Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, ha sido declarado culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico traducidos en la conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional; conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína; conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas ante una autoridad. El citado personaje fungió también como director de la Agencia Federal de Investigación durante la gestión de Vicente Fox Quesada, por lo que podemos afirmar que García Luna ha sido uno de los funcionarios más influyentes para los gobiernos panistas que tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos de México del 2000 al 2012, periodo que, a la postre, ha resultado tan desastroso como las administraciones priístas. Muchas vidas se han perdido, enormes filas de nombres de desaparecidos, fosas comunes, madres y padres que no saben el paradero de sus hijos e hijas y mucho dolor que se ha impregnado a las entrañas de la Nación ante la mal planeada guerra contra el narcotráfico que, a todas luces, se dirigió en contra de algunos grupos delictivos, beneficiando, a la misma vez, a otros comandados desde la cúspide del organigrama de la Administración Pública Federal Centralizada. Todos sabemos que el depositario de la citada administración es precisamente el Presidente de la República; esa es una gran ventaja, pues cada seis años sabemos, con nombre y apellido, a quién debemos el retroceso o el avance del país desde distintos rubros, en lo económico, político, social y cultural. Así pues, Vicente Fox, y Felipe Calderón, fueron los superiores jerárquicos de Genaro García Luna y, en lo personal, dudo mucho que ignoraran las actividades ilícitas realizadas por García en el ejercicio de sus atribuciones y ejecutadas con el descaro de adquisiciones de inmuebles, vehículos de lujo y otras bondades que se tuvieron a la mano gracias a la corrupción que se encuentra tatuada al ejercicio del poder. En este punto quiero reflexionar en que todos los temas tratados por la Administración Pública se vinculan con el cumplimiento de Derechos Humanos Fundamentales, tal es el caso de la igualdad, la no discriminación, el agua, la familia, la alimentación, el ambiente, la educación y, por supuesto, la seguridad, esa que se ha ido muy lejos y que ahora es ajusticiada por los Estados Unidos, país autoproclamado como el salvador del mundo y garante de lo que los países que, se precian de ser libres, y soberanos, no pueden, por estar impregnados de una alta dosis de corrupción en todas sus estructuras. En el caso de México, los tres poderes estatales divididos por el Artículo 49 constitucional con la finalidad de consolidar el equilibrio entre ellos y lograr un mejor ejercicio, no siempre cumplen con sus facultades con apego a los lineamientos del Derecho y la Justicia, por lo que los gringos salvadores de planeta (con lo que no coincido en absoluto), tienen que enseñarnos cómo juzgar y castigar a los culpables de moda, dependiendo de la agenda política que se presente en México, en este caso, con miras al 2024. Respecto a la pregunta que me formulé en el título de esta entrega, considero que si ya Estados Unidos agarró orilla, también debe enjuiciar a Felipe Calderón por similares delitos cometidos por su alma gemela García Luna, ya que, en estricto sentido, y de conformidad con el numeral 80 de la Constitución Política Federal, el Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consagrando de esta manera el carácter unipersonal de dicho poder. Como parte de su envestidura, el Ejecutivo cumple con un doble carácter: como Jefe de Estado representando a la Nación y, como Jefe de Gobierno siendo el titular de la Administración Pública Federal; aquí ejerce distintos poderes como el de mando, el de jerarquía y el nombramiento, a partir del cual, designa libremente a los integrantes de su gabinete, para lo cual, se supone, conoce y sabe de trayectorias, currículums y prestigios profesionales, ya en el ejercicio de sus funciones, es muy difícil que el Ejecutivo ignore el actuar de su equipo, sobre todo, el más cercano y sobre temas tan estratégicos como es el de la seguridad pública. Este sentido, los gobiernos panistas debieron saber sobre los millones de dólares que García Luna obtuvo por sobornos y que, a la postre, el Gobierno de México estará reclamando a los gringos por un monto de 745.9 millones de dólares, extraídos por una red de corrupción en la que se encuentran vinculados más integrantes del gabinete calderonista. Ojalá.
