Ciudad de México. El Tribunal Electoral dio la razón a las televisoras y revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual le permite administrar 12 minutos adicionales diarios de tiempo en medios de comunicación durante 66 días, para difundir la elección de los diputados constituyentes de la Ciudad de México.
De los 43 asuntos votados -por unanimidad- hasta ahora en la Sala Superior, se obligó además a los partidos políticos a postular a jóvenes e indígenas en el primer bloque de diez candidatos.
Hubo discusión sobre la obligación de imponer estas cuotas. El magistrado Flavio Galván expuso que sólo representan el 3 por ciento de la población mientras sus colegas Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos las defendieron, ya que hay muchos indígenas viviendo en la capital del país, producto de la migración.
En el proyecto presentado conjuntamente por los cinco magistrados presentes, se revocó también la obligación impuesta a los partidos políticos de postular en sus listas de candidatos primero a las mujeres al considerar que la legislación vigente garantiza de manera suficiente la paridad de género.
En la sesión, los magistrados eliminaron el requisito impuesto a los aspirantes a candidatos independientes de presentar las copias de las credenciales de elector de quienes apoyen su postulación. Desde su perspectiva es una “carga excesiva y desproporcionada para los ciudadanos” que inhibe su participación.
También consideraron que el INE vulneró el reglamento de Radio y Televisión y le ordenó definir el orden de aparición de los partidos políticos en los promocionales mediante un sorteo electrónico.
Sobre los 12 minutos adicionales impugnados por los concesionarios y que ya administra el INE desde hace 13 días, señaló que su agravio es fundado. Ello, porque es insuficiente la justificación del INE se que se trata de un procedimiento extraordinario. Por ello, revocó lo relacionado con ese punto en el catálogo de pautas.
Penagos defendió esta resolución. “Si el INE tiene sus propios tiempos no puede en un momento dado sin la justificación jurídica disponer de 12 minutos más dentro de los 48 minutos que corresponden al Estado. Se afecta a terceros en cuanto a la formación de organización en que están establecidos esos programas”.
Dijo no desconocer que se requiere informar a la ciudadanía, “pero tampoco se puede decir que puede disponer de los tiempos que entre proceso y proceso no tiene asignado”. En este punto fue respaldado por el magistrado Salvador Nava Gomar al considerar suficientes los 48 minutos que administrará el instituto en las campañas.
Esto, porque el Tribunal Electoral confirmó que el INE administre48 minutos de tiempos en radio y televisión para su uso por el organismo, los partidos políticos y candidatos independientes durante la campaña de 45 días. También declaró infundado el agravio de que éstos debían estar vigentes durante las precampañas, dado que éstas no se realizarán.
Ratificó que el Partido Humanista no participará en la elección, dado que la Constitución no establece que puedan postular candidatos aquellos partidos que carezcan de registro nacional.
También avaló la decisión del INE de no realizar precampañas en estos comicios que se celebrarán el próximo 5 de junio al señalar que es inexacto argumentar que se deben aplicar los mismos procedimiento que en una elección ordinaria.
Ratificó el reparto de estos tiempos de manera igualitaria entre nueve partidos políticos y el conjunto de candidatos independientes, dado que no hay una previsión en la Constitución.
En esta tema consideró infundado el agravio expuesto por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en el sentido de que no fue consultada sobre los tiempos en que se transmitirán espots de la Asamblea Constituyente. Expusieron que no hay disposición jurídica en la que se exija se consideren estas opiniones, sobre todo porque el INE tuvo un espacio “tan breve” para organizar este proceso.
También confirmó el acuerdo de suspender la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas para garantizar el correcto desarrollo de la elección con principios de equidad e imparcialidad.
