman como propia la propuesta de reformas anticorrupción
Tribunal de Cuentas que substituya a la Auditoría Superior y que excluye a los diputados en la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas, la autonomía técnica y administrativa de las instancias de procuración de justicia respecto del ejecutivo, una Ley de Tabulador General de Sueldos que evite el exceso y abuso, así como los llamados bonos, la autonomía real del Poder Judicial del Estado respecto del ejecutivo y una ley que regule y controle la designación de asesores y que hoy constituye, salvo sus excepciones, una plaga de parásitos sociales. Con todo, la inclusión en el Código Penal del Estado, de una nueva tipología que sancione a detalle la desviación o apropiación indebida de erario público y con características especiales en cuanto a la prescripción de la acción penal.
La organización ciudadana que se propone iniciaría sus actividades de inmediato para presentar a los candidatos las propuestas anticorrupción, pero su lucha continuaría hasta en tanto se aprueben las reformas y sean éstas implementadas.
El broche de esta etapa de Reforma de Estado, sería una nueva Ley de Participación Ciudadana y la abrogación de la que hoy está vigente.
La Ley de Participación Ciudadana que hoy rige y que data del gobierno de Ricardo Monreal, aun cuando contempla las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, hace en el fondo negatoria su implementación y nulo su resultado si lo hubiere. Un grupo de ciudadanos pueden solicitar un plebiscito para que el gobierno consulte a la gente sobre alguna obra o algún tema de interés o un referendo en relación con la aprobación o implementación de alguna ley. El problema está en que para que proceda la solicitud, se requiere el 5% del padrón de electores del Estado, lo que significa más de 50 mil firmas certificadas ante notario y con credencial de elector. Suponga estimado lector que es tal el empeño ciudadano que se lograse cubrir el requisito y, “lástima Margarito”,¡ Las resoluciones ciudadanas no son vinculantes! O sea que no obligan al funcionario a acatar el resultado, entonces ¿Qué sentido tiene una ley con tales características?
La Ley que se propondría y que podría incluir además la figura de revocación de mandato, iniciaría su implementación con un número de firmas razonable y representativo y, desde luego que el resultado de la consulta ciudadana sería vinculante y obligaría al funcionario a acatar el mandato ciudadano en un término perentorio.
Rescatando de la legislación del Juicio de Amparo la figura Suspensión del Acto Reclamado, esta se integraría a la nueva Ley de Participación Ciudadana, a fin de que, a solicitud de la parte ciudadana y previa justificación de la medida, el Instituto Electoral del Estado, constituido en Consejo de Participación Ciudadana, ordene la suspensión de la medida o acto de gobierno, evitando así que pudiera quedar la solicitud sin materia en el asunto, frente a la arbitrariedad del poder público.
La carencia de ética en la administración pública ha tocado fondo. El enriquecimiento desmesurado a escasos seis años es más que notable en algunos funcionarios. Denunciarlo y evitarlo es imperativo moral de los zacatecanos.
Interesados. Facebook: “Asamblea Popular Zacatecas” con Eduardo Goitia. ■
