En estas mismas páginas hemos sostenido que, frente a la crisis que enfrenta la democracia en el mundo, hay una oportunidad poco explorada y vista: la de una seria política de apertura institucional, como mecanismo para recuperar confianza, mejorar la comunicación, diálogo e interacción entre las organizaciones gubernamentales y la sociedad, así como poner a prueba la convicción social y democrática de los liderazgos populistas que han puesto en entredicho las instituciones de la democracia liberal.
La reciente presentación de la Métrica de Gobierno Abierto 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con el Colegio de México, nos sirve de pretexto para retornar a este punto. Citemos el informe ejecutivo de dicho estudio, para cimentar nuestro argumento: “La apertura gubernamental permite que la ciudadanía ejerza su derecho a conocer, accediendo a datos e información sobre las actividades de las entidades gubernamentales, los resultados de los programas y sobre la disponibilidad y calidad de los servicios públicos. También invita a una participación más activa de todos los sectores de la sociedad, tanto organizados como no organizados, en la resolución de los problemas comunes y en la mejora de los servicios provistos por el Estado. Esta interacción fomenta decisiones públicas más transparentes y responsables que contribuyen a políticas y programas más efectivos y a instituciones menos susceptibles a la corrupción, a la vez que fomenta la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno.”
Como bien se dice, el que nada debe, nada teme. Los gobiernos pueden implementar diferentes dinámicas que permitan a las personas apropiarse de lo público desde la toma de decisiones, a partir de información veraz, confiable y de una nueva concepción de la comunicación social que implique un ejercicio pedagógico de las acciones, políticas, propuestas y estrategias que implementa el gobierno en todos los ámbitos, incluidos los que más requieren de la participación e involucramiento ciudadano: seguridad pública, prevención de delitos, política social, salud, educación, medio ambiente, entre otros, todos desde una perspectiva de transparencia, incidencia y participación social, lo que a su vez, sin duda, impactaría en los mecanismos de rendición de cuentas.
El Gobierno Abierto puede ser una adecuada respuesta, tanto para quienes pretenden relanzar el modelo democrático constitucional de la política, desde una dimensión deliberativa, hasta para quienes, desde la noción plebiscitaria conciben al poder, y sus instituciones, como una instancia donde lo que denominan “pueblo” debe mandar y dirigir.
Lamentablemente, y así lo refleja el instrumento de medición, no se ha logrado valorar la importancia del gobierno abierto como opción, por el contrario. Según sus propios datos lo que tenemos en este aspecto es un estancamiento y deterioro en todos los niveles institucionales del Estado mexicano, lo que implica que ni tirios ni troyanos han demostrado un elemento indispensable para hacer realidad cualquier política de apertura gubernamental: voluntad política.
Es pertinente un relanzamiento del concepto desde una perspectiva que no solo involucre a los órganos garantes de transparencia de todo el país, sino que incluya a los sistemas anticorrupción, cuyo diseño mucho le debe a la lógica del gobierno abierto, e inclusive considerar a los institutos electorales y de participación ciudadana (INE y OPLEs), ya que la mecánica del gobierno abierto implica una reformulación, un relanzamiento y una oportunidad misma para la democracia electoral, pero no solo eso, también para la sustancia del sistema político en el que vivimos.
@CarlosETorres_
