Ciudad de México. En los primeros dos años de este sexenio, sólo uno de cada 10 servidores públicos denunciados por actos de corrupción ha sido vinculado a proceso penal.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que en este periodo el gobierno federal ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 517 denuncias contra empleados gubernamentales por presuntos delitos relacionados con la corrupción, de los cuales 53 (10.2 por ciento) han sido vinculados a proceso.
Así lo informó ayer, al presentar en la mañanera presidencial el informe sobre el combate contra ese flagelo durante el primer tercio de la actual administración federal.
Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria apuntó que los principales delitos observados son: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Aunado a ello, agregó, las autoridades competentes han sancionado administrativamente a 4 mil 193 burócratas (3 mil 528 por faltas no graves y 665 graves).
Estos castigos se dieron principalmente porque los servidores otorgaron o autorizaron pagos indebidos, sustrajeron información, avalaron pagos por bienes y servicios que nunca fueron entregados, ocultaron bienes e incurrieron en hostigamiento o acoso sexual.
Asimismo, sostuvo que la secretaría a su cargo ha remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a mil 737 servidores públicos: 87 ya fueron notificados y mil 650 están en proceso.
Se ha sancionado a 286 proveedores
En cuanto a los casos de particulares, se han ejecutado 286 sanciones a proveedores, de los cuales 222 han sido inhabilitados con multa y 64 sólo con castigo monetario. Con ello, se ha acumulado un monto de 147.3 millones de pesos. En este rubro se han enviado 33 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Las principales faltas cometidas por los proveedores son: presentación de documentación falsa; incumplimiento de sus obligaciones (tienen contrato y no entregan bienes o servicios en tiempo y forma, o nunca los entregan); simulación de experiencia técnica (falsifican su currículo, como cuando aseguran que cuentan con personal calificado y suficiente o con la capacidad económica para atender un contrato), y ocultamiento de conflictos de intereses.
En materia de datos personales, se ha sancionado a 51 particulares con multas por 118.5 millones de pesos.
Por su parte, la mandataria federal indicó que, gracias a acciones preventivas de actos de corrupción en el servicio público, se ha logrado un ahorro al erario de 83.8 mil millones de pesos.
Ambas funcionarias adelantaron que se alista una serie de iniciativas de ley para evitar que los actos de corrupción queden sin castigo por prescripción, mediante la reducción de plazos, límites a los tiempos de investigación y cambios para impedir que los expedientes permanezcan detenidos, entre otras medidas. Se estima presentar esas propuestas en unos 15 días.
Por ejemplo, se busca cerrar vacíos legales y ajustar los tiempos de los procedimientos para impedir que una irregularidad prescriba antes de que pueda ser sancionada.
Otra de las modificaciones busca eliminar vacíos de competencia cuando estén involucrados recursos federales administrados por servidores públicos estatales, pues hoy día, cuando se inician procesos de investigación, autoridades locales y federales se declaran sucesivamente incompetentes.
