Se sostiene que la democracia es un régimen de gobierno pletórico de incertidumbre, pero reglado. No se tiene certeza alguna acerca de quién gobernará, pero sí de las normas que deben seguirse para lograr el máximo cargo. Es la “indeterminación radical”, concepto introducido por Claude Lefort, del derecho, el poder y el saber (véase Sergio Ortiz Leroux “La interrogación de lo político: Claude Lefort y el dispositivo simbólico de la democracia” Andamios, vol. 2, #4). Si ello es así, entonces los años durante los cuales el PRI gobernó México fueron de certeza y ausencia de democracia. Para mantener esa regularidad se recurría al fraude electoral. Esta posibilidad se mantenía vigente debido a la estructura organizativa del proceso de elecciones, comandado por los testaferros del gobierno. De modo que la reconstrucción del sistema electoral era la condición necesaria para instaurar la democracia en México. Pero nadie imaginó que no era, a la vez, condición suficiente. Algo más se requería. ¿Qué? Jesús Silva-Herzog Márquez trata este asunto en su “La casa de la contradicción” (Taurus, 2021). Para él, la aparición de una institución electoral confiable no resolvía el problema, sino quizá lo apantallaba, lo enuncia de la siguiente manera: “Las urnas fueron el centro de la batalla del fin de siglo. En ello podría verse una concentración sensata, pero también una limitación intelectual y política”. Faltó adosar al aparato electoral un auténtico estado de derecho: “pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante”. Un bonito reflejo de ese régimen “dexiocrático” (neologismo de Silva-Herzog que significa “gobierno de la mordida”) es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Parece claro que los universitarios, pese a todo el jubilo con que hablan de “democracia”, le tienen pavor. Durante el último proceso de reforma, el de 1999, se instalaron dos dispositivos que incrementaban la incertidumbre y reducían a la irrelevancia el régimen de control de los docentes. Por un lado, el voto universal, libre, secreto, personal, no ponderado, para elegir a las autoridades, por el otro, la elección de responsables de programa al margen de las decisiones de los directores. Hoy día no queda rastro de estos logros de la mentalidad democrática universitaria. Fueron liquidados porque adolecían de dos defectos. Primero, generaban conflictos en las escuelas porque las autoridades electas no resultaban de los acuerdos de los grupos políticos, sino de la contingencia electoral. Segundo, evitaban la concentración del poder en una autoridad porque los dispersaba en varias, resultado, de nuevo, de la mera contingencia de los votos. Con un escenario así el peso de los docentes se esfumaba, y los grupos políticos organizados también. Pero tampoco era claro si los estudiantes podrían organizarse para detentar alguna influencia, o si existía la capacidad de organizarlos de alguna manera. ¿Qué resultó, pues, de aquella reforma si sus logros democráticos fueron abolidos por improcedentes? Tres son los logros visibles. Un nuevo campus en el que se podían acomodar las viejas prácticas de control, e incluso se reforzarían debido a la concentración de escuelas en un espacio limitado. Surgió un modelo educativo ficticio, útil para justificar la solicitud de recursos, pero inoperante, capaz de alimentar el discurso de algunos universitarios, pero casi nada más. Por fin, el resultado más relevante, se logró un acuerdo con el gobierno federal para pagar adeudos con el ISSSTE. En resumen, la reforma logró concentrar el control de los grupos políticos, generar un discurso burocrático pseudoeducativo y pagar deudas. La acumulación de nuevas deudas demuestra la miopía de los constructores de la reforma. Al igual que sus homólogos de la transición democrática en México, consideraron suficiente escribir y aprobar una nueva ley orgánica sin dotarla de viabilidad. No se constituyó un “estado de derecho” en la universidad. Ante la posibilidad de un nuevo proceso de reforma, que parece comenzar en el desastre por la baja participación, resulta útil recordar las condiciones que permitieron avanzar en 1999.Una crucial fue el acuerdo de los grupos políticos mayoritarios y sus secuaces. Se podría ver a todos los líderes de facción en el teatro Calderón. Debatían, organizaban, promovían. También era notorio que había recursos. No faltaba nunca el material de apoyo, reproducido con abundancia por una “comisión operativa” que lo repartía en cada escuela y facultad. En todas las direcciones podían verse apilados, al borde del bote de la basura, los ensayos escritos por los universitarios como contribución a la reforma. ¿Son esas las condiciones de la reforma hoy día? No, porque los acuerdos entre grupos parecen inexistentes, y los dineros ausentes. Aquellos miembros de la comisión operativa eran conocedores de la universidad, su política y entresijos. Quienes hoy comandan la reforma, académicos de prestigio internacional, no parecen recordar cómo es la universidad. Esta, aunque a muchos disguste, es irreductible a un puro ámbito académico. Por otro lado, algo importante, en la reforma de 1999 la modificación de la ley orgánica fue total, se reescribió toda. Ahora esto no parece formar parte del proyecto. ¿Seremos algún día, los universitarios, contemporáneos de nosotros mismos?
