■ El ofrecimiento es gravísimo y sin sustento técnico: Rodolfo García Zamora
■ Godezac opina que Reserva de la Biosfera afectará industria extractiva; académico discrepa
El proyecto de creación de Área Natural Protegida (APN) para la Región del Desierto Semiárido de Zacatecas, “el de mayor riqueza biológica en el mundo”, así expuesto desde la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la entidad, y considerado como de interés del gobierno de la República, de tal manera que incluso se había adelantado que su declaratoria sería anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto en el contexto de la COP13 (autoridad suprema del Convenio sobre Diversidad Biológica que se reunirá en el país a fin de año y del que el Estado mexicano forma parte), fue objetado esta semana por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Sobre el giro que ha dado el tema del proyecto que se construye desde hace más de cuatro años y buscaba proteger la biodiversidad y equilibrio ecológico a través de la figura legal de Reserva de la Biósfera para más de 2 millones 277 mil hectáreas ubicadas en los municipios de General Francisco R. Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, el docente e investigador en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, Rodolfo García Zamora, comentó que le parece “gravísima” la propuesta sin sustento técnico que ha hecho el mandatario, misma “que parece obedece a los enormes compromisos políticos que tiene con las empresas mineras y Grupo Modelo (…) que uno sospecha, –así- como funciona el partido oficial, que fueron los principales financiadores en su campaña electoral”.
Para Alejandro Tello Cristerna la constitución de una ANP para la zona del Desierto Semiárido de Zacatecas sí afecta a la minería, por lo que expuso que “no la comparte”, dijo que la actividad extractiva representa 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, “y yo no puedo cerrarle la puerta a las empresas que ya tienen el beneficio de los denuncios y que tienen proyectos importantes de desarrollo” (Raquel Ollanquindia, La Jornada Zacatecas, 21 de octubre de 2016).
De esta manera el gobernador le propone a la Semarnat hacer una “permuta” de territorios a proteger, para que 200 mil hectáreas de los que fueron considerados dentro del Desierto Semiárido de Zacatecas, ahora se refieran a la zona serrana de los municipios de Monte Escobedo y Valparaíso.
Rodolfo García Zamora tradujo la postura de Tello Cristerna a la conclusión: “Dado que las empresas mineras no pueden cumplir con los compromisos ambientales, no hay que exigirles que cumplan con los compromisos ambientales, y que la reserva se vaya a otro lado. Y que entonces las empresas mineras sigan trabajando como se deduce, sin cumplir con la normatividad ambiental”.
El académico manifestó su preocupación acerca de la “irresponsabilidad e ignorancia” del gobernador expuesta en “el ofrecimiento que está haciendo a las empresas mineras”, de entregarles el semidesierto zacatecano a contraprestación de “un impuesto ecológico que es muy contradictorio, muy ambiguo”.
Justo el pasado 17 de octubre el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jorge Miranda Castro, anunció que se propondrá a la 62 Legislatura del estado la creación de un nuevo impuesto que se aplique a compañías altamente contaminantes, entre las que se encuentran las mineras, pero también otras que consumen también grandes volúmenes de agua, tal el caso de Grupo Modelo.
“Me preocupa porque esta propuesta parece que lo que quieren pedir es un pequeño aporte a las grandes corporaciones mineras (apenas poco menos de 500 millones de pesos), supuestamente dijo, “para paliar el impacto de la enorme corrupción de Miguel Alonso Reyes (ex gobernador)”.
Tal cantidad frente a los 2 mil 23 millones “que se supone estaba negociando” Tello Cristerna con el secretario de Hacienda, y que se ha dicho son necesarios para cerrar este 2016, requeridos en el contexto de una entidad endeudada en 12 mil millones de pesos (considerando los débitos a largo y corto plazos, y adeudos a proveedores), “resultan prácticamente migajas”.
Dijo que Alejandro Tello y su equipo no se dan cuenta de la experiencia de la minería los últimos 60 años en América Latina, y la de los últimos 20 años con respecto al espejismo de los comodities, de tal manera que quieren para Zacatecas que se mantenga un “extractivismo primitivo”, donde las empresas “se llevan todo y no dejan nada”, en una ecuación que planteó en que por cada mil dólares, las empresas mineras extranjeras y nacionales dejan a la entidad apenas el 0.01 por ciento.
Ambas propuestas, la reconsideración de la zona a proteger en el semidesierto zacatecano y el monto del impuesto “ecológico”, observó, expresan también “el desconocimiento del enorme daño ambiental que está generando la minería en el estado.
Dijo que tampoco es precisa la aseveración del mandatario respecto de que la actividad extractiva en la entidad representa 40 por ciento del PIB, “demuestra ignorancia, pues no aportan más que 28 por ciento”, que además refirió, no implica “ningún impacto multiplicador en la economía de Zacatecas”, pues la mayoría de los empleos son para trabajadores traídos a la entidad bajo la modalidad del outsourcing, la subcontratación.
Demuestra también falta de conocimiento de la historia económica de Zacatecas, el que no se atienda al hecho de que “tiene 470 años sufriendo los impactos negativos de la minería y sigue siendo caracterizado como un estado pobre y marginado”.
El escenario que se exhibe con la postura de Alejandro Tello respecto de la ANP, enfrenta a los zacatecanos con una “pesadilla terrible”, dijo, pues el nuevo gobierno cuyo titular fue parte del gabinete de la administración anterior que dejó en quiebra las finanzas públicas, además mantiene en el equipo actual a funcionarios que caracterizaron su corrupción e ineptitud, y mantiene asimismo en las secretarías a operadores políticos y no personal capacitado para asumir los problemas ocasionados por el atraso económico, la marginación, la pobreza y el daño ambiental.
Ante el enorme riesgo de entregar la tercera parte del estado a las corporaciones mineras y la enorme ignorancia que manifiesta en términos de desarrollo económico (…) creo que el Congreso del estado por vez primera debe actuar responsablemente”.
Dijo que deben hacerse diagnósticos respecto de los aportes económicos de la megaminería al desarrollo local y regional, sus efectos en el agotamiento de mantos freáticos, en la contaminación de suelos, y en el desplazamiento de comunidades, así como la descomposición social que ocasiona su presencia e intervención en las mismas.
Propuso que el Instituto de Ecología de la UNAM intervenga como lo hizo en Sonora con el tema del derrame de jales ocasionado por Grupo México, “para que vengan y apoyen para hacer un verdadero cálculo técnico con todo rigor científico, del impacto de la gran minería en Zacatecas en tierra, agua y medio ambiente”, que derive en una estimación del costo que implicará enfrentar el ecocidio que dejarán las empresas cuando dejen de funcionar, sin el cual no deben tomarse decisiones al respeto del proyecto de declaratoria de la ANP y el denominado impuesto “ecológico”.
