Como bien lo sabe Perogrullo una reforma educativa para que sea tal debe tener un sello pedagógico por encima de todo. Su esencia es la innovación curricular por lo que hace a los contenidos de aprendizaje, enfoque y método, éste es justamente el talón de Aquiles, de lo que adolece y por lo que se crítica a la reforma peñista.
La iniciativa para reformar los artículos 123 y tercero constitucionales relacionados con la materia educativa y los aspectos laborales de los enseñantes, se presentó en diciembre al cumplirse un mes y días en que Peña Nieto tomó posesión del cargo, tras rendir su primer informe en septiembre de 2013 los estados ya habían aprobado la reforma votada por la mayoría de los diputados, misma que se decretó con carácter de ley junto a la ley secundaria que creó el servicio profesional docente (LSPD, alma y corazón de la reforma educativa que está en curso. De esta forma se había ya desbrozado la acequia por la que no fluían ágilmente las aguas de la educación, se limpiaba y aclaraba el camino para los fines de la RE impulsada por el Estado mexicano.
Las crítica que tras dos años y medio de haberse puesto en marcha se le hace a la reforma por parte de especialistas y de los propios maestros es la de que la LSP tiene un carácter punitivo y que más que buscar la calidad educativa atenta contra los derechos laborales y de estabilidad en el empleo.
El personal educativo depende laboralmente del Gobierno Federal y el de los estados y sus relaciones laborales se rigen por el apartado B del artículo 123. En la propuesta de reforma a este apartado parte por reconocer la importancia y significación de los maestros en la sociedad, pero da a entender que no pueden ser privilegiados en relación al resto de los trabajadores del Estado en materia laboral. La reforma plasmada en la iniciativa busca sobre todo, “sustentada en la fuerza de una disposición constitucional que en materia de ingreso, promoción y permanencia en el servicio [en este caso de los maestros para quienes tiene dedicatoria], permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades…”, sin detrimento según expresa la iniciativa de sus derechos. Lo anterior implica una valoración integral del desempeño docente y como resultado de la evaluación se determinaran los estímulos y reconocimientos de los maestros. La reforma del 123 que normará al gremio magisterial como podemos ver hace énfasis en la evaluación del desempeño de su oficio.
Dicha evaluación permitirá detectar las fortalezas, mismas que deben ser compartidas entre los integrantes del gremio. Por su parte las debilidades deberán tener el apoyo para superarlas. El Instituto Nacional para la Evaluación (INE) creado desde 2012 pasará a ser INEE, agregándole lo de educativa. Éste será independiente según se menciona y entre sus funciones estarán las de hacer evaluaciones confiables del SEN, amén de ser “el único órgano con autoridad para evaluar el Sistema Educativo Nacional. Auxiliara a las autoridades en las evaluaciones y diseño de programas.
Por lo que se refiere al sacrosanto artículo 3° constitucional, la iniciativa de reforma contempló “elevar a rango constitucional la autonomía del Instituto”. Medida cuestionada por especialistas e investigadores para quienes a excepción de los agraciados que resultaron designados consejeros, les pareció algo desproporcionado y único en el mundo, partiendo que la evaluación educativa es un mecanismo técnico operativo y por lo tanto de un carácter meramente instrumental. En la reforma de este mismo artículo se le dotó al INEE de autonomía. ■
