No basta con entender que la corrupción es un fenómeno sistémico y complejo, también se debe atender que es un asunto en el que los involucrados toman decisiones con base a sus valores, criterios de conducta y, sobre todo, a la ambigüedad que en términos jurídicos existe en torno a los principios que deben regir las acciones de los servidores públicos y las personas de la esfera privada que tienen tratos con aquellos.
Lo anterior se ha buscado solucionar, en distintos países, a través de los Códigos de Ética para los servidores públicos. Como se ha reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Comisión permanente de Contralores Estado-Federación en México: “los valores de integridad son ahora ingredientes vitales de una buena dirección” (Confianza en el gobierno. Medidas para fortalecer el marco ético en los países de la OCDE).
Con los recientes esfuerzos en materia anticorrupción, como lo es el Sistema Nacional Anticorrupción y el propio modelo Estatal, así como el diseño de estrategias en materia de Gobierno Abierto, transparencia y rendición de cuentas, la infraestructura ética no debe dejarse de lado. Al contrario, la concientización e incluso la prevención a partir del trabajo articulado entre valores éticos, principios constitucionales y criterios básicos de conducta, para la debida conducción en el servicio público, deben integrarse a estos esfuerzos, de tal forma que la ciudadanía sea parte en dos sentidos de las políticas públicas en estas materias: como vigilante natural, legítimo e idóneo, así como elemento participativo que aplique para sí las normas éticas y jurídicas que le permitan las capacidades antes enunciadas.
Como también lo identifica el documento de la OCDE antes citado “la administración de la ética gubernamental y la política de anticorrupción incluye la coordinación y la evaluación de diversas medidas”, Es decir, ambas estrategias no solo no deben ir por separado, sino que son complementarias, y de la consistencia entre sí dependerá mucho el éxito que se logre obtener, más allá de la coyuntura y la propia sanción. Debemos aceptar que la concientización y el cambio de lo que se entiende por público, pasa sin duda, por un entrenamiento participativo de comprensión de lo que es la integridad ética para todos los asuntos de esta naturaleza.
Pero no solo pasa por este punto, sino también por entender que la ética pública, hoy, abarca más que integridad y transparencia. El Estado de Derecho debe ser un eje rector con vinculación directa sobre estas ideas y la implementación de su estrategia. Los derechos humanos, sus principios, como el pro persona y la no discriminación, deben ser líneas de acción que no pueden quedar fuera, y no sólo esto, en cuyo sentido debe haber un esfuerzo institucional importante, pues no hemos generado aún cultura en este sentido, y al contrario, parece que no hay comprensión de lo importante que es cumplir con el primer artículo de nuestra Constitución TODOS.
Así un Código de Ética, debería contener los principios no solo correlacionados con las políticas anticorrupción, sino con todo el servicio público y la esfera de intervención del Estado en la problemática social; desde los programas sociales hasta los proyectos de desarrollo económico y conducción política del gobierno con enfoque democrático.
Sí, es una visión ambiciosa, sin embargo, sin ésta la articulación no será posible. Es a través de un proyecto integral, de largo alcance, que podremos avanzar y en algún momento consolidar un Estado que no permita que fobias, filias, indiferencias, inconsistencias o negligencias personales obstruyan su buen funcionamiento.
Luego entonces lo que proponemos es: que el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción incorpore un Código de Ética con valores, reglas y sanciones que se consoliden en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En la redacción de este Código de Ética deben prevalecer los principios de la transparencia y el Gobierno Abierto, así como en la integración de los Comités que deberán ver por el cumplimiento de dicho código.
Las ventajas son obvias: articulación, complementariedad y sistematización de una política de ética e integridad públicas; participación ciudadana, credibilidad y corresponsabilidad en la implementación de dicha política y finalmente, y reiterando: lograr un esquema de gobernanza en el diseño, implementación, evaluación y, en su caso, reestructuración del Sistema Estatal Anticorrupción. ■
@CarlosETorres_
*Miembro de Impacto Legislativo, OSC parte de la Red por la Rendición de Cuentas.
