Han sido días de intenso debate respecto de la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la derecha en México emprendió una fuerte campaña en medios de comunicación acusando un intento del Presidente de la República y de Morena por acabar con la independencia de dicho poder al pretender eliminar alrededor de quince mil millones de pesos que éste manejaba a través de trece fideicomisos, su principal argumento es el de buscar apretarlo al reducirle recurso, según su postura se afectaría la impartición de justicia y las prestaciones de los trabajadores, sin embargo, no han sido capaces de evidenciar cómo se les afectarían.
Escuché con atención la entrevista realizada por un reconocido comunicador de Zacatecas en una estación de radio a uno de los líderes del movimiento de trabajadores del Poder Judicial de la federación en el Estado, su postura fue centrada en la afectación a sus prestaciones, sin embargo, incapaz de señalar cómo se les afectaría, reconoció ignorar las prestaciones que les afectarían, dijo tener alrededor de treinta años de servicio en dicho poder pero desconocer qué prestaciones se les pagan a través de dichos fideicomisos, lo que evidencia una campaña de mentiras que es creída por algunos de los trabajadores.
Los fideicomisos, centro del debate, no son creados con el recurso que se proporciona cada año a cada poder, sino que una vez concluido el ejercicio fiscal, el sobrante de los más de 9 mil millones anuales que se proporcionan al Poder Judicial, en lugar de ser devueltos a la federación como lo establece la Ley para todo organismo público, se depositan en estos fideicomisos, logrando recaudar más de 60 mil millones en la última década, de los cuales sólo se utiliza el 4%, pero son destinados para el pago de conceptos como millones en cubiertos, reparación y mantenimiento de casas de jueces, magistrados y ministros, jardinería para dichas casas, pago de trabajadores de limpieza, telefonía celular incluyendo a sus familiares, vehículos blindados y pensiones complementarias para jueces, magistrados, ministros y trabajadores de primer nivel, los cuales apenas son un 3% de cincuenta mil trabajadores.
En ese sentido, el 4% de los hasta ahora 60 mil millones, sólo se gasta en apenas unos 2 mil trabajadores de primer nivel, el resto, es decir, el 97% de trabajadores, reciben prestaciones de Ley respecto de su sueldo, no cuentan con conceptos como mantenimiento de sus casas, ni con empleados domésticos, telefonía celular, ni pago de automóviles ni jardinería, mucho menos es destinado a mejorar las condiciones laborales para aligerar las cargas de trabajo ni mucho menos para mejorar y fortalecer la impartición de justicia, pues sus prestaciones de Ley, que ni siquiera se tocan ni se ponen en riesgo, son cubiertas con el gasto corriente del presupuesto destinado año con año al Poder Judicial.
No se trata entonces de un ataque a los trabajadores, ni mucho menos se trata de señalar a ese 97% como flojos o incapaces, pues los señalamientos han sido para aquellos jueces, magistrados y ministros que utilizan su encargo para servir a criminales, corruptos y empresarios que buscan no pagar impuestos, la base trabajadora se ha respetado y no ha habido ningún señalamiento en contra de ellos.
La campaña de mentiras y comunicados emitidos por dicho poder, han sido con el objetivo de tergiversar la información respecto de la eliminación de dichos fideicomisos para frenar dicha eliminación, los excesos, lujos y demás prestaciones fuera de ley, resultan una ofensa para la base de trabajadores que día con día sacrifican tiempo con su familia para cumplir con sus metas, con su carga de trabajo y para prepararse constantemente para fortalecer la impartición de justicia y evitar así los abusos de autoridades, violaciones a derechos humanos y la impunidad en el país, son ese 3% los que alejan la impartición de justicia del pueblo de México, haciéndonos creer que al recibir sueldos por encima del Presidente, prestaciones para comprar cubiertos y comidas, y las demás ya señaladas, son necesarias para tener una impartición de justicia que abone a la pacificación del país, es mentira que se atente contra la democracia pues sus encargos no son electos por el pueblo de México, sino que son electos por unos cuantos y muchos de ellos terminan sirviendo a intereses de quienes los eligieron o de quienes financiaron campañas de representantes populares.
No es una afrenta contra todo el Poder Judicial, ni contra la impartición de justicia, mucho menos contra los trabajadores del mismo, sino que se trata de erradicar los excesos, la corrupción en todos los poderes y los beneficios que unos cuantos reciben mientras el pueblo de México vive otra realidad.
