El caso está relacionado con el presunto desvío de alrededor de $70 millones que fueron entregados a candidatos del PRI para elecciones locales de 2015.
El jefe de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Región “D”, con sede en la ciudad de San Miguel de Allende, Antonio Lozano González, vendía los automóviles que incautaba en sus investigaciones.