Todavía falta un mes para que inicien los tres meses de campaña electoral federal. El mes de marzo estará ocupado básicamente por los accidentados procesos de designación de los candidatos a diputados federales y senadores, así como a los distintos cargos de elección popular en un buen número de entidades federativas que tendrán procesos concurrentes. Estoy convencido de que una manera de evitar que crezca el desencanto con nuestro sistema de partidos y con nuestra democracia, es poner nuestra atención en las plataformas programáticas y propuestas registradas por coaliciones y candidatos independientes, así como las elaboradas por distintas organizaciones de la sociedad o por colectivos de varias universidades. Esa sería una buena manera de contribuir al enriquecimiento de la deliberación sobre las alternativas que México tiene para superar pronto sus rezagos sociales, económicos, ambientales, institucionales y territoriales, entre otros.
Hay que enfocar la atención en formulaciones de largo aliento, o de carácter estratégico disponibles, como la que coordinaron recientemente Rolando Cordera y Enrique Provencio, desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que esbozan orientaciones decisivas para avanzar hacia soluciones viables y factibles, y que parten de la idea de que aunque nuestro país dispone de medios para superar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr formas más avanzadas de desarrollo, lo cierto es que los últimos gobiernos no han sido capaces de movilizar adecuadamente los potenciales y recursos que tenemos al alcance. Activar y organizar de mejor forma los potenciales disponibles no es sólo -y quizá ni siquiera principalmente- un asunto de ingeniería económica y social, sino también -y quizá, sobre todo- de lograr acuerdos y compromisos políticos y ciudadanos que pongan en el centro y le den urgencia a la política de desarrollo, y que el Estado asuma y de cauce a dicha urgencia. Hay que superar la visión dogmática de que el Estado mínimo era la solución.
En las décadas recientes en México se experimentó con reformas estructurales que han dejado un saldo bien documentado de bajo crecimiento económico, niveles muy elevados de pobreza y de concentración de ingresos y riqueza, y, más recientemente, francos procesos de desintegración e incertidumbre social en el marco de una peligrosa oleada de violencia e inseguridad, desconfianza hacia las instituciones y baja credibilidad en los programas colectivos. La idea misma del proyecto para el fortalecimiento nacional sufre descalificaciones, cual si fuese sólo una rémora del pasado autoritario. Es no sólo oportuno sino también indispensable cuestionar esas reformas neoliberales, debatir ampliamente los proyectos alternativos que se presenten para dotar de nuevos contenidos a la idea misma de proyecto nacional.
También es importante confrontar diagnósticos y proyectos sobre las principales preocupaciones de los mexicanos, empezando por la corrupción y la impunidad, la inseguridad y la violencia. Es fundamental que la mayoría de los mexicanos asumamos que nos corresponde dar el primer paso, con el voto, para desplazar del poder político al grupo que administra la red de redes de corrupción que frecuentemente aparecen con gran nitidez ante la opinión pública, al mismo tiempo que la impunidad sigue mostrándose como un vicio que la clase gobernante es incapaz de superar. Hay que estudiar con detenimiento y profundidad las propuestas disponibles sobre esta temática fundamental.
También existen propuestas estratégicas que se proponen la mejora de la distribución del ingreso, tanto a favor de los hogares que menos perciben, como de las personas cuyas entradas dependen de las remuneraciones al trabajo. Se postulan políticas económicas, fiscales y sociales con orientación redistributiva y en el horizonte de un crecimiento más alto que el registrado en las últimas dos décadas, y centrado en la generación de empleos mejor remunerados. Las elaboraciones consideran factible la reducción acelerada de la pobreza, como resultado las propias políticas redistributivas, y por los beneficios de un crecimiento más incluyente. La reducción de la pobreza se asocia, de entrada, con nuevos enfoques de políticas públicas basados en el ejercicio y garantías de los derechos humanos. Se proponen estrategias contra la pobreza basadas en políticas laborales y de mejoras salariales, y en la universalización de servicios y políticas de educación y salud, entre otras, y la mejora de su calidad, no sólo de las coberturas.
Resulta muy preocupante que diversos ejercicios prospectivos avizoran para 2025 un crecimiento económico muy cercano al del último cuarto de siglo. Es una ruta inaceptable e incompatible con un desempeño suficiente para mejorar servicios públicos, generar más empleos mejor pagados, ampliar la oferta de bienes públicos, impulsar más la ciencia y la tecnología, asegurar una conectividad universal, entre otras necesidades urgentes.
Tanto la modernización de la infraestructura como la atención de algunas urgencias sociales suponen revertir la tendencia decreciente que ha tenido la inversión pública, lo cual es indispensable para impulsar un crecimiento más dinámico, inclusivo y sostenido. No sólo se requieren más recursos para la inversión pública, sino también para mejorar las transferencias a los deciles de hogares más pobres. Por ello se postula una reconsideración de la política de finanzas públicas, que se aprecia como factible y compatible con la estabilidad macroeconómica, y por ende, con las políticas monetarias y financieras.
Como se ve, existen propuestas, falta que la sociedad las haga suyas.
